El pasado viernes el Gobierno, reunido en Consejo de Ministros, aprobó un anteproyecto de ley (la esperada «reforma energética«) para acabar con el déficit de tarifa y recaudar 2.734 millones, en el que se recogen impuestos a la nuclear, un canon a la hidráulica, un nuevo gravamen del 6% a la producción de energía para todas las tecnologías y céntimos verdes para el gas, el carbón y el fuel oil.
Las medidas vendrán acompañadas de posteriores iniciativas liberalizadoras, como la reducción del número de consumidores con derecho a tarifa regulada (reduciendo de 10kW a 5kW la potencia máxima contratada para poder acogerse a la TUR), anunció el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.
El nuevo gravamen nuclear tendrá dos partes, que serán un impuesto a la producción de residuos, que procurará ingresos de 269 millones entre 2013, 2014 y 2015, y un impuesto al almacenamiento de residuos que reordenará las distintas fórmulas ya existentes.
En el caso del canon hidráulico, el valor económico de la nueva figura es de 304 millones entre 2013 y 2015, de modo que las nuevas imposiciones para nuclear e hidráulica ascienden a 574 millones.
Además, el Gobierno creará céntimos verdes para el gas natural (804 millones), para la generación eléctrica con carbón (268 millones) y para el fuel oil (38 millones de euros). También se cuenta con los ingresos procedentes por la venta de derechos de emisión de CO2 por 450 millones.
El impuesto a la venta de electricidad del 6%, de carácter estatal, permitirá ingresar 571,7 millones y se aplicará a todas las tecnologías, incluidas las energías renovables.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sánez de Santamaría, calificó la reforma eléctrica de «difícil» y «necesaria», ya que, de no aplicarse, habría dado origen a un aumento de la deuda de los consumidores con el sector de 5.000 millones de euros al año.
El Gobierno ha repetido hasta la saciedad que al redactar la norma se ha puesto el «objetivo de no trasladar al consumidor el tarifazo eléctrico», lo que, de haberse hecho, «habría supuesto una subida del recibo del 43% de media». Lo que no dijo es que igualmente se van a ir trasladando esos costes al consumidor, ya que los nuevos impuestos son sobre la facturación de las empresas, que directamente podrán repercutir en la factura eléctrica de los consumidores.
«La reforma del sistema eléctrico es una de las reformas más necesarias, ya que el agujero de deuda de anteriores ejecutivos asciende a 24.000 millones de euros, y si no se frenaba cada año podría incrementarse en más de 5.000 millones», añadió Sáenz de Santamaría.
Conviene recordar que, a pesar del enorme aumento del déficit debido a la nefasta política del anterior Ministro de Industria, Miguel Sebastián, del PSOE, buena parte del déficit generado este año corresponde al Gobierno del PP, que ha trasvasado la única partida de los Presupuestos que asume costes de la tarifa (las subvenciones de los sistemas extrapeninsulares) de nuevo a la tarifa. Además, se ha visto obligado a subir la tarifa de acceso en más de un 20% por decisión del Tribunal Supremo por una denuncia de las eléctricas.
Redacción Efimarket