La decisión del Gobierno de descolgar de los Presupuestos Generales del Estado para 2013 la partida de los extracostes de los sistemas extrapeninsulares (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla) correspondientes a este año y, por tanto, de cargarlo sobre la tarifa eléctrica hará imposible que el Gobierno pueda cumplir el objetivo que se ha propuesto de lograr déficit tarifario cero en 2013.
Los citados extracostes ascienden a 1.900 millones de euros lo que, sumadas otras desviaciones y restados los 1.500 millones de euros del déficit legal permitido (y titulizable) de este año, arroja una cifra de 1.200 millones pendientes para el año que viene. Este es el cálculo mínimo de déficit tarifario para el año que viene, según los cálculos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), pero la cifra definitiva no se conocerá hasta que el regulador energético realice las 12 liquidaciones anuales preceptivas.
Por el momento, el nuevo año terminará con esa deuda y, aunque el Gobierno piensa compensarla con la recaudación del nuevo impuesto a la generación eléctrica (un 6%) y el consumo de gas natural que establece el proyecto de ley de medidas fiscales al sector energético que acaba de enviar al Parlamento para su tramitación, la cuestión no está clara.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha reiterado que dicha recaudación será de 2.900 millones, sin embargo, esa cifra se ha calculado sobre la producción de 2011, según los datos que figuran en la memoria económica del proyecto de ley, y que a lo largo de este año la demanda se ha vuelto a hundir por lo que los ingresos serían menores.
Además, no está claro que las citadas medidas fiscales puedan entrar en vigor el 1 de enero, tal como pretende el Gobierno.
Según fuentes del sector, el Ministerio de Industria se estaría guardando un as en la manga, ya que pretende aprobar antes de fin de año un nuevo real decreto ley para eliminar la tarifa de último recurso (TUR) o, como declaró recientemente Soria para reducir el número de beneficiarios de esta tarifa: actualmente tienen derecho a acogerse a la misma los consumidores que tienen 10 kW de potencia contratada y, según la intención avanzada por el ministro se reduciría a los que tienen tan solo 5 kW de potencia.
En dicha norma con rango de ley se prorrogaría el actual sistema de retribución de la distribución, que caduca el 31 de diciembre y sobre el que no se ha llegado a un acuerdo, pese a las negociaciones que vienen manteniendo las empresas distribuidoras con Industria.
Otra opción para evitar el déficit es que los más de 1.200 millones se trasladen directamente a la tarifa. En cualquier caso, sea por esta vía o por la de los tributos siempre lo pagarán los ciudadanos. Por el momento, según las siete liquidaciones realizadas por la CNE, el déficit de tarifa acumulado es de 3.890 millones de euros, en los que se incluyen los 1.500 millones de euros permitidos por ley. Sin embargo, esta cifra no es fiable, pues hay gastos que se liquidan en 12 meses y falta por ver el efecto negativo que sobre los ingresos del sistema tendrá la mayor caída de la demanda (al elaborarse la orden de peajes para este año la CNE advirtió que estaba sobreestimada).
También falta por computarse las refacturaciones de los consumos entre octubre del año pasado y abril de este año a las que obligó un fallo del Tribunal Supremo, tras la denuncia presentada por las eléctricas. Estas empezaron a cobrar las diferencias el mes pasado y terminará de hacerlo a finales del mes de diciembre.
Las cuentas públicas sueltan el lastre eléctrico
Desde 2010, las leyes de Presupuestos anuales han eliminado las partidas de las subvenciones de los sistemas extrapeninsulares a la que les obligaba otra ley de 2009. Este año no ha podido ser menos, y en una disposición de las cuentas públicas se establece lo siguiente, «así, como en el ejercicio anterior, durante 2013 queda en suspenso la aplicación del mecanismo de compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto-Ley 6/2009 por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, conforme al cual se determinan las compensaciones por los extracostes de generación de los citados sistemas».
Según el citado real decreto-ley, a partir de 2013 los Presupuestos debían sufragar el 100% de dichos extracostes.
¿Desaparecerá la TUR?
Una de las nuevas medidas que Industria tiene encima de la mesa es la posible desaparición de la tarifa de último recurso (TUR), lo que obligaría a los domésticos a comprar la electricidad en el mercado libre. O eso o reducir a la mitad la potencia que da derecho a la TUR.
Fuente: Cinco Días