El nuevo «esquema fiscal energético», como lo llamó Mariano Rajoy, gravará con 1.180 millones más el sector de las renovables, y con 1.350 millones a las grandes eléctricas. En el primer caso, equivale a un tercio de las primas que reciben, pero todas se sienten las más perjudicadas frente a las otras.
Los peores presagios parecen cumplirse, tanto para las cinco grandes eléctricas integradas en Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y Eon España), como para los productores del llamado régimen especial, entre los que figuran algunas empresas relevantes, como Acciona, EDP, ACS, Abengoa o Solaria, y los cientos de pequeños inversores propietarios de las más de 50.000 instalaciones fotovoltaicas, en unos casos, particulares y, en otros, fondos de inversión.
El esquema de la nueva fiscalidad que gravará la venta de energía, cuyo proyecto de ley fue analizado por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que fue aprobado en el Consejo de Ministros anterior, ha hecho saltar las alarmas entre los sectores eléctricos afectados, que son todos, aunque en distinta proporción. También la Bolsa reaccionó en consecuencia con fuertes caídas de las utilities y las de energías verdes.
El debate del viernes se centró en averiguar, a la luz de los datos filtrados, qué tecnologías serían las más perjudicadas por la nueva tributación que gravará con un 4% las ventas del régimen ordinario (carbón, gas, nuclear e hidráulica); un 11%, la eólica; un 19%, la fotovoltaica; otro 13%, la termosolar, y entre un 3% y un 4,5% la biomasa, la cogeneración y la termosolar. A ello se añade una tasa de 10 euros MWh a la energía nuclear y un canon (por ser dominio público) a la hidráulica, de otros 15 euros MWh. ¿Por qué esas diferencias?
El propio ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró el jueves que la progresividad del impuesto está relacionada con el nivel de subsidio de cada tecnología. O, lo que es lo mismo, con las primas que reciben. De hecho, fuentes empresariales consideran que se trata de un recorte de primas por la puerta de atrás, decidida por el Gobierno para evitar los tribunales.
La Asociación Empresarial Eólica (AEE), que lanzó ayer un mensaje apocalíptico («es el fin del sector», dijo en una nota de prensa) calcula que el gravamen (en su caso, Hacienda recaudará 400 millones) se comerá un 27% de las primas. Y lo peor es que «compromete la viabilidad de muchos proyectos, que han visto incrementar sus costes financieros en inversiones que no están amortizadas». Igual de negro lo pintó el sector fotovoltaico. La asociación Unef calcula que las nuevas medidas suponen una reducción del 30% de la retribución hasta 2013 (otros 550 millones anuales). La recaudación prevista para el resto de renovables es de 230 millones.
También las eléctricas de Unesa se consideraron las más perjudicadas, teniendo en cuenta que en marzo ya sufrieron un recorte a la retribución de la distribución y de los pagos por capacidad y porque son las que financian el déficit de tarifa (origen y fin de las medidas).
Las eléctricas, con rating en revisión o al borde del bono basura, arremetieron especialmente contra la tasa a la nuclear y el agua. En una nota de prensa, su patronal aseguraba ayer que ha solicitado al Gobierno que se lleve a cabo la reforma estructural del sector eléctrico, «reduciendo los costes del mismo en lugar de aumentar los impuestos».
Impresionante artículo de José María González Vélez, Presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), en el que resume y rebate de forma totalmente demoledora, justa y cabal, todas las mentiras y acusaciones del oligopolio eléctrico hacia el sector de las energías renovables.
La Asociación Española de la Industria Solar Termoeléctrica (Protermosolar) sigue en pie de guerra y se defiende de las acusaciones que desde las grandes compañías eléctricas intentan difamar y poner en contra a la opinión pública.
Las hostilidades entre el Ministerio de Industria y las eléctricas integradas en Unesa quedaron públicamente de manifiesto el viernes pasado cuando el secretario de Estado de Energía, Fernando Marti, respondió en tono desabrido a su presidente, Eduardo Montes, que la patronal eléctrica no es quién «para dictar la política energética del Gobierno». Montes había exigido una subida de la factura de la luz del 15% en cumplimiento de las medidas cautelares del Supremo que imponen una refacturación del consumo desde el 1 de octubre por casi 2.900 millones de euros.
El presidente de la asociación Unesa, Eduardo Montes, reiteró ayer que la solución del déficit de tarifa no es un asunto de las cinco grandes eléctricas que la integran y que lo único que pueden aportar estas es «la necesidad de cobrar» dicho déficit. En una rueda de prensa para presentar un libro sobre la situación económica-financiera de la actividad eléctrica en España, Montes ha planteado además que, si se mantiene la estructura actual del sistema, los peajes de acceso, que suponen alrededor de la mitad de la factura, debería experimentar un par de subidas, por ejemplo del 10%. Montes le quitó hierro a este porcentaje, pues los peajes son la parte regulada de la tarifa y supone la mitad de la factura eléctrica, por lo que la subida final dependerá del precio de la energía (la otra mitad) que se decide en la subasta Cesur. La próxima revisión será en abril.
Unesa afirma que ninguna de las centrales nucleares está amortizada, ante el comentario, por parte del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, de mantener las centrales nucleares en funcionamiento porque algunas ya están amortizadas.
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La compañías eléctricas están en guardia ante la posible propuesta del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy que consistiría en la reducción de los ingresos a recibir por estas en base al déficit tarifario acumulado, es decir, por el desfase que existe entre el precio de producir la energía y lo que realmente se paga por ella. Dicho desfase asciende a la friolera de 20.000 millones de euros, de los que más de la mitad seguirían estando pendientes de cobrar por las compañías generadoras.