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El Gobierno aprobará una subida del recibo de la luz del 3% a partir del 1 de enero, pero serán muchos los clientes que notarán que la factura crece mucho más. El nuevo modelo de factura que ha diseñado Industria para penalizar el consumo excesivo incrementará el recibo entre un 3% y un 7% adicional. El resultado, el alza sería el doble o el triple de lo anunciado.

El año nuevo arrancará con subida de la luz. El Gobierno aprobará esta semana una subida del recibo que rondará el 3% para casi todas las familias y pymes españolas. Sin embargo, 2013 también trae un nuevo sistema para calcular el recibo con el que el Ministerio de Industria trata de castigar a los clientes que consuman demasiada electricidad, y ése nuevo modelo se traducirá en una subida adicional de la factura para muchos españoles.

El precio de la electricidad está compuesto por dos partes que tienen un peso más o menos del 50%: los peajes eléctricos -que fija directamente el Ministerio de Industria- y el precio de la energía mayorista, que es el componente variable que se determina a través de una subasta trimestral. La puja, en la que participan las grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC y E.ON), determina el precio de la Tarifa de Último Recurso (TUR), a la que se acogen más de 17 millones de clientes, la inmensa mayoría del total.

La semana pasada se celebró esa subasta y se saldó con un alza del 6%. Como la puja determina la mitad del recibo, su resultado presiona al Ejecutivo para decretar una subida de en torno al 3%. En esta ocasión, la subasta es el único factor determinante para establecer el precio de la luz para el primer trimestre del año, ya que el Ministerio de Industria se ha comprometido a congelar la mitad del recibo que depende directamente de la decisión gubernamental y que recoge los gastos regulados del sistema eléctrico.

Sin embargo, la promesa del Gobierno de no subir su parte de la factura durante todo el año viene acompañada de un nuevo sistema de peajes progresivos que se traducirá en la práctica en una subida de los mismos para miles y miles de clientes. Y es que el Ejecutivo aplicará un recargo a los clientes con un consumo excesivo de luz– Los planes del Gobierno en este sentido pasan por aplicar peajes cada vez más elevados a los hogares que consuman un 10% más de la media. El sistema fija consumos medios por escalones en función de la potencia contratada por el cliente (de los 3 a los 10 kilowatios). La penalización implicaría un aumento del peaje del 2% si el cliente consume un 10% más de la media y el castigo se dispara hasta aplicar peajes un 16% más caros si consume un 110% por encima de la media.

La denuncia de los consumidores

Según los cálculos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el recibo de la luz subirá de media el próximo 1 de enero realmente el doble de lo anunciado, un 6%: el 3% del alza fijado en la subasta más otro 3% correspondiente, de media, a los nuevos peajes progresivos que impondrá Industria.

Pero la subida encubierta que denuncia la OCU se dispararía hasta incrementos del 7% para los casos más extremos, con lo que el incremento final del recibo sería del 10%. Por su parte, la asociación de consumidores Facua ya ha denunciado que el nuevo modelo de tarifas que impulsa el ministerio que dirige José Manuel Soria se trata de una subida disfrazada como un intento de inculcar el consumo energético responsable y también calcula que el alza será «el doble o el triple» de lo anunciado.

Fuentes del sector eléctrico avisan de que el nuevo sistema de peajes progresivos provocará un aluvión de quejas y reclamaciones por parte de los clientes, que verán cómo se complica aún más un recibo ya para muchos ininteligible y que, en la práctica, cada mes se les puede estar aplicando una tarifa distinta en función del consumo solo basándose en estimaciones de lectura de los contadores y no en el consumo real de electricidad. Las compañías eléctricas ven más que complicado actualizar a tiempo sus sistemas informáticos para calcular los nuevos peajes.

Fuente: Expansión

El nuevo peaje progresivo incluido en la Tarifa de Último Recurso (TUR) de electricidad que aplicará a partir de enero el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para los consumidores domésticos tendrá cinco tramos de consumo y unas diferencias de precios entre el primero y el último del 700%. La nueva tarifa progresiva aparece recogida en el borrador de orden ministerial de peajes eléctricos y entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2013.

El peaje progresivo se aplicará a partir de los 3 kilovatios (kW) de potencia, de modo que dejará fuera a los hogares acogidos al bono social, así como a muchas segundas viviendas con consumos generalmente bajos. A partir de este umbral y hasta los 10 kW, habrá siete perfiles de consumidor, cada uno de ellos con cinco tramos en función del consumo.

El primero va de 3 a 4 kW, el segundo de 4 a 5 kW, y así sucesivamente, hasta los 10 kW. En el caso de entre 3 y 4 kW, el consumidor pagará un recargo de 0,00138 euros por kilovatio hora (kWh) cuando consuma entre 190 y 224 kWh, así como 0,00276 euros para el tramo entre 225 y 259 kWh, 0,00483 euros para el comprendido entre 260 y 293 kWh, 0,00759 euros para el comprendido entre 294 y 328 kWh y 0,01104 para consumos entre 329 y 363 kWh.ç

El precio del recargo por kilovatio hora es el mismo en los siguientes perfiles de consumo, si bien las horquillas son superiores. Como ejemplo, el consumidor medio español, que tiene entre 4 y 5 kW contratados, entrará en el modelo de tramos tras consumir 247 kWh, y superará el primer escalón a los 292 kWh, el segundo a los 337 kWh, el tercero a los 382 kWh y el cuarto a los 427 kWh. En la memoria que acompaña a la orden ministerial se indica que el objetivo de los nuevos peajes progresivos es «establecer medidas que incentiven el consumo responsable de energía a través de la introducción de una progresividad en los precios de los peajes de acceso».

Así, según la nueva escala de progresividad, los consumidores con potencias de hasta 7 kilovatios (kW) pueden pasar de pagar un recargo de 0,00138 euros por kilovatio hora (kWh) en caso de los menores consumos a un 700% más, esto es, recargos de 0,01104 euros por KWh, en el tramo de mayor consumo.

El coste económico será mayor para los usuarios con consumos superiores a la media, si bien el impacto para los hogares «no se prevé elevado», al tiempo que la medida «contribuirá a impulsar un consumo de energía eléctrica más responsable», señala Industria.

En todo caso, la orden ministerial congela los peajes eléctricos, como había anunciado el ministro José Manuel Soria, de forma que la revisión de la tarifa en enero dependerá únicamente del resultado de la subasta eléctrica del próximo 21 de diciembre. La previsible subida en esta puja tendrá un peso cercano al 50% sobre la tarifa final. Industria señala en la memoria económica que la subida «nula» de peajes no provocará «alteraciones sobre el IPC» ni «por tanto sobre la competitividad de la economía española».

Respiro para los ayuntamientos

La orden ministerial, además, vuelve a dar un año de plazo a los consumidores con potencias superiores a 10 kilovatios (kW) para la firma de un contrato de suministro en el mercado libre. Estos consumidores, generalmente administraciones públicas y empresas, disponían de plazo hasta el 31 de diciembre de este año para pasar al mercado libre si no querían exponerse a recargos cercanos al 20% en su recibo. Esta exigencia se había convertido en un problema para algunas administraciones públicas, especialmente ayuntamientos, que se encuentran acuciados por la falta de recursos económicos y que tienen mucha dificultad para encontrar un suministrador eléctrico a precio competitivo.

Por otro lado, Industria ha recogido en sus previsiones de costes del sistema eléctrico las sentencias del Tribunal Supremo en las que se exime a las eléctricas de financiar el mecanismo del bono social. De esta forma, serán los consumidores eléctricos, mediente la tarifa, los que costeen esta medida apoyo a colectivos vulnerables. En concreto, Industria ha recogido un coste de 161 millones de euros imputable a la tarifa de 2012 relacionada con el bono social, así como de 187 millones de euros para el ejercicio 2013.

Vía El Economista