Desde Efimarket siempre hemos hecho hincapié en que debemos ser eficientes energéticamente hablando e intentar poner freno al calentamiento global. Y es que cada vez los augurios que nos llegan desde entidades acreditadas en la materia son peores. Hoy, por ejemplo, hemos conocido por medio de la OCDE que la tendencia actual hará que la temperatura aumente entre tres y seis grados centígrados al final del siglo sobre los niveles preindustriales, un escenario de cambio climático de graves consecuencias, también económicas, que todavía se pueden evitar con un costo de acción limitado.
Este es el principal mensaje de un informe sobre el cambio climático divulgado hoy, en vísperas de la conferencia de Durban que comienza la semana próxima, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que pidió a los gobiernos que se impliquen para lograr un acuerdo internacional.
«Los costos económicos y las consecuencias medioambientales de la inacción política del cambio climático son significativas», advirtió el secretario general de ese organismo, Ángel Gurría, con ocasión de la presentación del estudio, que cifra también el cambio de las políticas actuales para mitigar el calentamiento de la tierra a dos grados centígrados, lo que se considera una hipótesis de efectos asumibles.
Los datos de aumento posible de la temperatura toman como referencia los que había antes del comienzo de la era industrial.
En concreto, las medidas para modificar sobre todo el panorama energético que se augura para 2050 y reducir las emisiones de efecto invernadero en un 70 % sería del 5,5 % del Producto Interior Bruto (PIB).
Una cifra que los autores del informe relativizaron en conferencia de prensa, al subrayar que significaría que el crecimiento de la economía mundial en los cuatro próximos decenios sería del 3,3 % anual en lugar del 3,5 %, un recorte de dos décimas.
Pero sobre todo pusieron el acento en que no alterar las políticas actuales entrañaría desarreglos medioambientales que afectarían mucho más a la economía. El informe Stern de 2006 había anticipado pérdidas permanentes del consumo por habitante superiores al 14 %.
La OCDE advirtió de que sin nuevas políticas de contención de las emisiones de efecto invernadero, las energías fósiles seguirán manteniendo su peso relativo actual, un 85 % del total.
Eso conduciría a un volumen de concentración en la atmósfera de 685 partes de dióxido de carbono (CO2) o equivalentes por millón, muy lejos de las 450 que los científicos consideran que permitirían limitar el calentamiento climático global a dos grados centígrados.
El conocido como el «Club de los países desarrollados» afirmó que «todavía es posible» cambiar esas oscuras perspectivas, pero también que «la ventana de oportunidad se está cerrando rápidamente».
A ese respecto, señaló que aplazar la toma de medidas a 2020 sin ir más allá de lo convenido en las conferencias internacionales de Copenhague y Cancún, o esperar a la llegada de tecnologías más eficientes «sería más costoso» porque «incrementaría el ritmo y la escala de los esfuerzos necesarios» a partir de entonces, con un mayor riego medioambiental.
Para la OCDE, un punto relevante es establecer «un precio significativo» de las emisiones de CO2 para inducir al cambio tecnológico, pero también la fijación de objetivos de disminución de emisiones «claros, creíbles y más restrictivos» con los que se tienen que comprometer «todos los grandes emisores, sectores y países».
Una alusión a los países emergentes, de los que se espera que venga el grueso del aumento de los gases de efecto invernadero en los próximos decenios.
Por ahora, en cualquier caso, la media de emisiones de CO2 por habitante era de 10,6 toneladas al año de media en la OCDE en 2008, con grandes diferencias en su interior: de las más de 20 toneladas en Luxemburgo o en torno a 18 en Australia y Estados Unidos, a los menos de cinco toneladas en Chile, México y Turquía.
En cuanto a los principales países emergentes, en 2008 China tenía 4,9 toneladas de emisiones de CO2 por habitante y la India 1,2 toneladas.
Otra de las medidas aprobadas a la carrera por el Gobierno de Zapatero en el último Consejo de Ministros de su ya extinto mandato ha sido el aumento del plazo de ayudas a la compra de vehículos eléctricos para evitar un estancamiento de la demanda, según informó Industria. El Ejecutivo justifica la moratoria en que la mayor parte de los fabricantes han retrasado a 2012 el lanzamiento al mercado de sus modelos. Las ayudas van desde los 2.000 a los 30.000 euros.