La empresa titular de la central nuclear de Santa María de Garoña, Nuclenor, está planificando una parada ordenada del reactor para la segunda quincena de diciembre, según confirmaron fuentes de la compañía, que precisan que esta decisión obedece a la aprobación de la futura Ley de Medidas Fiscales de Sostenibilidad Energética.
En todo caso, indican que la planta se encuentra funcionando al 100% pero que planifica una parada ordenada del reactor para trasladar el combustible del núcleo a la piscina de almacenamiento. Para ello, se están estudiando diferentes escenarios pero, según subrayan, todavía no se ha tomado una decisión.
El motivo de esta medida es que la futura Ley de Medidas Fiscales de Sostenibilidad Energética, actualmente en trámite parlamentario en el Senado, prevé gravar la descarga final del núcleo tras el cese de actividad con 2.190 euros por kilogramo de elementos trasladados a la piscina de almacenamiento lo que, según explica Nuclenor, supondría para la compañía un coste de unos 150 millones de euros.
Además, precisan que esta decisión no tiene necesariamente por qué significar el cierre de la planta antes de julio de 2013, fecha hasta la que la compañía tiene autorización para operar, porque se podría tomar la decisión de volver a arrancar la central en enero.
Parada en Almaraz
Por otro lado, la central nuclear de Almaraz, situada en Cáceres, ha paralizado desde el pasado Jueves la recarga de su nuevo combustible, según ha podido saber la Cadena SER. Desde la tarde del pasado 5 de Diciembre, los trabajadores externos (que tenían previsto introducir las nuevas barras de uranio en el reactor número 1 de Almaraz) estaban preparados para realizar esta delicada operación de recarga, pero recibieron la orden de «no hacer nada» hasta nuevo aviso, algo que nunca había ocurrido hasta ahora en el sector nuclear de nuestro país.
La orden definitiva de parar esta recarga de combustible nuclear se espera que se adopte hoy, según ha reconocido el portavoz de esta planta nuclear, propiedad de las empresas eléctricas Iberdrola, ENDESA y GAS NATURAL.
Según los datos a los que ha tenido acceso la SER, Almaraz podría ahorrarse unos 90 millones de euros si, como tiene previsto, aplaza de Diciembre a Enero la operación de recarga del reactor de su Unidad número UNO, porque, sin las viejas barras de combustible, le saldría más barato el nuevo impuesto que pretende aprobar el gobierno por generación de residuos nucleares.
El portavoz de Almaraz, Aniceto González, ha advertido que esta paralización de las operaciones de recarga del combustible no está afectando a la seguridad de la Unidad I.
La recarga de combustible de la Unidad I comenzó el 10 de Noviembre y tendría que finalizar el 23 de Diciembre, pero ahora no se descarta que se prolongue hasta el mes de Enero del 2013. La parada para los trabajos de recarga y mantenimiento ha supuesto la contratación de más de 1.100 trabajadores adicionales procedentes de 70 empresas especializadas.
El desastre de Fukushima no provocó la decisión de Alemania de abandonar la energía nuclear, sólo aceleró un proceso que estaba en marcha desde hacía al menos una década, según varios expertos. Los alemanes han conseguido desligar su crecimiento económico del suministro energético y la dependencia atómica.
Cuando la canciller alemana, Angela Merkel, anunció el cierre de ocho centrales nucleares y la revisión del resto, sólo habían pasado cuatro días del accidente de Fukushima, sucedido el 11 de marzo de 2011. Aún se desconocían las dimensiones del desastre y muchos vieron en el apagón nuclear germano una decisión precipitada, cuando no una “estupidez” de los políticos, como titularía la revista Forbes. Sin embargo, los alemanes son demasiado serios y lo que menos hay en el adiós de Alemania a la energía nuclear es precipitación. Llevaban tres décadas preparándose para un abandono que ya les está dando beneficios económicos y medioambientales.
En una serie especial, el Bulletin of Atomic Scientists (BoAS) ha reunido a una serie de expertos para analizar el desmantelamiento de las centrales nucleares alemanas y su impacto sobre la economía y la vida de los alemanes. Según el plan anunciado por Merkel, aprobado por el parlamento federal alemán en julio de 2011, a las ocho plantas cerradas se le irán añadiendo las otras nueve que siguen operativas de forma paulatina. Para 2022, Alemania ya no tendrá energía nuclear. Otras fuentes, en especial las renovables, tendrán que tomar el relevo. Y esa transición tendrá que hacerse sin poner en peligro la economía del país.
“La decisión alemana de conseguir un futuro sin nucleares fue de todo menos precipitada e irreflexiva”, escribe el editor del BoAS, John Mecklin, en la presentación de los cinco artículos que forman esta edición especial. La decisión de Merkel, una pronuclear en el pasado reciente, bebe en realidad de un poso histórico que nace con las primeras movilizaciones contra la instalación de centrales nucleares en los años 70 y se realimenta con Chernóbil. Fukushima sólo da la puntilla a un cadáver andante. Mucho antes del tsunami que golpeó las centrales japonesas, en Alemania había consenso político y social contra lo nuclear.
Este es el mapa nuclear alemán a agosto de 2011: Un total de 15 centrales desmanteladas, varias de ellas en territorio de la antigua RDA (en verde), otras ocho paralizadas (en amarillo) y las nueve restantes dejarán de funcionar en 2022. / Bundesamt für Strahlenschutz
Ya en 2002, gobernando una coalición de socialdemócratas y verdes, se aprobó una ley que incluía la prohibición de construir nuevas centrales y limitar la producción eléctrica de las existentes. Con el cambio de gobierno, en 2005, los conservadores no cambian la legislación. A lo más que llegó Merkel fue a ampliar la vida útil de los reactores, medida que anuló tras Fukushima. Hoy, el 90% de la población germana es favorable al apagón nuclear.
De hecho, el gobierno de Merkel aprobó la energiewende, un ambicioso plan para pasar toda la economía alemana a una estructura energética baja en emisiones y sin usar la energía nuclear. Como destaca el profesor de la Universidad Libre de Berlín, Lutz Mez, “la energiewende ha desligado el crecimiento económico del suministro energético”. Alemania es de los pocos países industrializados que ha reducido sus emisiones. Sus necesidades de energía primaria han pasado de 14.905 petajulios (unidad para medir energía) en 1990 a 13.374 en 2011. En ese mismo periodo, las emisiones de CO2 han pasado de 1.042 millones de toneladas a 800 millones de toneladas.
El desmantelamiento nuclear no afecta al crecimiento económico
¿Ha perjudicado esta reducción del consumo energético a la economía alemana? En absoluto. El Producto Interior Bruto (PIB) de Alemania fue de 1,8 billones de euros en 1990. En 2011 ya era de 2,44 billones de euros, un aumento del 36%. Y todo eso, con una reducción de la energía de origen nuclear, que ha pasado del 11,2% hace 22 años, al 8,8% del año pasado. De hecho, aunque el consumo de electricidad ha aumentado, las centrales nucleares han reducido a la mitad sus aportaciones hasta el 17,6%. Una cuarta parte de la electricidad del primer semestre de 2012 ya procedía de energías renovables.
Porque esa es otra de las singularidades del apagón nuclear: su vinculación a la lucha contra el cambio climático. Alemania, cuarta potencia económica y sexto emisor de CO2, se ha propuesto para 2020 reducir sus emisiones en un 40% con respecto al nivel de 1990. Y, para 2050, están confiados en bajarlas hasta el 95%.
“A diferencia de otros muchos países, donde hay una gran división sobre si el apoyo a las renovables tiene sentido desde un punto de vista económico, en Alemania hay un relativamente gran acuerdo sobre su papel crítico en el futuro del país”, razona Miranda Schreurs, también de la Universidad Libre de Berlín. Precisamente, una de las razones del consenso político de los alemanes sobre el apagón nuclear es que ha venido generando una industria alternativa muy pujante. El sector eólico, por ejemplo, daba trabajo a 27.000 personas (entre directos e indirectos) en 2000. Cuando Fukushima, trabajaban 370.000 sólo en la eólica.
Bueno para el medio ambiente, bueno para la economía, pero también bueno para el bolsillo de los alemanes. En el último de los trabajos publicados por el BoAS, el investigador del Instituto de Ecología Aplicada y uno de los miembros del Grupo de Expertos del Energy Roadmap 2050 de la Comisión Europea, Felix Matthes, analiza los diferentes escenarios de precios finales de la electricidad en una Alemania sin nucleares. En el escenario más probable, el recibo de la luz podría subir unos cinco euros por megavatio-hora durante algunos años alrededor de 2022, fecha en la que se apagará la última central nuclear alemana. Sin embargo, también existe la posibilidad de que no suba el precio. También estima que el impacto negativo del cierre de todas las centrales en favor de las renovables sobre el PIB podría suponer el 0,3% en los años anteriores a 2030. Muy poco, si se compara con los riesgos de otro Fukushima.
Lo dice ANPIER (la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables), que difundió hace unos días un comunicado en el que asegura que, según sus cálculos, desde que se instaurara la moratoria nuclear, «las grandes compañías eléctricas españolas han recibido más de 4.000 millones de euros por la moratoria, lo que supone, aproximadamente, un 17% del déficit de tarifa acumulado, que asciende a 24.000 millones de euros«.
Cuatro mil millones por no producir ni un kilovatio
Esta Asociación señala en el comunicado que ha hecho público hace unas horas, que «el gobierno debería revisar las ayudas millonarias que cada año reciben estas empresas eléctricas en concepto de la llamada moratoria nuclear» y que «contribuyen a engrosar el déficit de tarifa» (en 2011 fueron concretamente 64 millones de euros; en total, desde que fue puesta en marcha la moratoria, 4.000, según Anpier). Por otra parte, la asociación solicita «que se aproveche la nueva ordenación del sector para diseñar un nuevo modelo energético basado en las energías renovables«. Anpier hace pública esa petición al gobierno «tras el anuncio de que no se solicitará la renovación de la licencia de explotación de la central nuclear de Garoña, perteneciente a las empresas Iberdrola y Endesa». En España, las propietarias de las seis centrales nucleares (ocho reactores, en total) son Endesa, Iberdrola, Gas Natural y HC Energía.
Con respecto a la «necesidad» de las compensaciones que determinó el gobierno para las eléctricas en concepto de moratoria nuclear, Anpier señala en su comunicado que ya Juan Manuel Eguiagaray, ministro de Industria y Energía desde 1993 hasta 1996, afirmó en su momento que «es conocido que, en pleno proceso de transición a la democracia, el sector público hubo de rescatar financieramente a las empresas eléctricas del país, que se habían embarcado en un proceso de inversión faraónico, derivado de una planificación delirante, en absoluta contradicción con las necesidades constadas de la demanda eléctrica en España» (publicado en Cuadernos de Energía, edición número 21, editado por el Club Español de la Energía). Por cierto, que el apunte delator –y revelador– de Eguiagaray lo recogimos meses después en la edición 78ª de Energías Renovables, concretamente en Otro reportaje sobre el debate nuclear.
Por fin, Anpier señala en su comunicado –también con respecto a la moratoria– que la Unión Europea, «muy pendiente de la nueva reforma del sector», ha advertido recientemente que «una competencia insuficiente en el sector energético ha contribuido a la constitución del déficit tarifario al favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares» (dictamen del Consejo sobre el programa de estabilidad de España para 2012-2015, págína 26). Léase asimismo sobre el particular La UE imputa «costes ocultos» y «compensaciones excesivas» a Unesa.
La Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) difundió la semana pasada un duro comunicado en el que denuncia que, «en el último trienio, en un ciclo económico adverso, las tres grandes compañías eléctricas españolas han alcanzado los 21.991 millones de euros en beneficios y otorgan sueldos millonarios a sus directivos». A la par, señala la asociación, «los ciudadanos españoles estamos pagando un 70% más que en 2006 en nuestras facturas».
Anpier, que se está revelando en los últimos meses como una de las asociaciones más beligerantes en la defensa de los derechos del sector de las renovables, ha difundido la semana pasada un durísimo comunicado en el que, por una parte, critica «la doble moral de las grandes eléctricas españolas» y, por otra, lamenta que estas compañías «estén únicamente orientadas a incrementar sus cifras de facturación y den la espalda a la nueva realidad social, económica, medioambiental y energética» de la España de 2012. En este sentido, “estamos presenciando situaciones escandalosas”, apunta Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier, que denuncia que “en el último trienio, las tres grandes compañías eléctricas españolas han alcanzado los 21.991 millones de euros en beneficios, mientras que los ciudadanos españoles estamos pagando un 70% más que en 2006 en nuestras facturas».
El delirio en los noventa
También conviene recordar, ha dicho el presidente de la asociación, que los veinte millones de abonados españoles «contribuyen con un porcentaje fijo de cada una de sus facturas a lo que fue una especie de rescate de estas empresas* en concepto de moratoria nuclear, moratoria decretada en el año 1984, que supuso 63.904.143,03 euros en 2011 y cada año una cantidad similar a cambio de nada”. El ministro de Industria y Energía desde 1993 y hasta 1996, Juan Manuel Eguiagaray, señaló en su momento que “es conocido que en pleno proceso de transición a la democracia el sector público hubo de rescatar financieramente a las empresas eléctricas del país, que se habían embarcado en un proceso de inversión faraónico, derivado de una planificación delirante, en absoluta contradicción con las necesidades constadas de la demanda eléctrica en España”.
«El modelo Unesa hipoteca nuestro futuro y el de nuestros hijos»
Por fin, el comunicado de Anpier alude asimismo a la Unión Europea, que, «muy pendiente da la nueva reforma del sector», ha advertido recientemente –en el informe nº 310, de 30-05-2012– que “una competencia insuficiente en el sector energético ha contribuido a la constitución del déficit tarifario al favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares”. El informe añade además que “la suspensión de las ayudas a las energías renovables desalienta la inversión en el sector”. Según Martínez-Aroca, las grandes compañías eléctricas españolas “se envuelven y promocionan bajo la túnica de la sostenibilidad medioambiental y el respeto a las personas, para luego atacar a las energías renovables y sostener un modelo nocivo y peligroso, hipotecan el medio ambiente, nuestro futuro y el de nuestros hijos, todo para engrosar las cifras de facturación y sus retribuciones personales”.
La España nuclear, con nombre y apellidos
La Asociación Española de la Industria Eléctrica cuenta solo con cinco empresas asociadas, lo que da idea del caracter oligopólico (imperfecto, si se quiere) del sector eléctrico español. Las compañías miembro de Unesa son, concretamente, las siguientes: Endesa (multinacional de origen español hoy en manos de la eléctrica italiana ENEL), Iberdrola (uno de cuyos principales accionistas es Qatar Holding LLC), E.ON España(filial de la multinacional alemana), HC Energía (compañía de origen asturiano hoy propiedad del grupo luso Electricidade de Portugal, EDP), y Gas Natural Fenosa, cuyos dos principales accionistas son CaixaHolding y Repsol. Iberdrola, Endesa, HC y Gas Natural son las propietarias de los ocho reactores nucleares que operan en España (el único miembro de Unesa que no participa en el parque nuclear español es el gigante alemán E.ON). Según la patronal del sector atómico español, Foro Nuclear, así estaría distribuida la propiedad de las centrales nucleares españolas.
Almaraz I y II. Iberdrola es propietaria del 53% de Almaraz I y II, Endesa del 36% y Gas Natural del 11%.
Endesa es la propietaria de Ascó I.
Endesa, con el 85% e Iberdrola, con el 15%, son las dos propietarias de Ascó II.
Cofrentes. Es propiedad de Iberdrola.
Garoña. Nuclenor, participada por 50% Endesa y 50% Iberdrola, es su propietaria.
Trillo. La central es propiedad de Iberdrola (48%), Gas Natural (34,5%), HC Energía (15,5%) y Nuclenor (2%). Nuclenor está participada por Iberdrola 50% y Endesa 50%.
Valdellós II es propiedad de Endesa, con el 72%, e Iberdrola con el 28%.
Japón planea construir plantas de energía solar y eólica que en los próximos cuatro años añadirán más de dos millones de kilovatios a la capacidad de generación del país, lo que equivale a la electricidad producida por dos reactores nucleares.
Según un estudio realizado por el diario económico Nikkei, en Japón hay actualmente en construcción más de 110 plantas solares con una capacidad de al menos 1.000 kilovatios cada una, que contribuirán a generar en total más de 1,3 millones de kilovatios.
Además, está prevista la construcción de unas 20 plantas eólicas con una capacidad total de unos 750.000 kilovatios.
Se espera que las instalaciones solares comiencen a operar para el año 2014, mientras que las eólicas lo harían hacia 2016, con un coste total de construcción cercano a los 600.000 millones de yenes (unos 6.000 millones de euros).
En el año fiscal 2011, Japón produjo cerca de 800.000 kilovatios de energía solar y 2,5 millones de kilovatios de energía eólica, según datos del Ministerio de Economía, Comercio e Industria. En estos datos no se incluyen los paneles colocados en casas particulares.
Detrás de este incremento en proyectos de energía renovable está la ley que entró en vigor a final del mes pasado. Dicha ley establece la obligación de que las grandes compañías eléctricas adquieran energía proveniente de fuentes renovables a precios preestablecidos.
La puesta en marcha de la norma se produce en un momento en que el suministro energético de Japón atraviesa una delicada situación por la parada de sus reactores nucleares a raíz del accidente de Fukushimadesatado por el devastador tsunami del 11 de marzo de 2011.
Fue precisamente aquel día, pocas horas antes del terremoto de 9 grados que desencadenó el desastre, cuando el Gabinete aprobó la ley de energías renovables, que sería ratificada por el Parlamento a finales de agosto.
La crisis nuclear de Fukushima, la más grave desde Chernóbil, llevó a la detención gradual de los 50 reactores comerciales del archipiélago por revisiones o pruebas de seguridad, el último de ellos el pasado 5 de mayo.
El 16 de junio el Gobierno dio la orden de reactivar dos de ellos, por primera vez desde la crisis, para hacer frente al incremento de la demanda previsto en verano.
La empresa titular de la central nuclear de Santa María de Garoña, Nuclenor, está planificando una parada ordenada del reactor para la segunda quincena de diciembre, según confirmaron fuentes de la compañía, que precisan que esta decisión obedece a la aprobación de la futura Ley de Medidas Fiscales de Sostenibilidad Energética.
