En Efimarket seguimos con atención todo lo relacionado con el déficit tarifario y sus consecuencias para ciudadanos y empresas, como pueden ser nuevas y probables subidas del precio de la electricidad. En este caso el Gobierno ha dado un toque de atención a las eléctricas, que ya han mostrado su indignación ante semejante posibilidad.
Las cinco grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y Eon España) tienen preparada su artillería judicial contra una hipotética aplicación por parte del Gobierno de una quita del déficit de tarifa que, a 31 de diciembre, sumaba 24.000 millones, de los que casi la mitad figuran aún en sus balances y sigue creciendo de día en día. Si en la reforma que el Ejecutivo de Mariano Rajoy está diseñando para resolver este agujero opta por una quita, se las tendrá que ver con las eléctricas de Unesa en Bruselas.
Una «expropiación» de este derecho de cobro, según la ha calificado la patronal, supondría la modificación de una norma con rango de ley, concretamente, la Ley Eléctrica, por lo que las afectadas no podrían recurrir a los tribunales nacionales. Pero sí a la Comisión Europea, a la que elevarían una queja contra una medida que consideran una «absoluta ayuda de Estado», de la que se estarían beneficiando sus competidoras del mercado de generación que no asumen su coste.
El reparto de la financiación del déficit de tarifa que el Gobierno socialista incluyó en un real decreto ley en 2005 siempre fue considerado una arbitrariedad, y no solo por las cinco grandes eléctricas a las que les «cayó el muerto». De hecho, siendo el déficit un desajuste de ingresos de las actividades reguladas (esto es, de las redes) su financiación no ha corrido a cargo de las distribuidoras, como debería, sino de las grandes generadoras de los cinco grupos incumbentes que cuentan con filiales de distribución.
Industria optó entonces por una solución poco ortodoxa al entender que las distribuidoras no contaban con recursos suficientes (sus ingresos rondan los 5.000 millones de euros anuales) para financiar el déficit, lo que hubiese provocado su quiebra. El polémico mecanismo era el siguiente: las distribuidoras que entonces recaudaban el dinero de los consumidores (desde julio de 2009 lo hacen las comercializadoras) se quedaban con la retribución que les correspondía y, el resto, lo liquidaba la Comisión Nacional de Energía (CNE) al resto de beneficiarios, siendo las últimos en cobrar las generadoras.
Si la liquidación no resultaba suficiente (lo que viene ocurriendo desde hace más de una década) las grandes eléctricas se convertían en acreedoras de un derecho de crédito con unos intereses no siempre exentos de polémica (en un primer momento se les aplicó el euríbor, un sistema que el propio ministerio consideró injusto, y más tarde el precio del mercado). La deuda se titulizaba posteriormente entre entidades financieras y desde hace un año se emite con el aval del Estado.
Sin embargo, desde 2005, la estructura productiva ha dado un vuelco, con la irrupción en el mercado de nuevas instalaciones de renovables (de grandes grupos como Acciona o Solaria) y muchos ciclos combinados de gas que explotan empresas ajenas a Unesa. Así, en 2010, del total de la potencia instalada (101.000 MW) a estas les correspondía una cuota del 62% (cifra similar en el caso de la producción) y el resto a sus competidoras.
Entre el fantasma de la quita y el de la tasa nuclear
El temor de los responsables de las eléctricas al fantasma de una posible quita de la deuda eléctrica se ha hecho patente en los últimos días. Una prueba de ello es la presión que están ejerciendo sobre la Comisión Nacional de Energía (CNE) para que certifique con urgencia las emisiones del déficit que está realizando a través del fondo de titulización (FADE), un requisito que exige la normativa. Estas presiones y la velocidad a la que están titulizando el déficit (para este año tienen 10.000 millones susceptibles de colocar con el aval público) responden al temor de un recorte de la deuda, algo que, según informes de la CNE solo podría hacerse sobre la deuda no emitida.
Es evidente que al déficit titulizado y ya en manos de terceros (entidades financieras) no se le puede aplicar quita alguna. Y, aunque la duda solo planea sobre la que aún no se ha emitido, hay expertos jurídicos que consideran que «el derecho de cobro reconocido hasta ahora no se puede tocar, esté o no titulizado». Otro tanto ocurre con la deuda titulizada aunque no cuente aún con los certificados correspondientes de la CNE.
En cuanto a la tasa o impuesto a la nuclear o la hidráulica que quiere aplicar el Gobierno, correrían la misma suerte: Bruselas. En el primer caso, las empresas recuerdan que la energía nuclear ya está gravada con una tasa, más concretamente los residuos que genera. Si en lugar de tasa (un gravamen que solo se puede aplicar a quienes reciben el servicio) es optar por un impuesto, las afectadas recuerdan que iría a los Presupuestos (a reducir el déficit público, no de tarifa) y que podría no ser compatible con el IVA y con los gravámenes medioambientales que ya aplican a la actividad eléctrica algunas comunidades autónomas.
Fuente: Cinco Días