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“Los que van a pagarlo al final son los consumidores”, se admite sin ambages desde una compañía eléctrica. Y es que el impuesto general del 6% anunciado el viernes por el Ministerio de Industria para los ingresos de todas las empresas energéticas se acabará trasladando al consumidor final. Los hogares, que según datos de Eurostat han sufrido subidas de la luz cercanas al 70% desde 2006, verán cómo sus recibos se incrementan progresivamente cuando la reforma entre en vigor en el mes de enero. Sin prisa pero sin pausa, Endesa, Iberdrola y Gas Natural llevarán el sobrecoste que ahora el Gobierno les impone a las subastas en las que se fija el precio de la luz.

“En definitiva, quien realmente pagará este impuesto serán los consumidores y no las empresas eléctricas propietarias de las centrales. Es, por consiguiente, un impuesto claramente inflacionista que tendrá como destino pagar a esas mismas empresas”, advertía ya en julio un artículo publicado por Economistas frente a la crisis al analizar un posible impuesto a la facturación del régimen ordinario (véase las instalaciones nucleares, térmicas, hidráulicas y de ciclo combinado). Además las grandes eléctricas están integradas verticalmente, lo que aumenta su margen de maniobra.

Por el contrario, las energías limpias no podrán trasladar la tasa, ya que reciben una tarifa fija regulada por ley. “La diferencia entre las tecnologías convencionales y las renovables es que las primeras pueden repercutir un impuesto a la generación en el pool eléctrico y, por tanto, a medio plazo compensarán ese nuevo costo”, se lamenta desde el anonimato una empresa de energías verdes.

Los otros impuestos

En ese escenario, no es de extrañar que para las grandes eléctricas la principal preocupación hayan sido desde el principio las tasa nuclear y hidráulica, que les supondrán en conjunto 574 millones. “El impuesto genérico lo van a repercutir. Con las otras tasas lo tienen más díficil”, explican fuentes del sector. Con el futuro de Garoña en el alero, Nuclenor -la sociedad que forman al 50% Endesa e Iberdrola para explotar la instalación- dejaba pasar hace apenas días el plazo para solicitar una prórroga que les permitiera seguir operando la central, ante la incertidumbre regulatoria que se cernía sobre el sector. Con el marco legal ya sobre la mesa, las dos grandes deben echar cuentas para ver si hay posible marcha atrás. El Gobierno les espera con ansiedad para buscar una solución al entuerto. Nadie en el Ejecutivo quiere cerrar la central, pero parece que los números obligan.

Por su parte, la patronal que acoge a las grandes compañías (Unesa) evitó pronunciarse el viernes tras conocer la esperada decisión del Ejecutivo. A mediados de julio, sin embargo, reaccionaba con indignación a la propuesta inicial de Industria, que contemplaba un impuesto lineal de sólo el 4% para el régimen ordinario. “Se come todos los beneficios de distribución y generación. Deja nuestro beneficio a cero”, zanjaba la asociación que preside Eduardo Montes. Según los datos que maneja la patronal, el beneficio neto de las eléctricas en España alcanzó en 2011 los 3.063 millones de euros. Los ingresos que dejarán de apuntarse por la tasa del 6% y por los impuestos nuclear e hidráulica rozan los 1.150 millones. Todo un sablazo a su facturación.

“Estas empresas son las responsables de garantizar el suministro eléctrico”, subrayaba entonces Unesa en su particular aviso a navegantes. “Nadie va a invertir en España”, remataba el viernes un ejecutivo con larga experiencia en el sector, recordando cómo el PP, adalid del libre mercado, apuesta decididamente por la intervención en este nuevo mapa eléctrico. “El espectáculo ha sido bochornoso y ha puesto de manifiesto la absoluta falta de entendimento en el equipo económico. Eso sin contar con que la reforma supone el fin del mercado, con tasas discrecionales para que al Gobierno le cuadren las cuentas, y que genera una incertidumbre perpetua respecto al volatilidad de los marcos legales”, zanjaba.

Fuente: El Confidencial

El pasado viernes el Gobierno, reunido en Consejo de Ministros, aprobó un anteproyecto de ley (la esperada «reforma energética«) para acabar con el déficit de tarifa y recaudar 2.734 millones, en el que se recogen impuestos a la nuclear, un canon a la hidráulica, un nuevo gravamen del 6% a la producción de energía para todas las tecnologías y céntimos verdes para el gas, el carbón y el fuel oil.

Las medidas vendrán acompañadas de posteriores iniciativas liberalizadoras, como la reducción del número de consumidores con derecho a tarifa regulada (reduciendo de 10kW a 5kW la potencia máxima contratada para poder acogerse a la TUR), anunció el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.

El nuevo gravamen nuclear tendrá dos partes, que serán un impuesto a la producción de residuos, que procurará ingresos de 269 millones entre 2013, 2014 y 2015, y un impuesto al almacenamiento de residuos que reordenará las distintas fórmulas ya existentes.

En el caso del canon hidráulico, el valor económico de la nueva figura es de 304 millones entre 2013 y 2015, de modo que las nuevas imposiciones para nuclear e hidráulica ascienden a 574 millones.

Además, el Gobierno creará céntimos verdes para el gas natural (804 millones), para la generación eléctrica con carbón (268 millones) y para el fuel oil (38 millones de euros). También se cuenta con los ingresos procedentes por la venta de derechos de emisión de CO2 por 450 millones.

El impuesto a la venta de electricidad del 6%, de carácter estatal, permitirá ingresar 571,7 millones y se aplicará a todas las tecnologías, incluidas las energías renovables.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sánez de Santamaría, calificó la reforma eléctrica de «difícil» y «necesaria», ya que, de no aplicarse, habría dado origen a un aumento de la deuda de los consumidores con el sector de 5.000 millones de euros al año.

El Gobierno ha repetido hasta la saciedad que al redactar la norma se ha puesto el «objetivo de no trasladar al consumidor el tarifazo eléctrico», lo que, de haberse hecho, «habría supuesto una subida del recibo del 43% de media». Lo que no dijo es que igualmente se van a ir trasladando esos costes al consumidor, ya que los nuevos impuestos son sobre la facturación de las empresas, que directamente podrán repercutir en la factura eléctrica de los consumidores.

«La reforma del sistema eléctrico es una de las reformas más necesarias, ya que el agujero de deuda de anteriores ejecutivos asciende a 24.000 millones de euros, y si no se frenaba cada año podría incrementarse en más de 5.000 millones», añadió Sáenz de Santamaría.

Conviene recordar que, a pesar del enorme aumento del déficit debido a la nefasta política del anterior Ministro de Industria, Miguel Sebastián,   del PSOE, buena parte del déficit generado este año corresponde al Gobierno del PP, que ha trasvasado la única partida de los Presupuestos que asume costes de la tarifa (las subvenciones de los sistemas extrapeninsulares) de nuevo a la tarifa. Además, se ha visto obligado a subir la tarifa de acceso en más de un 20% por decisión del Tribunal Supremo por una denuncia de las eléctricas.

Redacción Efimarket

Las ecotasas que cobran cuatro comunidades a las eléctricas serán repercutidas por el Gobierno a los consumidores de dichas regiones, que pagarán hasta 200 millones más en el recibo. Se trata de Castilla y León,Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. La primera anunció ayer que recurrirá al Constitucional.

La decisión del Gobierno de cobrar un suplemento en la tarifa de acceso a los ciudadanos de las autonomías que aplican tasas medioambientales a instalaciones eléctricas (las llamadas ecotasas) afectará a cuatro comunidades autónomas: Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. Según los cálculos del propio Gobierno, ello supondrá un sobrecoste en el precio de la factura eléctrica para los consumidores de esos territorios de hasta 200 millones.

La medida, incluida en el real decreto ley de estabilidad presupuestaria que entró en vigor el domingo (el «recortazo»), supondrá repercutir en los peajes de acceso (que pagan todos los consumidores, los que tienentarifa y los que no) el coste íntegro de las tasas que aplican los Gobierno autónomos a la producción de las centrales (de gas, nuclear o hidráulica) y a las redes de transporte que explota REE.

Las reacciones no se han hecho esperar. Ayer, el Gobierno de Extremadura comunicó que va a plantear un recurso de inconstitucionalidad contra dicho suplemento al entender que «vulnera (..) en el fondo y en la forma» el espíritu de la ecotasa autonómica. El recurso fue anunciado en una rueda de prensa por los consejeros de Economía, Antonio Fernández, y el de Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri. Fernández explicó que la medida «penaliza a los habitantes» de una comunidad, como la extremeña, que exporta al resto del Estado el 75% de la electricidad que genera, y que en su opinión, tiene un consumo  «mucho más racional».  Además, sus habitantes sufren el impacto de la peligrosidad de una central nuclear.

Mientras se resuelve el recurso, el Gobierno va a plantear a la Asamblea regional la posibilidad de suprimir el cobro de estas tasas en tanto se pronuncia el Constitucional. La ecotasa (0,005 euros kWh) se aplica a la producción de la nuclear de Almaraz y a las centrales hidroeléctricas de la región, con una recaudación de 93 millones de euros al año. Fuentes del Ejecutivo que preside José Antonio Monago, señalan que la cuestión de fondo es que «esta tasa se ajusta a derecho».

Además, Extremadura, así como las dos Castillas, cobra otra tasa a las redes de transporte de electricidad; de telefonía y telemáticas a razón de 700 euros por kilómetro de tendido instalado. Por su parte, la comunidad de Murcia cobra desde hace dos años un recargo a la producción de las centrales de ciclo combinado de gas, tributo que ha sido recurrido por Gaz de France que cuenta con una central de este tipo en Escombreras (Cartagena). Cataluña estudió en su día un canon a las tres nucleares ubicadas en su territorio, pero no ha llegado a aplicarlo.

Por el momento, se desconoce si serán todas, o solo algunas, las tasas que se repercutirán en la factura de la luz de los ciudadanos de estas cuatro comunidades autónomas, todas ellas gobernadas por el PP. En una disposición adicional del citado real decreto ley «se habilita» al Ministerio de Industria a que determine los «tributos y recargos concretos» que se tendrán en cuenta para aplicar el suplemento territorial.

Esta medida, que figuraba en uno de los documentos de trabajo filtrados sobre el nuevo esquema fiscal del sector energético, supone un triunfo para las compañías eléctricas, que se oponen con uñas y dientes a la reforma prevista por el Gobierno. Este prevé un gravamen del 4% sobre la facturación del régimen ordinario y otros muy superiores para las energías renovables, amén de una tasa a la nuclear y un canon a la hidráulica.

Las cinco eléctricas integradas en Unesa remitieron hace meses a Industria un informe elaborado por PwC sobre todos los tributos autonómicos que ya pagan y que no pueden trasladar al precio final. Y, aunque estos son repercutibles por ley, en el caso de las tasas autonómicas no los trasladarán ellas, sino el ministerio, que es el que fija los peajes. De este modo, sería el sistema eléctrico el que se beneficie de los 200 millones antes citados. O, quizás se beneficien también las empresas si los gobiernos regionales renuncian al cobro de estas tasas para no perjudicar a sus ciudadanos y votantes.

El nuevo «esquema fiscal energético», como lo llamó Mariano Rajoy, gravará con 1.180 millones más el sector de las renovables, y con 1.350 millones a las grandes eléctricas. En el primer caso, equivale a un tercio de las primas que reciben, pero todas se sienten las más perjudicadas frente a las otras.

Los peores presagios parecen cumplirse, tanto para las cinco grandes eléctricas integradas en Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y Eon España), como para los productores del llamado régimen especial, entre los que figuran algunas empresas relevantes, como Acciona, EDP, ACS, Abengoa o Solaria, y los cientos de pequeños inversores propietarios de las más de 50.000 instalaciones fotovoltaicas, en unos casos, particulares y, en otros, fondos de inversión.

El esquema de la nueva fiscalidad que gravará la venta de energía, cuyo proyecto de ley fue analizado por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que fue aprobado en el Consejo de Ministros anterior, ha hecho saltar las alarmas entre los sectores eléctricos afectados, que son todos, aunque en distinta proporción. También la Bolsa reaccionó en consecuencia con fuertes caídas de las utilities y las de energías verdes.

El debate del viernes se centró en averiguar, a la luz de los datos filtrados, qué tecnologías serían las más perjudicadas por la nueva tributación que gravará con un 4% las ventas del régimen ordinario (carbón, gas, nuclear e hidráulica); un 11%, la eólica; un 19%, la fotovoltaica; otro 13%, la termosolar, y entre un 3% y un 4,5% la biomasa, la cogeneración y la termosolar. A ello se añade una tasa de 10 euros MWh a la energía nuclear y un canon (por ser dominio público) a la hidráulica, de otros 15 euros MWh. ¿Por qué esas diferencias?

El propio ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró el jueves que la progresividad del impuesto está relacionada con el nivel de subsidio de cada tecnología. O, lo que es lo mismo, con las primas que reciben. De hecho, fuentes empresariales consideran que se trata de un recorte de primas por la puerta de atrás, decidida por el Gobierno para evitar los tribunales.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE), que lanzó ayer un mensaje apocalíptico («es el fin del sector», dijo en una nota de prensa) calcula que el gravamen (en su caso, Hacienda recaudará 400 millones) se comerá un 27% de las primas. Y lo peor es que «compromete la viabilidad de muchos proyectos, que han visto incrementar sus costes financieros en inversiones que no están amortizadas». Igual de negro lo pintó el sector fotovoltaico. La asociación Unef calcula que las nuevas medidas suponen una reducción del 30% de la retribución hasta 2013 (otros 550 millones anuales). La recaudación prevista para el resto de renovables es de 230 millones.

También las eléctricas de Unesa se consideraron las más perjudicadas, teniendo en cuenta que en marzo ya sufrieron un recorte a la retribución de la distribución y de los pagos por capacidad y porque son las que financian el déficit de tarifa (origen y fin de las medidas).

Las eléctricas, con rating en revisión o al borde del bono basura, arremetieron especialmente contra la tasa a la nuclear y el agua. En una nota de prensa, su patronal aseguraba ayer que ha solicitado al Gobierno que se lleve a cabo la reforma estructural del sector eléctrico, «reduciendo los costes del mismo en lugar de aumentar los impuestos».