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«Tendré en cuenta su petición, estudiaremos su caso». Esas son las frases habituales con las que el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, se despide cada día de la avalancha de interlocutores que han pasado por su despacho en los escasos dos meses que lleva al frente de la cartera. Y, a la vista de la experiencia de unos y de otros, la frase se podría completar con la coletilla: «Pero sin ningún compromiso».

La actitud receptiva de Soria, que no rechaza ninguna cita, es muy loada en el sector energético, pero no así su empeño en quedar bien con todos (su famosa frase «todas las energías caben» lo demuestra) y al mismo tiempo de eludir cualquier tipo de compromiso.

Las sospechas de que las medidas para solucionar los graves desequilibrios del sistema eléctrico, con un déficit de tarifa a la deriva, no están en manos del titular de Industria acrecientan el temor de empresas que, como las grandes eléctricas de Unesa, ven que todas las piedras se dirigen hacia su tejado. Ya sea en forma de quitas a la deuda que ellas financian, ya de una tasa sobre su actividad.

Nadie cree que la medida más relevante aprobada hasta ahora por el Gobierno en materia eléctrica, el real decreto-ley que suspende el pago de primas a las nuevas instalaciones renovables, haya sido elaborado por Industria. Todos apuntan al jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal. El contenido de una norma que no resuelve el acuciante problema del déficit y la nocturnidad con que fue aprobada echa por tierra la imagen dialogante que se empeña en transmitir el ministro canario.

Además, hace temer lo peor a las eléctricas, que no saben desde dónde vendrán los tiros, aunque sí que se van a disparar. Quemado el cartucho de un recorte de primas al régimen especial o, al menos, de una moratoria a los 1.200 MW termosolares inscritos en el prerregistro de Industria, el nuevo real decreto-ley limita la posición negociadora del Gobierno, que se ha quedado sin cartas que intercambiar con el resto de los implicados. Podría admitir excepciones a la moratoria (como han pedido Gobiernos autonómicos del PP, como Extremadura, Galicia y Canarias) o para ampliar la suspensión de primas (como han vuelto a reclamar las eléctricas respecto a la termosolar), pero el coste político de una marcha atrás resultaría demasiado elevado.

La decisión de Industria de solicitar un informe a la Comisión Nacional de Energía (CNE) sobre los ajustes necesarios para resolver los problemas del sistema eléctrico, se considera un truco o para ganar tiempo o para atribuir al regulador las medidas que se puedan adoptar.

La CNE, en una decisión que muchos consideran un error, lanzó hace un par de semanas una consulta pública que, más que aclarar las posiciones de los distintos interesados (que son de sobra conocidas), ha servido para revolver el gallinero y fomentar el ruido de los lobbies solares y el de muchos ciudadanos que han aprovechado la consulta para insultar a diestro y siniestro a un sector que no goza precisamente de una buena imagen.

El sondeo a través de la web de la CNE ha perjudicado, una vez más, a las grandes que están en el lado políticamente incorrecto frente a las renovables, que no cejan en su empeño de cobrar primas y seguir instalando capacidad, pese al hundimiento de la demanda y al creciente déficit.

Pero, ¿qué temen las eléctricas? El hecho de que el real decreto sobre la moratoria renovable haya evitado cualquier tipo de retroactividad (incluso la mínima, que acepta el Tribunal Supremo) se interpretó como una actitud del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, abducido por abogados del Estado, de no poner en cuestión la seguridad jurídica. Pero, a la vista de la retroactividad impropia que el Gobierno ha introducido en la reforma laboral, por ejemplo, con la eliminación de las indemnizaciones de los directivos de organismos públicos, nadie confía ya en que se vaya a respetar la seguridad jurídica.

Las eléctricas de Unesa no admiten sacrificio alguno, y menos aún a la vista de la moratoria incruenta aprobada por el Gobierno. Partidarias de a grandes males, grandes remedios, insisten en que se suban las tarifas, se recorten las primas del régimen especial y se liberalice el mercado (muerta la tarifa se acabó la rabia del déficit).

Tampoco parece preocuparles, como a la mayoría de agentes del sector, el funcionamiento del mercado mayorista o las subastas Cesur que determinan la tarifa cada trimestre.

Sobre sus intereses pesan dos amenazas: una quita de la deuda acumulada (a los 24.000 millones a 31 de diciembre habrá que sumar otros 5.000 millones este año), aún sin titulizar, y una tasa o impuesto sobre la nuclear y la hidráulica. Una medida esta que «sería el chocolate del loro», según indica el responsable de una compañía.

El runrún de una tasa es cada vez más persistente y, al parecer, el Gobierno estudia varias opciones: una windfall tax, que gravaría los llamados beneficios llovidos del cielo (lo que reciben las centrales en el mercado más allá de sus costes variables) y una tasa a la producción eléctrica o la generación de residuos (caso de la nuclear).

En este punto hay que distinguir entre el impuesto (la Constitución exige que no sea confiscatorio) y la tasa, que pagan solo los clientes que reciben el servicio. Sea como fuere, la medida requerirá de una nueva ley que modifique la normativa eléctrica y el Gobierno se enfrenta a un agrio pleito con las compañías.

Fuente: Cinco Días