El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha defendido el real decreto ley que recoge la última subida de la luz y que recorta 1.700 millones de euros a operadores del sistema eléctrico, porque el déficit de tarifa, que asciende a 24.000 millones de euros, de los que 17.000 millones están titulizados con el aval del Estado, «puede convertirse más pronto que tarde en un problema financiero».
Este fue uno de los principales argumentos que esgrimió durante su intervención en el debate de convalidación del real decreto con el que el Gobierno pretende reducir el déficit de tarifa para cumplir con los autos y resoluciones del Tribunal Supremo que obligan a que este saldo no supere los 1.500 millones en 2012 y sea cero en 2013.
«Es un problema estructural al que hay que poner coto», recalcó Soria, quien explicó que el principal objetivo del Gobierno es evitar que el déficit se siga multiplicando año tras año, como ha ocurrido desde 2004.
Según explicó Soria, la decisión del Gobierno de subir la Tarifa de Ultimo Recurso (TUR) de la luz del 7% a partir del 1 de abril, que reportará 1.382 millones de euros, y los recortes a operadores del sistema permitirán tapar un agujero de 3.150 millones de euros.
En este punto, el ministro de Industria ha señalado que la subida de la luz afecta a todo tipo de consumidores, y ha recalcado que de haber recaído todo el ajuste del déficit sobre los consumidores, la factura de la luz habría de haber subido hasta un 40%, algo que consideró «insostenible».
Dentro del sector del gas, Soria advirtió de que en 2011 se ha generado un «incipiente» déficit que asciende a 300 millones de euros, que han motivado en el marco del decreto recortes en la suspensión de tramitación de nuevas instalaciones de gas natural, de nuevas regasificadoras o de autorizaciones administrativas a gasoductos planificados.
Fuente: El Economista
Esta semana ha saltado la noticia: la ex-ministra Elena Salgado, ha sido fichada por Endesa como consejera de su filial en Chile, Chilectra. El fichaje de Salgado estaría pendiente de las autorizaciones necesarias, dadas las incompatibilidades que afectan a los exaltos cargos del Gobierno durante los dos años posteriores a dejar su puesto.