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El Ministerio de Industria, Energía y Turismo está preparando un quinto recorte para las instalaciones fotovoltaicas cuya envergadura acabará por «asfixiar» a la mayor parte de sus promotores, indicó a Europa Press el presidente de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier), Miguel Ángel Martínez-Aroca. Continuar leyendo «Industria hará un nuevo recorte a la fotovoltaica y llevará a la ruina a miles de pequeños inversores»
El Gobierno hizo llegar el jueves por la tarde al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Medidas Fiscales en Materia de Sostenibilidad Energética, la llamada Reforma Energética, que el Consejo de Ministros había aprobado el viernes anterior para su tramitación parlamentaria. El texto legal incluye una memoria sobre el impacto normativo y económico de las medidas fiscales que incluye.
Esta ley supone la creación de tres impuestos: uno del 6% sobre la generación eléctrica y otros dos sobre la producción y almacenamiento de residuos nucleares, un canon por el uso de aguas continentales para producción eléctrica y la aplicación de impuestos especiales al gas y el carbón.
La citada memoria desvela por primera vez el método para el cálculo y el desglose por tecnologías de las cantidades que el Gobierno prevé recaudar por el impuesto del 6% a la generación, así como el efecto que tendrá sobre los consumidores finales del gas natural. Este combustible se gravará por primera vez con el impuesto sobre hidrocarburos (0,00234 euros/kWh), que hasta ahora solo afectaba a los hidrocarburos líquidos y no los gaseosos. Para el año 2013, y teniendo en cuenta un escenario pesimista y otro optimista, la recaudación por este concepto será de 793 millones de euros, en el primer caso, o 936 millones, en el segundo, según la memoria.
El grueso de esta recaudación procederá del consumo de gas convencional (655 millones de euros en el mejor de los casos) y, en menor medida, del destinado a las centrales de ciclo combinado (281 millones). De estos datos, el Gobierno deduce un fuerte impacto en las tarifas del gas que sin considerar el IVA, subirían entre un 3,05% y un 4,43% (para los clientes de la tarifa de último recurso o TUR). Estas subidas afectarán a 7,4 millones de clientes.
Mayor aún será el impacto de los precios del gas en el mercado industrial, que subirán entre un 5% y un 8% en función de los escalones de consumo anual. Estas alzas afectarán a 3.700 clientes, entre los que se encuentran las plantas de cogeneración (estas suponen un 20% del consumo total) y las 900 instalaciones industriales que producen con gas (azulejeras, papeleras, químicas, automóvil o textil, entre otras).
Aunque los ingresos previstos por los nuevos tributos a la energía ya los anunció el ministro de Industria, José Manuel Soria, tras el Consejo de Ministros del día 14, que cifró en 2.900 millones, la memoria del proyecto de ley ofrece importantes matices. En el caso del impuesto sobre la producción eléctrica, esta calcula unos ingresos de 571,7 millones de euros en las tecnologías del régimen ordinario (nuclear, hidráulica, carbón, gas y fuel), que se derivan de una producción de 190.570 GWh y unos ingresos de 9.529 millones de euros. Este cálculo tiene un inconveniente: son datos de producción y precios de 2011, que han variado sustancialmente este año, en que la recesión ha provocado el derrumbe de la demanda.
Otro tanto ocurre con la recaudación del régimen especial, que incluye las renovables, y que se estima en 687,6 millones por una producción de 91.922 GWh y unos ingresos de 11.460 millones correspondientes al año pasado.
En cuanto a las plantas termosolares, que dejarán de estar primadas a partir de la entrada en vigor de la ley en la parte de su producción con gas o carbón, su retribución descenderá un 12%.
De los dos impuestos nucleares, uno de ellos sobre el almacenamiento centralizado de residuos radiactivos, que afectará al futuro ATC. Teniendo en cuenta que este almacén tiene una capacidad de 6.700 toneladas de metal pesado, la recaudación del tributo durante toda la vida del ARTC será de 469 millones.
Dado que dos comunidades autónomas, Andalucía y Castilla-La Mancha, ya gravan el almacenamiento de residuos (en el primer caso los de baja intensidad de El Cabril) y la ley impide la doble imposición, estas comunidades no podrán aplicarlos en beneficio del Estado. Sin embargo, «esto no supondrá una disminución de los ingresos que recibían», que serán compensados como establece la Ley Orgánica de Financiación Autonómica.
Aunque el ministro de Industria, José Manuel Soria, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, subrayaron durante la presentación de la nueva ley energética que el objetivo de la misma es solventar el grave problema del déficit de tarifa, lo cierto es que el texto legal remitido al Congreso para su tramitación parlamentaria no hace ni una sola alusión al déficit. Es más, el objetivo de la norma no es acabar con él, sino «armonizar nuestro sistema fiscal con un uso de los recursos energéticos más eficiente con el medio ambiente y la sostenibilidad».
Visto en detalle el texto, se llega a la conclusión de que parte de la recaudación prevista se destinará no ya al déficit de tarifa, sino a fines medioambientales (por ejemplo, a costear la gestión de residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales nucleares) o a paliar los efectos del uso de las aguas continentales para producir electricidad, como es el caso del nuevo canon hidroeléctrico.
Hasta la aplicación del impuesto de hidrocarburos al gas natural o el nuevo impuesto especial al carbón (el llamado céntimo verde) se justifica en el proyecto de ley por razones medioambientales: «El que contamina paga«, señala.
La norma establece que la tarifa de acceso se financiará también a partir de ahora vía Presupuestos del Estado. Sin embargo, mientras el anteproyecto de ley dejaba claro que dicha recaudación se destinaría a financiar costes del sistema eléctrico «vinculados a fines de fomento de las energías renovables» (las primas que reciben) a través de partidas presupuestarias, el proyecto de ley introduce matices, al señalar que en la asignación de créditos presupuestarios para pagar dichas primas, «podrá tenerse en cuenta el importe de dichos ingresos».
Fuente: Cinco Días
“Los que van a pagarlo al final son los consumidores”, se admite sin ambages desde una compañía eléctrica. Y es que el impuesto general del 6% anunciado el viernes por el Ministerio de Industria para los ingresos de todas las empresas energéticas se acabará trasladando al consumidor final. Los hogares, que según datos de Eurostat han sufrido subidas de la luz cercanas al 70% desde 2006, verán cómo sus recibos se incrementan progresivamente cuando la reforma entre en vigor en el mes de enero. Sin prisa pero sin pausa, Endesa, Iberdrola y Gas Natural llevarán el sobrecoste que ahora el Gobierno les impone a las subastas en las que se fija el precio de la luz.
“En definitiva, quien realmente pagará este impuesto serán los consumidores y no las empresas eléctricas propietarias de las centrales. Es, por consiguiente, un impuesto claramente inflacionista que tendrá como destino pagar a esas mismas empresas”, advertía ya en julio un artículo publicado por Economistas frente a la crisis al analizar un posible impuesto a la facturación del régimen ordinario (véase las instalaciones nucleares, térmicas, hidráulicas y de ciclo combinado). Además las grandes eléctricas están integradas verticalmente, lo que aumenta su margen de maniobra.
Por el contrario, las energías limpias no podrán trasladar la tasa, ya que reciben una tarifa fija regulada por ley. “La diferencia entre las tecnologías convencionales y las renovables es que las primeras pueden repercutir un impuesto a la generación en el pool eléctrico y, por tanto, a medio plazo compensarán ese nuevo costo”, se lamenta desde el anonimato una empresa de energías verdes.
En ese escenario, no es de extrañar que para las grandes eléctricas la principal preocupación hayan sido desde el principio las tasa nuclear y hidráulica, que les supondrán en conjunto 574 millones. “El impuesto genérico lo van a repercutir. Con las otras tasas lo tienen más díficil”, explican fuentes del sector. Con el futuro de Garoña en el alero, Nuclenor -la sociedad que forman al 50% Endesa e Iberdrola para explotar la instalación- dejaba pasar hace apenas días el plazo para solicitar una prórroga que les permitiera seguir operando la central, ante la incertidumbre regulatoria que se cernía sobre el sector. Con el marco legal ya sobre la mesa, las dos grandes deben echar cuentas para ver si hay posible marcha atrás. El Gobierno les espera con ansiedad para buscar una solución al entuerto. Nadie en el Ejecutivo quiere cerrar la central, pero parece que los números obligan.
Por su parte, la patronal que acoge a las grandes compañías (Unesa) evitó pronunciarse el viernes tras conocer la esperada decisión del Ejecutivo. A mediados de julio, sin embargo, reaccionaba con indignación a la propuesta inicial de Industria, que contemplaba un impuesto lineal de sólo el 4% para el régimen ordinario. “Se come todos los beneficios de distribución y generación. Deja nuestro beneficio a cero”, zanjaba la asociación que preside Eduardo Montes. Según los datos que maneja la patronal, el beneficio neto de las eléctricas en España alcanzó en 2011 los 3.063 millones de euros. Los ingresos que dejarán de apuntarse por la tasa del 6% y por los impuestos nuclear e hidráulica rozan los 1.150 millones. Todo un sablazo a su facturación.
“Estas empresas son las responsables de garantizar el suministro eléctrico”, subrayaba entonces Unesa en su particular aviso a navegantes. “Nadie va a invertir en España”, remataba el viernes un ejecutivo con larga experiencia en el sector, recordando cómo el PP, adalid del libre mercado, apuesta decididamente por la intervención en este nuevo mapa eléctrico. “El espectáculo ha sido bochornoso y ha puesto de manifiesto la absoluta falta de entendimento en el equipo económico. Eso sin contar con que la reforma supone el fin del mercado, con tasas discrecionales para que al Gobierno le cuadren las cuentas, y que genera una incertidumbre perpetua respecto al volatilidad de los marcos legales”, zanjaba.
Fuente: El Confidencial
El pasado viernes el Gobierno, reunido en Consejo de Ministros, aprobó un anteproyecto de ley (la esperada «reforma energética«) para acabar con el déficit de tarifa y recaudar 2.734 millones, en el que se recogen impuestos a la nuclear, un canon a la hidráulica, un nuevo gravamen del 6% a la producción de energía para todas las tecnologías y céntimos verdes para el gas, el carbón y el fuel oil.
Las medidas vendrán acompañadas de posteriores iniciativas liberalizadoras, como la reducción del número de consumidores con derecho a tarifa regulada (reduciendo de 10kW a 5kW la potencia máxima contratada para poder acogerse a la TUR), anunció el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.
El nuevo gravamen nuclear tendrá dos partes, que serán un impuesto a la producción de residuos, que procurará ingresos de 269 millones entre 2013, 2014 y 2015, y un impuesto al almacenamiento de residuos que reordenará las distintas fórmulas ya existentes.
En el caso del canon hidráulico, el valor económico de la nueva figura es de 304 millones entre 2013 y 2015, de modo que las nuevas imposiciones para nuclear e hidráulica ascienden a 574 millones.
Además, el Gobierno creará céntimos verdes para el gas natural (804 millones), para la generación eléctrica con carbón (268 millones) y para el fuel oil (38 millones de euros). También se cuenta con los ingresos procedentes por la venta de derechos de emisión de CO2 por 450 millones.
El impuesto a la venta de electricidad del 6%, de carácter estatal, permitirá ingresar 571,7 millones y se aplicará a todas las tecnologías, incluidas las energías renovables.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sánez de Santamaría, calificó la reforma eléctrica de «difícil» y «necesaria», ya que, de no aplicarse, habría dado origen a un aumento de la deuda de los consumidores con el sector de 5.000 millones de euros al año.
El Gobierno ha repetido hasta la saciedad que al redactar la norma se ha puesto el «objetivo de no trasladar al consumidor el tarifazo eléctrico», lo que, de haberse hecho, «habría supuesto una subida del recibo del 43% de media». Lo que no dijo es que igualmente se van a ir trasladando esos costes al consumidor, ya que los nuevos impuestos son sobre la facturación de las empresas, que directamente podrán repercutir en la factura eléctrica de los consumidores.
«La reforma del sistema eléctrico es una de las reformas más necesarias, ya que el agujero de deuda de anteriores ejecutivos asciende a 24.000 millones de euros, y si no se frenaba cada año podría incrementarse en más de 5.000 millones», añadió Sáenz de Santamaría.
Conviene recordar que, a pesar del enorme aumento del déficit debido a la nefasta política del anterior Ministro de Industria, Miguel Sebastián, del PSOE, buena parte del déficit generado este año corresponde al Gobierno del PP, que ha trasvasado la única partida de los Presupuestos que asume costes de la tarifa (las subvenciones de los sistemas extrapeninsulares) de nuevo a la tarifa. Además, se ha visto obligado a subir la tarifa de acceso en más de un 20% por decisión del Tribunal Supremo por una denuncia de las eléctricas.
Redacción Efimarket
Hola a todos! Después de unos necesarios días de asueto en los que hemos disfrutado del descanso y repuesto fuerzas, volvemos cargados de ganas e ideas para seguir ofreciendo la mejor información sobre energía a nuestros lectores.
Y no podíamos volver en mejor fecha! Precisamente hoy parece que finalmente se aprobará en Consejo de Ministros la cacareada reforma energética, cuya aprobación lleva casi dos meses aplazándose [actualización (27/08/2012): finalmente no se aprobó porque seguían las discrepancias entre Soria y Montoro]. Esos sucesivos aplazamientos no deparan nada bueno. Ya se filtró anteriormente, y así nos hicimos eco en El Blog de Efimarket, de parte del contenido de la citada reforma. Y hay que decir que esta reforma parece que no va a gustar prácticamente a nadie.
Casi todos los actores del sector energético se van a ver afectados por un aumento de la tributación gracias a la aplicación de una nueva serie de tasas que gravarán tanto la generación con energías convencionales como a las renovables, muy castigadas ya por anteriores decretos que han ido reduciendo su retribución, de forma ilegalmente retroactiva y además incumpliendo el contrato firmado entre los productores y el estado.
En el sinsentido y secretismo que rodea el proceso de «cocción» de la reforma, hemos sabido que el Ministro Soria declaraba que «las renovables recibirán más incentivos». Debe referirse a un futuro lejano, porque todas las acciones de los últimos años, y al parecer también en la línea del nuevo Gobierno, van dirigidas a recortar cuantas más primas del régimen especial sea posible.
Tambien ha habido «pelea de gallos» en el corral. Y es que tanto Soria (Ministro de Industria) com Montoro (Ministro de Hacienda) han tenido sus diferencias durante la elaboración de la dichosa reforma. Los dos gallitos quieren mandar en el corral, y al parecer no se ponían de acuerdo con las tasas y nuevos impuestos que van a cobrar a las empresas energéticas.
Al final ha tenido que salir Super-Soraya, esa Ministra que es capaz de parir, dirigir el Consejo de Ministros y actuar de portavoz del Gobierno a la vez (si fuera hombre seria imposible, ya saben eso que dicen…) y mediar para restarle importancia al revuelo causado por la pelea de Ministros gallitos. Para zanjar la discusión declaró que «aquí al final no decide ni Soria ni Montoro, quien decide es el Consejo de Ministros», que es un eufemismo para decir que se iba a aprobar lo que a ella le saliera de los ovarios, con permiso de Mariano.
Y en fin, eso es lo que hay. Aqui estamos esperando a ver que demonios aprueban para intentar solucionar el agujero de 25.000 millones de euros del déficit tarifario que cada año engorda entre 6.000 y 7.000 millones de euros adicionales. La cuestión es que esperamos que las nuevas medidas tengan cierta efectividad, porque si ese déficit tuvieran que sufragarlo los consumidores, habría que subir de nuevo el precio de la electricidad entre un 40% y un 60%, cuando actualmente soportamos ya el precio de la electricidad más caro de Europa y probablemente del mundo.
Vaya bienvenida de las vacaciones! Os seguiremos contando las novedades al respecto. Manteneos alerta!
Redacción Efimarket
Desde el pasado mes de marzo, el sector eléctrico se mantiene en un sin vivir esperando una supuesta reforma energética de la cual, durante meses, las principales empresas del mismo juraron no tener noticia alguna.
Tras un primer paquete de medidas aprobado en marzo casi por sorpresa, y que costó a las cinco grandes integradas en Unesa un recorte de ingresos de unos 900 millones de euros, el ministro de Industria, José Manuel Soria, anunció una segunda fase que, según sus propias palabras, estaría lista, primero, en mayo; después, en la segunda quincena de junio y, más tarde, en la primera de julio.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tomó el relevo del manido calendario y aseguró el viernes, 13, que la reforma energética se aprobaría «en julio» y lo ha recuperado de nuevo Soria para anunciar un nuevo aplazamiento. En otras palabras, que ya nos vamos al mes de agosto.
Llegados a este punto, bien podría afirmarse que la reforma ha muerto antes de nacer. Al menos, la elaborada por el Ministerio de Industria y que supuestamente estaba pactada con el jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal, y con el de Hacienda, Cristóbal Montoro. Y es que la mal llamada reforma, como dijo el propio Mariano Rajoy en una de sus intervenciones en el Congreso de los Diputados, no es más que «un nuevo esquema de fiscalidad energética».
La mal llamada reforma no es más que «un nuevo esquema de fiscalidad energética», según el propio Rajoy
La situación ha cambiado radicalmente desde que se filtrara a los medios el paquete de medidas, que se resumen en impuestos sobre la venta de energía, cuyo porcentaje varía en función de las distintas tecnologías y perjudica a las que no pueden trasladar el coste de dicho tributo al precio final. También tasas a la nuclear y la hidráulica de 10 y 15 euros por MWh, respectivamente. Conocer el origen de la filtración podría arrojar alguna luz sobre las supuestas diferencias entre Industria y Hacienda respecto a estos gravámenes. La filtración se atribuye a Álvaro Nadal y con ella pretendía testar el grado de aceptación o rechazo hacia estas medidas.
El primer rechazo ha sido interno: pese a los meses invertidos en la elaboración de las medidas, que deben incluirse en una ley, hay quien asegura que los abogados del Estado se han percatado de que son recurribles y ganables en los tribunales por las eléctricas. Pero más bien han sido los servicios jurídicos de los distintos subsectores los que han hecho llegar al Gobierno que la nueva fiscalidad es «confiscatoria, discriminatoria y crea la misma inseguridad jurídica que un recorte de primas a las renovables», pues es realmente una detracción de primas por la puerta de atrás. Además, no respetaría el derecho comunitario relativo a la tributación de la actividad eléctrica.
Los abogados del Estado se han percatado de que algunas medidas de la reforma son recurribles y ganables en los tribunales por las eléctricas
En un proceso sin negociación de Soria o Nadal con los afectados, las empresas han desplegado toda su artillería pesada por tierra, mar y aire contra unas medidas que el Gobierno se disponía a aprobar. Las presiones han llegado de la mano de fondos de inversión con intereses en el sector de las renovables y de los bancos que financian multitud de proyectos totalmente apalancados.
Es conocida la intervención de algunos embajadores, como el de Francia o el de Estados Unidos, que mantuvo una reunión con el titular de Industria y de la que -dicen- salió muy decepcionado. También las grandes eléctricas (muchas de ellas con políticos en sus consejos) han contribuido lo suyo a desmontar las medidas.
El propio Fulvio Conti, consejero delegado de la italiana Enel, propietaria de Endesa, pidió recientemente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se repensara bien la aplicación casi improvisada de unos tributos que tendría graves consecuencias para uno de los sectores que aún se mantienen en pie a pesar de la crisis económica que vive el país.
Eliminado el efecto sorpresa, sin el cual no era posible aprobar los nuevos tributos sin presiones, el citado paquete de medidas se puede considerar papel mojado. No ha sido posible por las diferencias internas y las dudas de que la recaudación por venta de energía sirviese más para recortar el déficit público que el de la tarifa.
Sea en el Consejo de Ministros del 3 de agosto o sea en el previsto para el 24 de ese mes, todo indica que, de aprobarse, las medidas no se parecerían a las que se han conocido en las últimas semanas. A pesar de que el Gobierno cumpliría así su promesa de que el Estado (a través de los contribuyentes) contribuirá también a paliar el problema del déficit de tarifa. Quien más lo ha repetido es el propio Soria, del que se rumorea que podría presentar su dimisión si no se admite su propuesta.
Muchas voces reclaman ahora medidas más suaves y aplazar una vez más la resolución del problema deldéficit tarifario, evitando así echar más leña al fuego de la crisis de la deuda soberana y del fantasma de la intervención. Lo que debería haber hecho Industria -vienen a decir los críticos- es una reforma de verdad, acometiendo cambios estructurales del mercado eléctrico o las subastas y, de esta manera, no tendría que haber dado cuenta a Hacienda.
Lo cierto es que las medidas fiscales, si no conllevan una reforma del sistema, solo servirán para absorber el déficit de tarifa acumulado pero no pondrá coto al que se pueda seguir generando en el futuro.
Fuente: Cinco Días
Las ecotasas que cobran cuatro comunidades a las eléctricas serán repercutidas por el Gobierno a los consumidores de dichas regiones, que pagarán hasta 200 millones más en el recibo. Se trata de Castilla y León,Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. La primera anunció ayer que recurrirá al Constitucional.
La decisión del Gobierno de cobrar un suplemento en la tarifa de acceso a los ciudadanos de las autonomías que aplican tasas medioambientales a instalaciones eléctricas (las llamadas ecotasas) afectará a cuatro comunidades autónomas: Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. Según los cálculos del propio Gobierno, ello supondrá un sobrecoste en el precio de la factura eléctrica para los consumidores de esos territorios de hasta 200 millones.
La medida, incluida en el real decreto ley de estabilidad presupuestaria que entró en vigor el domingo (el «recortazo»), supondrá repercutir en los peajes de acceso (que pagan todos los consumidores, los que tienentarifa y los que no) el coste íntegro de las tasas que aplican los Gobierno autónomos a la producción de las centrales (de gas, nuclear o hidráulica) y a las redes de transporte que explota REE.
Las reacciones no se han hecho esperar. Ayer, el Gobierno de Extremadura comunicó que va a plantear un recurso de inconstitucionalidad contra dicho suplemento al entender que «vulnera (..) en el fondo y en la forma» el espíritu de la ecotasa autonómica. El recurso fue anunciado en una rueda de prensa por los consejeros de Economía, Antonio Fernández, y el de Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri. Fernández explicó que la medida «penaliza a los habitantes» de una comunidad, como la extremeña, que exporta al resto del Estado el 75% de la electricidad que genera, y que en su opinión, tiene un consumo «mucho más racional». Además, sus habitantes sufren el impacto de la peligrosidad de una central nuclear.
Mientras se resuelve el recurso, el Gobierno va a plantear a la Asamblea regional la posibilidad de suprimir el cobro de estas tasas en tanto se pronuncia el Constitucional. La ecotasa (0,005 euros kWh) se aplica a la producción de la nuclear de Almaraz y a las centrales hidroeléctricas de la región, con una recaudación de 93 millones de euros al año. Fuentes del Ejecutivo que preside José Antonio Monago, señalan que la cuestión de fondo es que «esta tasa se ajusta a derecho».
Además, Extremadura, así como las dos Castillas, cobra otra tasa a las redes de transporte de electricidad; de telefonía y telemáticas a razón de 700 euros por kilómetro de tendido instalado. Por su parte, la comunidad de Murcia cobra desde hace dos años un recargo a la producción de las centrales de ciclo combinado de gas, tributo que ha sido recurrido por Gaz de France que cuenta con una central de este tipo en Escombreras (Cartagena). Cataluña estudió en su día un canon a las tres nucleares ubicadas en su territorio, pero no ha llegado a aplicarlo.
Por el momento, se desconoce si serán todas, o solo algunas, las tasas que se repercutirán en la factura de la luz de los ciudadanos de estas cuatro comunidades autónomas, todas ellas gobernadas por el PP. En una disposición adicional del citado real decreto ley «se habilita» al Ministerio de Industria a que determine los «tributos y recargos concretos» que se tendrán en cuenta para aplicar el suplemento territorial.
Esta medida, que figuraba en uno de los documentos de trabajo filtrados sobre el nuevo esquema fiscal del sector energético, supone un triunfo para las compañías eléctricas, que se oponen con uñas y dientes a la reforma prevista por el Gobierno. Este prevé un gravamen del 4% sobre la facturación del régimen ordinario y otros muy superiores para las energías renovables, amén de una tasa a la nuclear y un canon a la hidráulica.
Las cinco eléctricas integradas en Unesa remitieron hace meses a Industria un informe elaborado por PwC sobre todos los tributos autonómicos que ya pagan y que no pueden trasladar al precio final. Y, aunque estos son repercutibles por ley, en el caso de las tasas autonómicas no los trasladarán ellas, sino el ministerio, que es el que fija los peajes. De este modo, sería el sistema eléctrico el que se beneficie de los 200 millones antes citados. O, quizás se beneficien también las empresas si los gobiernos regionales renuncian al cobro de estas tasas para no perjudicar a sus ciudadanos y votantes.
93 millones de euros es la recaudación por la ecotasa a la nuclear y la hidráulica de la Junta de Extremadura.
200 millones es el máximo que se prevé repercutir en el recibo de la luz de cuatro comunidades con dichas tasas.
4% es el impuesto al régimen ordinario que quiere fijar el Gobierno, que afectaría a las grandes eléctricas.
Aunque la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró el viernes que la aprobación de la reforma energética se posponía a otro Consejo de Ministros de julio, lo cierto es que el real decreto ley sobre equilibrio presupuestario ya avanzaba algunas medidas relevantes. Además del suplemento territorial por tasas medioambientales, la norma que entró en vigor el fin de semana, establece la «progresividad en los peajes de acceso». En otras palabras, que pagará algún tipo de recargo quien más consuma, según el criterio que fije Industria (se librarían los consumidores vulnerables, hoy por hoy, los que tienen bono social).
Otra novedad de la nueva norma es que se pone fin a la revisión trimestral obligatoria de los peajes de acceso en el caso de que se produzca una subida de los costes. A partir de ahora, la revisión cada tres meses será facultativa y la intención es revisarlos solo una vez al año. De esta manera, solo se modificará cada tres meses el precio de la energía que incluye el recibo de la luz, pues ese se determina en la subasta Cesur, que se celebra al final de cada trimestre y es de obligado traslado a la factura. El objetivo, según figura en un documento de trabajo del Gobierno sobre la reforma energética, es tener más seguridad «ante cambios en los Presupuestos Generales del Estado y posibles sentencias» de los tribunales
El Gobierno ha aprobado, asimismo, un cambio en la naturaleza jurídica del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que se convierte en un «instrumento» al servicio de la Administración. Entre sus nuevos objetivos está el de prestar asistencia técnica y económica al Ministerio de Industria o apoyar el desarrollo de tecnologías para «descarbonizar» la generación eléctrica.
Fuente: Cinco Días
El nuevo «esquema fiscal energético», como lo llamó Mariano Rajoy, gravará con 1.180 millones más el sector de las renovables, y con 1.350 millones a las grandes eléctricas. En el primer caso, equivale a un tercio de las primas que reciben, pero todas se sienten las más perjudicadas frente a las otras.
Los peores presagios parecen cumplirse, tanto para las cinco grandes eléctricas integradas en Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y Eon España), como para los productores del llamado régimen especial, entre los que figuran algunas empresas relevantes, como Acciona, EDP, ACS, Abengoa o Solaria, y los cientos de pequeños inversores propietarios de las más de 50.000 instalaciones fotovoltaicas, en unos casos, particulares y, en otros, fondos de inversión.
El esquema de la nueva fiscalidad que gravará la venta de energía, cuyo proyecto de ley fue analizado por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que fue aprobado en el Consejo de Ministros anterior, ha hecho saltar las alarmas entre los sectores eléctricos afectados, que son todos, aunque en distinta proporción. También la Bolsa reaccionó en consecuencia con fuertes caídas de las utilities y las de energías verdes.
El debate del viernes se centró en averiguar, a la luz de los datos filtrados, qué tecnologías serían las más perjudicadas por la nueva tributación que gravará con un 4% las ventas del régimen ordinario (carbón, gas, nuclear e hidráulica); un 11%, la eólica; un 19%, la fotovoltaica; otro 13%, la termosolar, y entre un 3% y un 4,5% la biomasa, la cogeneración y la termosolar. A ello se añade una tasa de 10 euros MWh a la energía nuclear y un canon (por ser dominio público) a la hidráulica, de otros 15 euros MWh. ¿Por qué esas diferencias?
El propio ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró el jueves que la progresividad del impuesto está relacionada con el nivel de subsidio de cada tecnología. O, lo que es lo mismo, con las primas que reciben. De hecho, fuentes empresariales consideran que se trata de un recorte de primas por la puerta de atrás, decidida por el Gobierno para evitar los tribunales.
La Asociación Empresarial Eólica (AEE), que lanzó ayer un mensaje apocalíptico («es el fin del sector», dijo en una nota de prensa) calcula que el gravamen (en su caso, Hacienda recaudará 400 millones) se comerá un 27% de las primas. Y lo peor es que «compromete la viabilidad de muchos proyectos, que han visto incrementar sus costes financieros en inversiones que no están amortizadas». Igual de negro lo pintó el sector fotovoltaico. La asociación Unef calcula que las nuevas medidas suponen una reducción del 30% de la retribución hasta 2013 (otros 550 millones anuales). La recaudación prevista para el resto de renovables es de 230 millones.
También las eléctricas de Unesa se consideraron las más perjudicadas, teniendo en cuenta que en marzo ya sufrieron un recorte a la retribución de la distribución y de los pagos por capacidad y porque son las que financian el déficit de tarifa (origen y fin de las medidas).
Las eléctricas, con rating en revisión o al borde del bono basura, arremetieron especialmente contra la tasa a la nuclear y el agua. En una nota de prensa, su patronal aseguraba ayer que ha solicitado al Gobierno que se lleve a cabo la reforma estructural del sector eléctrico, «reduciendo los costes del mismo en lugar de aumentar los impuestos».
La reforma del sector energético, ahogado por un déficit acumulado de 24.000 millones, desvela sus intimidades. El Ministerio de Industria, confirmó este miércoles a través del titular del departamento, José Manuel Soria, que aplicará un impuesto para las fuentes de generación renovables y no renovables y fijará, además una tasa a la generación de energía nuclear e hidráulica. La suma de todas las medidas propuestas asciende a 6.830 millones de euros, según el borrador del documento que detalla el plan de Industria. Las eléctricas caen hoy en Bolsa al conocerse los planes de Industria. Durante el día de hoy se espera que dicha reforma sea aprobada en Consejo de Ministros, junto al resto de recortes, la subida del IVA y otros ajustes.
El nuevo impuesto, que será tramitado mediante un proyecto de ley, será del 4% (dos euros por MW facturado) para todas las tecnologías del régimen ordinario (nuclear, hidráulica y ciclos combinados a gas). En el caso del régimen especial, el plan distingue entre energías gestionables y no gestionables para aplicar distintos tipos. De todas ellas destaca el tipo que se aplica a la energía eólica (11% y 400 millones a recaudar) y a la fotovoltaica (19% y 550 millones), un tipo que podría acabar con el retorno de la inversión de aquellos que invirtieron en su momento en esta energía limpia, la mayoría de ellos pequeños inversores.
Además del impuesto general, las centrales nucleares y las hidroeléctricas tendrán una tasa adicional. Serán 10 euros por MW en el caso de la energía nuclear (ingresos de 550 millones) y de 15 euros en el caso de las hidroeléctricas (400 millones de recaudación).
Además, se añade un recargo de cuatro céntimos por metro cúbico a loshidrocarburos gaseosos, con el que se recaudarán 1.150 millones y subastas de los derechos de emisiones a partir de 2013 que supondrán otros 900 millones. El plan prevé también pasar a deuda pública 2.100 millones de la anualidad del déficit que debe ser amortizada.
También habrá medidas vía decreto. En concreto, un recorte a la retribución del transporte de energía de 50 millones y de 100 millones a los pagos por la atención del servicio en las islas, Ceuta y Melilla. Estos recortes afectarían a grandes empresas como REE.
Los detalles de la reforma han caído como una bomba en el sector. Fuentes de las empresas más perjudicadas, las tradicionales, propietarias de nucleares, hidroeléctricas y parques eólicos, destacaron que el plan de Industria pone en riesgo la actividad de generación, compromete la financiación de las compañías (abocadas a una rebaja de calificación) y deja en el alero a un sector fundamental para el país. Las compañías, que han batallado duramente por hacer valer sus tesis a través de la asociación patronal Unesa, creen que el Ejecutivo ha admitido una idea equivocada: que las centrales nucleares e hidroeléctricas están amortizadas y perciben retribuciones injustificadas.
En el sector de las renovables, las empresas más perjudicadas son las fotovoltaicas, que han advertido de las consecuencias de soportar nuevos recortes incluso para la banca que les facilitó los créditos para desarrollar las instalaciones. Para las empresas termosolares, con menos facturación, las medidas tendrían, en principio, un menor impacto.
Las cotizaciones de las compañías eléctricas que cotizan en Bolsa caen hoy con fuerza en Bolsa tras conocerse los planes de Industria, en medio de un mercado a la baja. La más golpeada es Iberdrola, con un retroceso que ha llegado a ser del 4%. Los retrocesos de Endesa y Gas Natural se situaban en torno al 2% hacia el mediodía, en un mercado que retrocedía el 1,5%.
Fuente: El Pais
Hace unos días nuestro querido Ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Manuel Soria, hizo una declaraciones un tanto sospechosas de faltar a la verdad en cuanto al mercado eléctrico y a la introducción de las energías renovables en él se refiere.
Primero justifico la moratoria a las renovables y su retroactividad de la siguiente manera: «que el coste de las energías renovables tanto eólica, como fotovoltaica y termosolar ha ido disminuyendo paulatinamente y afortunadamente a lo largo de estos diez años. Por tanto el nivel de primas que tenia hace diez años ya no se justifica e incluso en algunas tecnologias como la eólica y la fotovoltaica ya se pueden producir a precio de mercado«
Haciéndonos eco de la web amiga Suelo Solar, hay que advertir que a pesar de que en las Islas Canarias se haya conseguido la paridad de red (Grid Parity, en su expresión en inglés) debido a las características de su red y por su situación aislada del resto de la Península, en el resto de España no sucede igual y aún es necesario ayudar a las tecnologías de generación eléctrica que aporten beneficios medioambientales al conjunto de la sociedad. Por tanto, advertimos que el Ministro mintió en sus declaraciones ya que multitud de expertos coinciden en que la paridad no se ha conseguido, aunque cierto es que se conseguirá en un corto periodo de 2-3 años.
Siguió justificando el porqué de esta medida así: «el volumen de proyectos inscritos que tienen derecho a prima asignada – porque se han concedido durante los años 2005 a 2011-, si se ejecutaran todos entre el 2012 a 2020 comportaría un nivel de prima mayor a 70.000 millones de euros. El sistema no se puede permitir este elevado nivel de costes en los próximos diez años porque ó iría a los balances de las empresas eléctricas…cosa que no puede ocurrir, ó iría al déficit público porque lo financiaría el Estado cosa que tampoco puede ocurrir, ó tendría que ir a la factura de la eléctricidad con los consiguientes incrementos… por lo tanto hay que poner orden en todo esto.
Un primer paso ha sido el Real Decreto Ley 1/2012 en virtud del cual a partir de la fecha de su promulgación ya no se asignan más primas a futuro. Ello no quiere decir que no siga habienda una apuesta a futuro muy clara por las renovables. Hay que ver que cantidad de energias renovables podemos pagar.«
Con esta decisión, José Manuel Soria, ha paralizado toda una industria cualificada y puntera a nivel mundial, capaz de desarrollar productos y diseñar instalaciones de altísima calidad las cuales eran encargados por compradores internacionales.
Y es que con el panorama nacional en el que estamos inmersos parece mentira que el propio Gobierno tire piedras sobre su propio tejado destrozando un sector capaz de competir de tú a tú con las mayores potencias mundiales aumentando la competitividad del país; algo que pide a gritos día sí y día también para otros sectores.
Obviamente, muchas grandes empresas expandieron sus negocios a otros países internacionalizando su mercado, como dicen los economistas, por lo que la medida no les ha afectado completamente. Pero éstas son pocas y, por contra, la mayoría de empresas energéticas son PYMEs e ingenierías de ámbito exclusivo nacional a las que se les a obligado a cerrar el negocio aumentando la, ya muy larga, cola del INEM español.
Fuente: Suelo Solar