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Esta semana pasada conocimos que la empresa propietaria de la central nuclear de Garoña, Nuclenor (participada al 50% por Endesa e Iberdrola),  no ha solicitado a tiempo el permiso de renovación para poder seguir explotando esta central hasta 2019.

El portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, tachó de «irresponsabilidad» y de «incomprensible» la decisión de la empresa, ya que según dijo, renunciar al permiso de explotación es una «frivolidad absolutamente incomprensible» por parte de Endesa y de Iberdrola, más aun cuando ambas empresas solicitaron al Gobierno la derogación de la orden ministerial con la que el Gobierno socialista propuso el cierre de esa central nuclear para 2013.

Aunque desde Nuclenor no se ha dado una explicación formal sobre el cambio de opinión, Hernando tachó de «sorprendente» que la marcha atrás de Nuclenor se pudiera justificar por la existencia de incertidumbres regulatorias. «Sería muy preocupante que eso se pueda interpretar como un chantaje contra el Gobierno, lo cual sería muy grave», dijo.

Y tan grave. Pero no ya por el chantaje en si, sino por las implicaciones que tiene todo este asunto. Resulta que el Gobierno anda preparando su cacareada reforma energética, que ha enfrentado a los responsables de la cartera de Industria y Hacienda, disputa en la que ha tenido que mediar la vicepresidenta Sáenz de Santamaría para que no llegara la sangre al río. Y precisamente en esa reforma van incluidas algunas medidas impositivas a la actividad de la energía hidráulica y nuclear.

Pues bien, vistas las orejas del lobo, ahora resulta que Endesa e Iberdrola se piensan lo de mantener a Garoña abierta, porque claro, no es lo mismo si ahora vienen y nos ponen un impuesto a nuestra maravillosa producción nuclear. Cuánta codicia esconde el sector energético, que parece venir a usar el «así no juego», que solíamos usar de niños, cuando alguien imponía alguna regla o condición en el juego que no nos favorecía.

Y cuan traicionados se han sentido los gobernantes del PP, que habían hecho suya la causa de las todopoderosas eléctricas (donde más de uno sueña con un retiro dorado tras su paso por la política), y que ahora han quedado en evidencia, sufriendo de la ya demostrada en el pasado insolidaridad de estas empresas.

Cuando las cosas vienen mal dadas y se viven tiempos difíciles, es cuando se demuestra quien es amigo de verdad y quien no. Y en estos momentos, las compañías eléctricas y el Gobierno parece estar revisando su  tratado de «amistad», dados los últimos malos gestos que han estado protagonizando.

Desde nuestra humilde tribuna esperamos que estas circunstancias ayuden a que el Gobierno se tome en serio su responsabilidad sobre el tema y deje de tener en cuenta tanto a las empresas energéticas, que siempre caen de pie, como los gatos (siguen con enormes beneficios a pesar de la crisis) y empiecen a pensar un poco más en los ciudadanos, que a parte de pagar la electricidad más cara del mundo, acecha sobre nuestras cabezas la enorme losa del déficit tarifario.

Redacción Efimarket