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La reforma energética que se aprobará en breve incluye una tasa a las energías renovables que proporcionará 850 millones al sistema eléctrico y se aplicará según la eficiencia de las plantas, es decir, a más eficiencia en la generación, menos tasa. Otra tasa gravará también a la energía hidráulica y la energía nuclear (tal y como se venía pidiendo desde varios asociaciones e interlocutores del sector de las renovables y afines) con lo que el coste de la reforma para las eléctricas tradicionales será de otros 1.900 millones.

Las espadas aun están en alto. Las empresas de los distintos sectores eléctricos intentan indagar sobre el contenido de la nueva reforma energética que el Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros esta semana o la siguiente, y que pinta mal para todos. Fuentes próximas al Ejecutivo dan por hecho que se va a aplicar una tasa a la producción hidráulica, a la nuclear y otra más a las energías renovables.

Estas mismas fuentes calculan que los ingresos por esta tasa a la generación verde será de unos 850 millones de euros y dependerá de la eficiencia de las plantas. Por tanto, el coste para cada tecnología dependerá del ratio de eficiencia que se aplique: si se mide la relación entre el precio del kilovatio y la producción, las más castigadas serían la fotovoltaica y la termosolar.

En el sector fotovoltaico calculan que los ingresos se reducirán entre un 14% (el caso de las plantas que se rigen por el real decreto 661) y el 20% (las posteriores a dicho decreto). A esto hay que añadir la actual moratoria, por la que estos productores ya han dejado de percibir parte de las primas que les corresponden durante un periodo revisable de 3 años.

En el sector eólico se oponen a un gravamen igual para toda la generación, pues el impacto en los resultados de las empresas renovables sería mucho mayor proporcionalmente que en los de las eléctricas tradicionales. El Gobierno opta por una tasa ante la dificultad jurídica de recortar las primas del régimen especial, ya que recortar primas plantearía un grave problema de inseguridad jurídica que afectaría negativamente a la inversión de capital extranjero en nuevas plantas solares y eólicas.

A la hidráulica y las nucleares todo indica que se les aplicará un gravamen distinto. Se calcula que de los 4.500 millones que el Gobierno pretende aportar al sistema eléctrico, entre recorte de costes, nuevas tasas y subidas de la luz, 1.900 millones de euros corresponderán a las utilities tradicionales.

Esta cifra incluiría también un ajuste de otros costes del sistema, como el de los pagos por capacidad. El ministro de Industria, José Manuel Soria, también ha apuntado la posibilidad de recortar la llamada interrumpibilidad, un precio especial de que disfrutan los grandes consumidores industriales a cambio de un servicio que no se ha activado desde mucho antes de que se desencadenase la crisis económica. Este consiste en que esos grandes consumidores pueden ser desconectados con preaviso en caso de que Red Eléctrica necesite gestionar una demanda superior a la energía disponible en ese momento en la red.

Otro de los pilares de la reforma, la subida del impuesto de hidrocarburos o el de la electricidad que grava la factura de la luz (el conocido como céntimo verde), está en entredicho ante la dificultad de establecer un vínculo entre los ingresos que se recauden y la financiación de costes del sistema eléctrico, como las primas de las renovables. La propuesta del ministro Soria y del jefe de la Oficina Económica de Presidencia, Álvaro Nadal, no ha sido bien recibida en Hacienda, y el Ministro Montoro ya dio muestras de desacuerdo la semana pasada..

Queda también por ver si el Gobierno aprueba una subida de los peajes de acceso, que financian el déficit de tarifa, entre otros, y que no fue incluida por problemas de procedimiento en la subida de la luz de casi el 4%que entró en vigor ayer. Esta subida es solo la parte correspondiente al precio de la energía, pero no incluye los peajes.

Para revisarlos, Industria debe remitir una propuesta de orden ministerial a la Comisión de la Energía (CNE), que debe emitir un dictamen preceptivo. Podría hacerlo bien entrado este mes de julio, con carácter retroactivo desde el día 1. Algo que ya hizo en abril respecto a las tarifas del segundo trimestre.

Las medidas no logran atajar el déficit tarifario

Aunque las medidas de la llamada reforma eléctrica van dirigidas a acabar con el déficit de tarifa, la hipoteca es tal y las circunstancias tan graves, que el Gobierno no podrá lograr su objetivo. Así, incluso contabilizando los 3.240 millones que el Gobierno inyectó al sistema el pasado 30 de marzo, vía recortes de gastos (1.700 millones) y subida de la tarifa (1.640 millones), el límite del déficit tarifario que la ley permite para este año, 1.500 millones, ya se ha superado. Sin contar estas medidas, el déficit de este año se situaría en 29.000 millones de euros.

Dos son las razones principales: que la caída de la demanda de electricidad está siendo mucho mayor de la prevista por el Gobierno para este año y que los Presupuestos del Estado no van a asumir los extracostes de los sistemas extrapeninsulares, que deberá cargar la tarifa y representan anualmente unos 1.800 millones.

Para el cálculo de estimación de la demanda para elaborar la orden de tarifas de enero, el ministerio tomó como referencia los datos del operador del sistema, REE, recogidos por la CNE. Sin embargo, el regulador energético ya ha advertido de este desfase en sus últimos dictámenes. La demanda en el primer semestre ha caído un 1,7%.

Pero lo que más agravará el déficit de tarifa es el coste de las extrapeninsulares de 2012 que sigue figurando en los Presupuestos (concretamente, un 75%) pero que irán a la tarifa y que aflorará el año que viene, cuando la CNE haga las liquidaciones correspondientes de este año.

La ley establece que en 2013 el déficit de tarifa será cero (el titulizable, se entiende) y dada la dificultad para cumplir este objetivo, en el sector piden que se prorrogue durante un año ese límite.

Las cifras