Partamos de un dato objetivo: en nuestro país, alrededor del 60% de los hogares fueron construidos antes de 1980. O lo que es lo mismo, la mayor parte de estos fueron ejecutados en base a criterios bien económicos o bien de otra índole, pero en ningún caso, bajo preceptos de eficiencia energética. Resulta común encontrar edificios con aislamientos deficientes, con ventanas inadecuadas o con sistemas de calefacción desfasados que son propensos al despilfarro.
Entonces, ¿en que lugar nos deja esto? Pues bien, resulta que nuestro parque de viviendas presenta un amplísimo margen de mejora, y ahí tenemos un campo en el que avanzar e invertir. Porque a la larga cualquier inversión en aspectos de eficiencia será rentable.
«Se puede y se deben transformar diez millones de viviendas construidas antes de 2001 en hogares de bajo consumo y baja emisión de gases de efecto invernadero», según Albert Cuchí, arquitecto y profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, tras la presentación del informe «Una visión-país para el sector de la edificación en España», en la versión local del Congreso Nacional de Medio Ambiente (Conama) organizado en Vitoria, capital verde europea de 2012. Cuchí y Peter Sweatman, director general de Climate Strategy&Partners, son los autores de este estudio que pretende ser una hoja de ruta para el nuevo sector de la vivienda.
Impulso al empleo
«Rehabilitar 10 millones de viviendas –prosigue Cuchí– generará hasta 130.000 empleos directos estables entre 2012 y 2050. Para ello, será necesario invertir 160.000 millones de euros (10.000 millones para rehabilitar entre 250.000 y 450.000 viviendas al año), que permitirán reducir el consumo de calefacción en un 80 por ciento y disminuir el consumo de energía para el agua caliente sanitaria en un 60 por ciento». Y he aquí un dato muy importante, ya que no solo se conseguirá reducir hasta alrededor de un 35% de emisiones procedentes de las viviendas, ya que además se fomenta la rehabilitación en lugar de la nueva construcción, con el asociado ahorro energético que esto conlleva. «El 50 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que se generan en un edificio se emite durante su construcción, el otro 50 por ciento durante toda la vida del edificio. De hecho, para construir un metro cuadrado se generan 700 kilos de CO2 en la producción de los materiales», recuerda Cuchí.
En cambio, «no hacer esta rehabilitación supondrá un coste de 300.000 millones de euros por el derroche energético (e importaciones de hidrocarburos) y generación de emisiones», afirma Cuchí siguiendo en la misma linea.
Algo que España no se puede permitir precisamente, ya que tenemos que incrementar en un 20 por ciento la eficiencia energética de aquí a 2020, según lo acordado en Europa. Así como reducir la huella de carbono del parque inmobiliario, hoy responsable del 40 por ciento del consumo de energía final y del 36 por ciento de las emisiones de CO2 en la UE. «De ahí que uno de los principales yacimientos de ahorro esté en la rehabilitación energética de los edificios», coincide Roberto Bermejo Gómez de Segura, profesor del Departamento de Economía aplicada de la Universidad del País Vasco.
Pero para promover la rehabilitación energética de los edificios, resulta vital un marco regulatorio adecuado. Y en España la normativa está preparada para hacer nuevos edificios, pero no para rehabilitarlos. «Todos los mecanismos de financiación están hechos para edificios de nueva construcción», afirma Cuchí.
Una vez dados estos pasos, una opción para avalar que los edificios están rehabilitados energéticamente es certificándolo. Lo que será un plus a la hora de poner en alquiler los pisos. Algo en lo que España lleva retraso respecto a nuestros vecinos europeos. De hecho, hace sólo unas semanas la Comisión Europea demandó a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplir la directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, ya que en nuestro país los requisitos de entrega de un certificado de eficiencia energética se aplican únicamente a los edificios nuevos y a los existentes que hayan sufrido una importante renovación, en vez de hacerlo para todos los tipos de edificios, tal y como estipula la directiva europea.
El papel protagonista de las ESE
«España ha traspuesto dicha directiva dejando fuera al 90 por ciento del parque inmobiliario», explica Rafael Herrero, presidente de la Asociación de Empresas de Servicios Energéticos (Anese). Herrero recuerda que existen medidas para que la financiación de rehabilitación no suponga una derrama. «Una comunidad de vecinos o el dueño de un edificio puede elegir entre hacer con nosotros un contrato de ahorros compartidos o uno de ahorros garantizados para siete años. Una vez que identificamos qué medidas de ahorro hay que hacer, la comunidad va a un banco para pedir inversión. Después valoramos cuánto va a ahorrar, y es entonces cuando deciden si pagan la inversión con nosotros a través del ahorro o si pagan directamente la inversión, con lo que el cien por cien del ahorro se lo queda la comunidad», explica Herrero. Una opción muy óptima, siempre y cuando se supere el bache de pedir financiación al banco.
Otras fuentes para financiar el coste de la rehabilitación de viviendas consisten, según el informe, en: maximizar el presupuesto nacional; asignar un valor a las reducciones de CO2, y reducir el riesgo asignado a los retornos de las inversiones en eficiencia energética.
De cualquier forma, lo importante es la generación de alternativas sostenibles al modelo económico tradicional de este país que en las últimas décadas se basó en el denominado boom inmobiliario que tanto daño ha hecho a nuestras, otrora boyantes, finanzas. Esperemos que la lección que bien aprendida y no caigamos en el mismo error, aunque ya se sabe: el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en el mismo ladrillo.
Fuente: La Razón