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26/03/201427/11/2017

Juez Elpidio Silva: "las eléctricas nos deben 5.000€ a cada ciudadano"

“Usted regula el precio, usted se come el precio“. Ante más de 300 espectadores, otros 500 por internet y 8 asociaciones y expertos energéticos, el juez Elpidio Silva se mostró así de rotundo el jueves pasado en el Ateneo de Madrid y añadió que no es verdad que las eléctricas necesiten un “tercer rescate” europeo que al final asume el ciudadano por la vía del Estado, como ha ocurrido con la quiebra del sector bancario provocada por Bankia. El “lobby” eléctrico pretende cobrar lo que llama “déficit de tarifa” (1000 euros por cada contador) pero el magistrado lo niega porque ese déficit está “mal calculado”: “en realidad nos deben a cada ciudadano 4000 o 5000 euros“. Continuar leyendo «Juez Elpidio Silva: "las eléctricas nos deben 5.000€ a cada ciudadano"»

16/03/2012

La luz subirá en Abril

Nuevas y no buenas noticias las que nos llegan desde el Ministerio de Industria del nuevo Gobierno de Rajoy. En unas declaraciones de ayer mismo, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró que no descarta subidas de la luz y ha rechazado la aplicación de una quita para la deuda del Estado con las eléctricas. Además, ha advertido de que la reforma energética que prepara el Gobierno pasa por un «aumento significativo por el lado de los ingresos y también por una disminución en los costes».

«No descarto subidas en el segundo trimestre», afirmó el ministro durante un desayuno organizado por Intereconomía Conferencias, en alusión a una subida de tarifas de luz. «Si hablamos del conjunto de medidas que puedan contribuir a la desaparición del déficit, sería faltar a la verdad hablar del conjunto de medidas adoptables sin subidas de tarifas», añadió.

Soria señaló además que su departamento no se ha «planteado en ningún momento una quita» de la deuda a las eléctricas y aseguró que la solución debe «repartirse», ya que cargar el déficit sobre el consumidor sería «insostenible», al tiempo que hacerlo sobre los operadores resultaría «dañino» e «insoportable» para sus balances.

El ministro de Industria dejó abierta la puerta a una posible quita el pasado 26 de febrero, cuando aseguró que «se puede hablar» con las compañías eléctricas acerca de la posibilidad de que estas empresas asuman «una parte o no, de forma directa o indirecta», del déficit de tarifa del sistema eléctrico. La patronal eléctrica Unesa advirtió de que una quita en el déficit de tarifa sería una medida «ilegal» y que «no lo aceptarían nunca».

Medidas que no serán «fáciles»

En todo caso, Soria aseguró que la reforma hará énfasis en el cumplimiento de la «más estricta legalidad» para garantizar la seguridad jurídica y que su departamento la elaborará de forma «independiente», esto eso, tras escuchar a los agentes del sector, pero sin seguir los dictados del regulador, los operadores, consumidores o administraciones, y sobre la base del «interés general».

Para el ministro, el déficit de tarifa no es un problema del sector eléctrico, sino «de la economía en su conjunto». El Gobierno, dijo, «no va a ser pasivo ni complaciente en su resolución», ya que sabe que la situación económica «no está para bromas», y está dispuesto a adoptar medidas que no serán «sencillas y fáciles».

Reforma para diez años

Soria también indicó que, aparte de la solución del déficit, las medidas del Gobierno pretende «definir el sistema energético para los próximos diez años». Para ello, trabaja en la actualidad en «ajustar y afinar» las medias, de modo que, si bien antes de abril puede conocerse alguna iniciativa «coyuntural», el «paquete global tardará algo más de tiempo», aseguró.

Como parte de la reforma, el Gobierno «no va a infrautilizar ningún tipo de energía primaria». Prescindir de las nucleares sería «un lujo», al tiempo que las ayudas al carbón seguirán debido, entre otros motivos, a las «connotaciones en algunas zonas más allá de lo estrictamente económico».

Sin aludir a medidas como tasas a la producción nuclear, el ministró aprovechó su alusión a esta tecnología para recordar que los operadores de las plantas, como el resto de los agentes del sector, tienen que hacer esfuerzos para la resolución del déficit.

Sobre las energías renovables, destacó el decreto sobre autoconsumo fotovoltaico en el que trabaja el Gobierno como medida para mejorar la eficiencia e indicó que, en el entorno actual, «no parece que lo más adecuado sea impulsar nuevos incrementos de capacidad instalada» mediante primas.

Desde Efimarket os recomendamos emprender ya medidas para el ahorro energético, porque desde luego el panorama «pinta mal». En nuestra tienda podreis adquirir todo tipo de productos para reducir vuestro gasto energético, y además en nuestro Blog os contamos los trucos y medidas más efectivas para lograr reducir vuestra factura de la luz.

Fuente: El Economista

06/03/2012

La Opinión de la semana. Estafas de muchos Voltios

Esta semana queremos compartir con los lectores del Blog de Efimarket una tribuna de opinión que nos ha llamado la atención porque abunda en las oscuras actividades irregulares que presuntamente realizan las compañías eléctricas a la vista de todos sin mayores consecuencias. Se trata de la tribuna escrita por Antonio Morales Méndez, Alcalde de Agüimes (Las Palmas). Y ya sin más os dejamos con su artículo.

Resulta curiosísimo, pero la realidad es que lo que les voy a contar en estas primeras líneas ha pasado prácticamente desapercibido para la mayoría de la ciudadanía de este país.

Efectivamente, son muy pocos los medios de comunicación que se han hecho eco de la noticia de que la Comisión Nacional de la Competencia ha sancionado hace unos días a Endesa con dos multas de un total de 23 millones de euros por aprovecharse de su dominio en el mercado, distorsionar la competencia y cobrar a sus clientes indebidamente. Pero esto no es nuevo, ya que el año pasado la misma eléctrica fue penalizada con 26,61 millones por formar un cártel con otras cuatro empresas del sector y además Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, HC Energía, Eon y la patronal UNESA tuvieron que afrontar un castigo de 61,2 millones por pactar precios y estafar al consumidor.

También la pasada semana el Tribunal Supremo confirmaba, tras una pelea judicial de cinco años, que Iberdrola deberá pagar una multa de 38 millones de euros impuesta por la CNC por abuso de posición de mercado. Pero es más, esta misma empresa acaba de ser de nuevo penalizada, esta misma semana, con una nueva sanción de 10,68 millones de euros por el traspaso de clientes desde la comercialización de último recurso hasta la del mercado libre. Como pueden comprobar, son unos angelitos. Acuden a las trampas una y otra vez conocedores de que si los cogen pagarán una minucia al lado de las ganancias multimillonarias que les procuran esas prácticas ilícitas.

Y andan además eufóricos. Enfervorizados por la llegada del PP al poder no cesan en los últimos días de presionar para hacer posible la ejecución del programa energético de FAES que ellos mismos redactaron. Bueno, ellos y los que hoy son responsables del IDAE (el pro nuclear Fidel Pérez Montes) y de la Secretaría de Estado de Energía (Fernando Martí), sin olvidarnos del propio Aznar, asesor de asuntos internacionales de Endesa y Luís de Guindos exconsejero de la misma compañía. Así aparecen continuamente en los medios de comunicación pidiendo que se detenga la inversión en renovables; que se suban las tarifas para cubrir el fuerte déficit que dicen soportar, a pesar de que España es el tercer país europeo con la energía más cara; que se pare en seco el desarrollo de las energía solares con preasignaciones o sin ellas; que se penalice el consumo eléctrico excesivo (en realidad una subida encubierta) y que se eliminen los costes de interrumpibilidad y la financiación de los planes de ahorro; que se establezca una moratoria para inversiones en gas innecesarias, que no es otra cosa que suprimir los peajes que les suponen los costes de inversión y explotación de las infraestructuras del sistema de almacenamiento y distribución del gas, para que los paguemos todos…

Pasando por alto que la UE acaba de señalar que España es el país europeo más contaminante, el gobierno del Partido Popular y el brazo ejecutor de José Manuel Soria apoyan a las eléctricas en su peligroso juego – lógico, lo diseñaron conjuntamente- y escenifican una apuesta decidida por las nucleares, por las extracciones masivas de crudo en nuestros mares y por eliminar las primas a las renovables, propinando al sector un hachazo de incalculables consecuencias. Por cierto, ante la excusa de que las subvenciones a las renovables son las causantes del déficit eléctrico (tramposo, adulterado, sin tener en cuenta el beneficio sobrevenido de más de 3.000 millones de las nucleares y las hidroeléctricas y los otros tantos por los costes de la transición a la competencia… ), la agencia de calificación Standard & Poor’s ha salido al paso afirmando que ese no es el motivo y que en cualquier caso solo “aliviará ligeramente” la presión sobre el déficit. También el presidente de Abengoa ha dejado claro que la energía termosolar ha recibido, hasta 2011, 605 millones de euros, lo que representa el 2% de la cantidad acumulada del déficit tarifario, mientras, como dice el Cluster Ricam, sólo en Canarias el gobierno español subvenciona a las centrales térmicas de Endesa con 1.300 millones de euros, siendo aquí las renovables mucho más baratas. Igualmente un estudio de Deloitte confirma que las energías renovables no solo no han provocado déficit de tarifa en los últimos cinco años sino que, al contrario, han procurado un ahorro neto al sistema de 9.173 millones de euros y la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) sostiene que el empleo de renovables y otros elementos correctores, que pasan por eliminar ineficiencias y optimizaciones del sistema, ahorrarían 6.800 millones al año.

Y mientras confirman el magnicidio a las renovables, asistimos desarmados a la escasez real y geoestratégica del petróleo y el gas y al aumento imparable de sus precios, notablemente superior al conjunto de las primas concedidas a las renovables: solo en el 2011 el precio de las importaciones de gas y petróleo se ha elevado en un 30% en España. En su informe “El precio del petróleo y su efecto potencial”, el Banco de España acaba de confirmar que esta situación afecta gravemente al crecimiento español, haciéndose notar en la productividad, el stock de capital y en el desempleo estructural. En Canarias, los empresarios expresaban su preocupación hace muy poco porque el alza de precios amenaza la recuperación de nuestra economía.

Estamos presenciando una huida hacia delante, de gravísimas consecuencias, de las eléctricas y sus cómplices políticos. Dependemos cada vez más de los combustibles fósiles y agravamos nuestra subordinación energética; anulamos la creación de un tejido industrial innovador; quebramos la primacía mundial de España en investigación, desarrollo e implantación de energías limpias; renunciamos a la creación de un importante nicho de empleos y se manda al paro a miles de trabajadores; echamos por tierra uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía; potenciamos la emisión de contaminantes, lo que crea graves problemas de salud y gastos sanitarios, ocasiona muertes y potencia el cambio climático…

Frente al interés general constatamos el enorme poder de las eléctricas (muchas de ellas extranjeras y con capital público de otros países) sobre el Gobierno, el Partido Popular y, desgraciadamente, sobre una parte importante de los partidos políticos españoles. Temen perder su posición de poder, que se democraticen las energías, que una tercera revolución industrial los ancle en el pasado… Menos mal que estamos en el Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos (lo digo por terminar con un poquito de humor).

Antonio Morales Méndez

Alcalde de Agüimes

Vía Suelosolar

22/02/2012

Los miedos de las grandes eléctricas

Excelente artículo de Carmen Monforte en Cinco Días, que muestra el desconcierto que está creando el Ministro Soria a todos los niveles en el sector energético con sus primeras decisiones. Sin más, os dejamos con el artículo completo.

«Tendré en cuenta su petición, estudiaremos su caso». Esas son las frases habituales con las que el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, se despide cada día de la avalancha de interlocutores que han pasado por su despacho en los escasos dos meses que lleva al frente de la cartera. Y, a la vista de la experiencia de unos y de otros, la frase se podría completar con la coletilla: «Pero sin ningún compromiso».

La actitud receptiva de Soria, que no rechaza ninguna cita, es muy loada en el sector energético, pero no así su empeño en quedar bien con todos (su famosa frase «todas las energías caben» lo demuestra) y al mismo tiempo de eludir cualquier tipo de compromiso.

Las sospechas de que las medidas para solucionar los graves desequilibrios del sistema eléctrico, con un déficit de tarifa a la deriva, no están en manos del titular de Industria acrecientan el temor de empresas que, como las grandes eléctricas de Unesa, ven que todas las piedras se dirigen hacia su tejado. Ya sea en forma de quitas a la deuda que ellas financian, ya de una tasa sobre su actividad.

Nadie cree que la medida más relevante aprobada hasta ahora por el Gobierno en materia eléctrica, el real decreto-ley que suspende el pago de primas a las nuevas instalaciones renovables, haya sido elaborado por Industria. Todos apuntan al jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal. El contenido de una norma que no resuelve el acuciante problema del déficit y la nocturnidad con que fue aprobada echa por tierra la imagen dialogante que se empeña en transmitir el ministro canario.

Además, hace temer lo peor a las eléctricas, que no saben desde dónde vendrán los tiros, aunque sí que se van a disparar. Quemado el cartucho de un recorte de primas al régimen especial o, al menos, de una moratoria a los 1.200 MW termosolares inscritos en el prerregistro de Industria, el nuevo real decreto-ley limita la posición negociadora del Gobierno, que se ha quedado sin cartas que intercambiar con el resto de los implicados. Podría admitir excepciones a la moratoria (como han pedido Gobiernos autonómicos del PP, como Extremadura, Galicia y Canarias) o para ampliar la suspensión de primas (como han vuelto a reclamar las eléctricas respecto a la termosolar), pero el coste político de una marcha atrás resultaría demasiado elevado.

La decisión de Industria de solicitar un informe a la Comisión Nacional de Energía (CNE) sobre los ajustes necesarios para resolver los problemas del sistema eléctrico, se considera un truco o para ganar tiempo o para atribuir al regulador las medidas que se puedan adoptar.

La CNE, en una decisión que muchos consideran un error, lanzó hace un par de semanas una consulta pública que, más que aclarar las posiciones de los distintos interesados (que son de sobra conocidas), ha servido para revolver el gallinero y fomentar el ruido de los lobbies solares y el de muchos ciudadanos que han aprovechado la consulta para insultar a diestro y siniestro a un sector que no goza precisamente de una buena imagen.

El sondeo a través de la web de la CNE ha perjudicado, una vez más, a las grandes que están en el lado políticamente incorrecto frente a las renovables, que no cejan en su empeño de cobrar primas y seguir instalando capacidad, pese al hundimiento de la demanda y al creciente déficit.

Pero, ¿qué temen las eléctricas? El hecho de que el real decreto sobre la moratoria renovable haya evitado cualquier tipo de retroactividad (incluso la mínima, que acepta el Tribunal Supremo) se interpretó como una actitud del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, abducido por abogados del Estado, de no poner en cuestión la seguridad jurídica. Pero, a la vista de la retroactividad impropia que el Gobierno ha introducido en la reforma laboral, por ejemplo, con la eliminación de las indemnizaciones de los directivos de organismos públicos, nadie confía ya en que se vaya a respetar la seguridad jurídica.

Las eléctricas de Unesa no admiten sacrificio alguno, y menos aún a la vista de la moratoria incruenta aprobada por el Gobierno. Partidarias de a grandes males, grandes remedios, insisten en que se suban las tarifas, se recorten las primas del régimen especial y se liberalice el mercado (muerta la tarifa se acabó la rabia del déficit).

Tampoco parece preocuparles, como a la mayoría de agentes del sector, el funcionamiento del mercado mayorista o las subastas Cesur que determinan la tarifa cada trimestre.

Sobre sus intereses pesan dos amenazas: una quita de la deuda acumulada (a los 24.000 millones a 31 de diciembre habrá que sumar otros 5.000 millones este año), aún sin titulizar, y una tasa o impuesto sobre la nuclear y la hidráulica. Una medida esta que «sería el chocolate del loro», según indica el responsable de una compañía.

El runrún de una tasa es cada vez más persistente y, al parecer, el Gobierno estudia varias opciones: una windfall tax, que gravaría los llamados beneficios llovidos del cielo (lo que reciben las centrales en el mercado más allá de sus costes variables) y una tasa a la producción eléctrica o la generación de residuos (caso de la nuclear).

En este punto hay que distinguir entre el impuesto (la Constitución exige que no sea confiscatorio) y la tasa, que pagan solo los clientes que reciben el servicio. Sea como fuere, la medida requerirá de una nueva ley que modifique la normativa eléctrica y el Gobierno se enfrenta a un agrio pleito con las compañías.

Fuente: Cinco Días

22/02/2012

Las eléctricas denunciarán la quita del déficit

En Efimarket seguimos con atención todo lo relacionado con el déficit tarifario y sus consecuencias para ciudadanos y empresas, como pueden ser nuevas y probables subidas del precio de la electricidad. En este caso el Gobierno ha dado un toque de atención a las eléctricas, que ya han mostrado su indignación ante semejante posibilidad.

Las cinco grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y Eon España) tienen preparada su artillería judicial contra una hipotética aplicación por parte del Gobierno de una quita del déficit de tarifa que, a 31 de diciembre, sumaba 24.000 millones, de los que casi la mitad figuran aún en sus balances y sigue creciendo de día en día. Si en la reforma que el Ejecutivo de Mariano Rajoy está diseñando para resolver este agujero opta por una quita, se las tendrá que ver con las eléctricas de Unesa en Bruselas.

Una «expropiación» de este derecho de cobro, según la ha calificado la patronal, supondría la modificación de una norma con rango de ley, concretamente, la Ley Eléctrica, por lo que las afectadas no podrían recurrir a los tribunales nacionales. Pero sí a la Comisión Europea, a la que elevarían una queja contra una medida que consideran una «absoluta ayuda de Estado», de la que se estarían beneficiando sus competidoras del mercado de generación que no asumen su coste.

El reparto de la financiación del déficit de tarifa que el Gobierno socialista incluyó en un real decreto ley en 2005 siempre fue considerado una arbitrariedad, y no solo por las cinco grandes eléctricas a las que les «cayó el muerto». De hecho, siendo el déficit un desajuste de ingresos de las actividades reguladas (esto es, de las redes) su financiación no ha corrido a cargo de las distribuidoras, como debería, sino de las grandes generadoras de los cinco grupos incumbentes que cuentan con filiales de distribución.

Industria optó entonces por una solución poco ortodoxa al entender que las distribuidoras no contaban con recursos suficientes (sus ingresos rondan los 5.000 millones de euros anuales) para financiar el déficit, lo que hubiese provocado su quiebra. El polémico mecanismo era el siguiente: las distribuidoras que entonces recaudaban el dinero de los consumidores (desde julio de 2009 lo hacen las comercializadoras) se quedaban con la retribución que les correspondía y, el resto, lo liquidaba la Comisión Nacional de Energía (CNE) al resto de beneficiarios, siendo las últimos en cobrar las generadoras.

Si la liquidación no resultaba suficiente (lo que viene ocurriendo desde hace más de una década) las grandes eléctricas se convertían en acreedoras de un derecho de crédito con unos intereses no siempre exentos de polémica (en un primer momento se les aplicó el euríbor, un sistema que el propio ministerio consideró injusto, y más tarde el precio del mercado). La deuda se titulizaba posteriormente entre entidades financieras y desde hace un año se emite con el aval del Estado.

Sin embargo, desde 2005, la estructura productiva ha dado un vuelco, con la irrupción en el mercado de nuevas instalaciones de renovables (de grandes grupos como Acciona o Solaria) y muchos ciclos combinados de gas que explotan empresas ajenas a Unesa. Así, en 2010, del total de la potencia instalada (101.000 MW) a estas les correspondía una cuota del 62% (cifra similar en el caso de la producción) y el resto a sus competidoras.

Entre el fantasma de la quita y el de la tasa nuclear

El temor de los responsables de las eléctricas al fantasma de una posible quita de la deuda eléctrica se ha hecho patente en los últimos días. Una prueba de ello es la presión que están ejerciendo sobre la Comisión Nacional de Energía (CNE) para que certifique con urgencia las emisiones del déficit que está realizando a través del fondo de titulización (FADE), un requisito que exige la normativa. Estas presiones y la velocidad a la que están titulizando el déficit (para este año tienen 10.000 millones susceptibles de colocar con el aval público) responden al temor de un recorte de la deuda, algo que, según informes de la CNE solo podría hacerse sobre la deuda no emitida.

Es evidente que al déficit titulizado y ya en manos de terceros (entidades financieras) no se le puede aplicar quita alguna. Y, aunque la duda solo planea sobre la que aún no se ha emitido, hay expertos jurídicos que consideran que «el derecho de cobro reconocido hasta ahora no se puede tocar, esté o no titulizado». Otro tanto ocurre con la deuda titulizada aunque no cuente aún con los certificados correspondientes de la CNE.

En cuanto a la tasa o impuesto a la nuclear o la hidráulica que quiere aplicar el Gobierno, correrían la misma suerte: Bruselas. En el primer caso, las empresas recuerdan que la energía nuclear ya está gravada con una tasa, más concretamente los residuos que genera. Si en lugar de tasa (un gravamen que solo se puede aplicar a quienes reciben el servicio) es optar por un impuesto, las afectadas recuerdan que iría a los Presupuestos (a reducir el déficit público, no de tarifa) y que podría no ser compatible con el IVA y con los gravámenes medioambientales que ya aplican a la actividad eléctrica algunas comunidades autónomas.

Fuente: Cinco Días

29/10/2011

Los grupos energéticos siguen colocando políticos retirados

Excelente artículo publicado hoy en el periódico económico Expansión por Guillermo Escribano, que narra la ya tradicional contratación por parte de los grupos energéticos de políticos retirados. Sus sueldos son astronómicos, y además se les añade la ya conocida pensión vitalicia como exdiputado y otras prebendas y retribuciones que pagamos entre todos. ¿Será esta una de las razones por las que la mayoría de las políticas energéticas emprendidas por los últimos gobiernos (los dos de Aznar y los dos de Zapatero) siempre benefician a éstas empresas en detrimento del ciudadano?

Por su interés, lo reproducimos completo a continuación.

La agenda de un político tiene una función post electoral: encontrar asiento en el consejo de una gran compañía. Los grupos energéticos tienen un imán especial para los líderes retirados de la gestión pública.

Gas Natural-Fenosa, Endesa, Red Eléctrica de España (REE) y Enel destacan por haber hecho un hueco a los más variopintos políticos españoles en sus consejos de administración. El motivo suele repetirse en todas las compañías: abrir puertas hasta ahora cerradas.

Abengoa, grupo diversificado que también cuenta con cartera energética, ha sido en la última en mover ficha con el reciente fichaje de Ricardo Martínez, ex secretario de Estado de Presupuestos, y Alberto Aza, exjefe de la Casa del Rey e histórico asesor de líderes desde la época de Adolfo Suárez. Previamente, había incorporarado como consejero independiente al político socialista José Borrell, que ha desempeñado, entre otros muchos cargos, la presidencia del Parlamento Europeo.

Gas Natural-Fenosa fichó a Felipe González en diciembre del año pasado como consejero independiente. El expresidente del Gobierno, que además es accionista del grupo energético, cobra 126.000 euros brutos (86.000 netos) anuales por ocupar su asiento, además de las dietas y comisiones que se deriven de su trabajo.

Felipe González cobra 126.000 euros por su puesto en Gas Natural

José María Aznar, asesor externo

José María Aznar también se convirtió en asesor externo de Endesa poco después de que su predecesor en la Moncloa entrase en Gas Natural. Sin embargo, Aznar no está presente en la cúpula directiva de la eléctrica ni preside ninguna comisión.

El expresidente del Gobierno asesora al grupo presidido por Borja Prado en Latinoamérica y abre puertas de negocio en este mercado tan importante. De los 10.300 millones que Endesa invertirá hasta 2015, un 47% se destinará a los países del Cono Sur. Aznar recibe unos 200.000 euros anuales para tender puentes al otro lado del Atlántico.

Aznar se embolsa 200.000 euros por asesorar a Endesa en Latinoamérica

Endesa es especialista en hacerse con los servicios de políticos retirados. El grupo controlado por la italiana Enel tiene como consejeros externos independientes a Miquel Roca, exdiputado de CiU con asiento en la constructora ACS, y a Luis de Guindos, exsecretario de Estado de Economía. Cada uno cobra 684.000 euros por ocupar su sillón.

En Endesa también desempeñaron cargos de responsabilidad Pío Cabanillas, exministro portavoz, que después pasó a ocupar la dirección general de Comunicación e Imagen Corporativa de Acciona. En la gestión de este grupo de construcción y renovables también participan Javier Solana, ex alto representante de la Política Exterior de la Unión Europa (UE) en los últimos diez años, y Carmen Becerril, exsecretaria de Estado de Energía.

Miquel Roca y Luis de Guindos ganan 684.000 euros cada uno por figurar en el consejo de Endesa

Pedro Solbes, consejero

La política de Endesa parece heredada de su matriz italiana Enel. El exministro de Economía Pedro Solbes tiene un puesto desde abril en el consejo de administración del grupo. El fichaje es una consecuencia de la gestión de Solbes, que formó parte del Gobierno español cuando se autorizo la venta del 92% de Endesa al conglomerado transalpino. El sueldo bruto anual de consejero no ejecutivo en Enel ronda los 250.000 euros.

REE tampoco se queda corta a la hora de fichar líderes políticos. La compañía responsable de la red eléctrica cuenta con José Folgado, ex secretario de Estado de la Energía y diputado por Zamora, como consejero externo independiente. Folgado ganó 159.000 euros por formar parte del consejo.

Miguel Boyer, exministro de Economía y Hacienda de la era felipista y expresidente de CLH, también ocupa un puesto como consejero externo independiente en REE desde mediados del año pasado. Boyer percibe una retribución de 95.000 euros anuales.

Fuente: Expansión

En fin, una auténtica vergüenza. Quizá esto explique el por qué del famoso déficit tarifario. O los CTC (Costes de Transición de la Competencia). O los beneficios caidos del cielo (Windfall Proffits) obtenidos por las nucleares y las hidráulicas, por entrar en la casación de ofertas en el mercado de energía junto a las centrales de gás, con costes de generación mucho más eevados, y razón por la que las nucleares e hidráulicas obtienen un increible beneficio. O esa quizá tambien sea la razón de la defenestración del sector fotovoltaico. Y de la paralización de esperado Real Decreto de microgeneración y autoconsumo…

Mientras los ciudadanos seguimos pagando la electricidad, la gasolina, el gás y el agua cada vez más cara, estos señores se embolsan sueldazos seguramente por mover sus hilos y contactos y beneficiar a las grandes compañías energéticas. Lo que más nos indigna desde Efimarket es que después de que estas compañias nos intenten tomar por tontos, nos pasen publicidad de «actitud azul» o «electricidad verde» mientras saquean los bolsillos de ciudadanos y contribuyentes.

Quizá no podamos probar esa supuesta conexión entre políticas favorables a la patronal energética y ex-cargos políticos a sueldos de las mismas, pero de lo que si podemos acusar a nuestros políticos es de ineptitud y/o negligencia, por contribuir a que los españoles tengamos uno de los precios de la energía más caros de Europa. Por no hacer nada. Por conseguir que el precio de la electricidad haya aumentado un 75% desde 2005. Por saquearnos aun más, como si no fuera suficiente con la crisis financiera y la debacle inmobiliaria.

Desde Efimarket nos reafirmamos en nuestra misión de ofrecer las soluciones al ciudadano y a la pequeña empresa para poder escapar al menos de la esclavitud energética. Nosotros nos hemos rebelado contra la tiranía energética y os ofrecemos nuestros conocimientos, nuestra tecnología y asesoramiento para que también vosotros os beneficieis del ahorro. ¿Vais a seguir sin hacer nada? Luchemos entre todos.

Redacción Efimarket