Reproducimos a continuación el interesante artículo de Carmen Monforte publicado en el diario económico Cinco Días el pasado viernes. En el nos descubre el oscuro panorama oculto tras la nube de humo de las noticias económicas, pero que sin embargo tiene un paralelismo curioso. De hecho, el enorme déficit tarifario eléctrico se asemeja en cuanto a dimensiones a la deuda de la banca debida a la burbuja inmobiliaria. Pero ya sin más os dejamos con el magnífico artículo.
Según el diccionario de la RAE, una reforma es «aquello que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora en algo». Si nos atenemos estrictamente a este significado, la llamada reforma eléctrica no puede ser considerada como tal (ni la aprobada en marzo ni la segunda fase prevista para este mes), sino como una sarta de medidas para que los consumidores eléctricos, los contribuyentes y, en menor medida, las compañías del sector paguen pura y simplemente el déficit de tarifa acumulado, que rondaría este año los 29.000 millones de euros. Pero sin una verdadera reforma que racionalice el sistema a través de una revisión profunda de los costes y de las subvenciones del cambalache en que se ha convertido la tarifa de acceso, el mal de fondo persistirá. Díganlo Soria o Montoro.
Y es que se veía venir: el déficit acumulado en la última década, que se podría haber evitado con subidas asumibles en años de bonanza económica, y que habrían puesto coto al descontrol de la demanda y del exceso de capacidad, lo tendrán que pagar los consumidores en el peor de los momentos posibles, con el fantasma de un rescate a España rondando en el ambiente. La oportunidad se perdió hace tiempo, tanto para los consumidores como para las grandes eléctricas, que financian la deuda en tanto se tituliza en el mercado.
Además de las subidas de impuestos y de los recortes salariales o sociales de todo tipo aprobados y previstos para equilibrar las cuentas públicas que sangran por el lado de los ingresos, los ciudadanos van a tener que afrontar el pago de un déficit tarifario que poco o nada tiene que ver con la actual crisis financiera, sino con políticas electoralistas aplicadas en los últimos años. Ningún Gobierno se atrevió a subir suficientemente las tarifas para cubrir de verdad los costes reconocidos por ley ni tampoco a recortar dichos costes, a lo que se oponían los distintos grupos de presión.
El resultado: una deuda disparatada de los consumidores con las eléctricas, a la que estas tienen derecho y que han reclamado por vía judicial (solo la que ha excedido los límites legales). Así, solo por las refacturaciones de consumos desde octubre impuestas por el Tribunal Supremo al Gobierno, la tarifa de acceso subió en abril un 25%, un coste que se fraccionará en los recibos de la luz hasta finales de año. También las eléctricas, que aceptaron en su día el endiablado sistema consistente en esconder las subidas debajo de una alfombra y aplazar su pago a través de un sistema de titulización que, al contar con el aval del Estado, se ha dado de bruces con la crisis de la deuda soberana que dificulta la colocación de la deuda eléctrica.
En dos fases
Así las cosas, el Gobierno aprobó el 30 de marzo un real decreto-ley con medidas con las que el sistema eléctrico lograba 3.240 millones de euros. De estos, 1.640 millones corren por cuenta de los clientes (una subida de las tarifas de 1.580 millones y un recorte de los pagos por interrumpibilidad de la gran industria de 60 millones) y otros 940 millones por las eléctricas, que verán recortados los ingresos por la actividad de distribución en 690 millones. La cantidad restante, 660 millones, procede de supuestos remanentes del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) y de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), entre otros.
Consciente de que estas medidas apenas sirven para cubrir el descontrol del déficit de este año, el Ministerio de Industria prometió un segundo capítulo de «reformas» a aprobar en la segunda quincena de junio que irá acompañada, con total seguridad, de una nueva subida de la tarifa de acceso y, muy probablemente, de la tarifa de último recurso o TUR (la primera es la mitad de la segunda, que se completa con el precio de la energía).
No en vano, el martes de la semana que viene se celebra la subasta Cesur, en la que se determinará dicho precio en la factura del tercer trimestre. En función del resultado de la puja, el Gobierno jugará con una subida de tarifas, que introducirá en el proyecto de ley de la falsa reforma que se prevé aprobar en el Consejo de Ministros del viernes 29. A falta de un borrador y en medio de la confusión que generan las declaraciones del ministro de Industria, José Manuel Soria, todo apunta a que las medidas con las que el Gobierno pretende frenar el déficit de tarifa serán, esencialmente, de tipo fiscal. De hecho, quienes más trabajan estos días en el proyecto son los técnicos del Ministerio de Hacienda, señalan fuentes del sector.
Las medidas tributarias se centran en la aplicación del llamado céntimo verde (entre cuatro y cinco por litro de carburante) como un recargo del impuesto de hidrocarburos. Por esta vía se prevé recaudar unos 1.500 millones de euros que, en teoría, irían destinados a costear la promoción (primas) de las energías renovables. Sin embargo, la medida encierra un peligro: al ir a a las arcas públicas, y dados los graves problemas presupuestarios, no hay seguridad jurídica de que se destine a la tarifa.
Otra medida, la más confusa de todas es «el incremento de la imposición indirecta a la generación», según palabras de Soria. Dado que el ministro descartó que se tratara del IVA, solo cabría pensar en el de la electricidad, que ingresan las comunidades autónomas. Sin embargo, este tributo no grava la generación sino el consumo. En este punto de la madeja, hay quien considera que Soria se refería a los peajes que, desde diciembre de 2010, tienen que pagar las generadoras por usar las redes eléctricas. Sin embargo, ni es un impuesto indirecto ni se puede incrementar, pues lo que ahora pagan las compañías (0,5 euros por MW) es un límite fijado por la Unión Europea.
Negra situación financiera
Con todo, lo que preocupa a las empresas es la tercera medida que, sin concretar, consistiría en una tasa general sobre la producción, que variaría según las distintas tecnologías. Las empresas, que siguen lamentando la falta de interlocución con un Gobierno autista, consideran que este recorte de ingresos supondría «la puntilla» para un sector cuyas calificaciones crediticias rozan, según los casos, el bono basura o están en perspectiva negativa.
Ello, unido a la paralización de las titulizaciones de la deuda tarifaria, agravará la situación de uno «de los pocos sectores que aún se estaba librando de la crisis», como subrayó en su día el alto ejecutivo de una de las eléctricas.
Fuente: Cinco Días
La central nuclear de Garoña (Burgos) cuenta ya con la autorización en firme para funcionar otros seis años más, hasta 2019. Ayer se publicó la disposición que así lo establece en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Reproducimos íntegro el artículo de opinión aparecido en