Jorge Fabra Utray, en su tribuna de El País, disecciona el entramando energético que se está formando en torno al déficit de tarifa. En dicho análisis, el economista y ex-presidente de Red Eléctrica, entre otras, apela a una simple cuestión de números para desmontar el injusto sistema de tarificación y las descompesadas subastas eléctricas que no hacen más que favorecer a las formas de producción tradicionales a la vez que dificultan la implantación de un modelo energético basado en energías renovables, más limpias y más respetuosas.
Fabra se plantea cómo es posible que la factura eléctrica se haya incrementado en casi un 80% en los últimos 5 o 6 años a la vez que las grandes compañias no hacen otra cosa que aumentar beneficios y repartir dividendos.
A continuación, os animamos a que leais el artículo íntegro porque no tiene desperdicio:
En la electricidad, los números se imponen
La reforma de la regulación eléctrica es esencial para la competitividad de la economía, pero no acaba de ser comprendida en todos sus términos y en toda su dimensión. Su dificultad de comprensión ha permitido un deterioro de la regulación del mercado eléctrico y un extraordinario desequilibrio entre costes e ingresos en perjuicio de los consumidores y de las nuevas tecnologías.
Sin embargo, parece que la realidad de los números podría empezar a imponerse en la buena dirección.
En el contexto actual, el mantenimiento del statu quo en materia eléctrica es, simplemente, insostenible. El llamado déficit tarifario -que supera los 24.000 millones de euros- es la prueba irrefutable de su insostenibilidad. Si no fuera así, el Gobierno hubiera subido las tarifas eléctricas de manera visible y no hubiera escondido a los consumidores esas subidas en el déficit tarifario y en el traslado de parte de los costes eléctricos a los Presupuestos Generales del Estado (casi 3.000 millones), ni tampoco hubiera segmentado los recibos de la luz en recibos mensuales en lugar de, como siempre, en recibos bimestrales.
Es como si las subidas de la luz no lo fueran porque aplazáramos su pago -como si la parte hipotecada de una casa no fuera también precio de la casa- o como si pagar una misma cantidad en 12 meses fuera menor si en su lugar la pagáramos en seis bimestres. Desde 2004 hasta 2011 el recibo de la luz ha subido un 80%. De este porcentaje, un 60% ha sido pagado al contado y el 20% restante con la firma de una hipoteca (el déficit tarifario). Para colmo, esa deuda reconocida, retribuida con el Euribor más un spread, avalada por el Estado y cuya legalidad ha sido ratificada por los tribunales, se conmuta por un pago al contado mediante su titulización que supone, en valor presente, mayores costes para los consumidores que podrían estar cercanos a los 5.000 millones, según se comporten las primas de riesgo en cada tramo titulizado. Es como si el descuento de una letra fuera pagado por su emisor y no por quien prefiere el contado frente al cobro del nominal a su vencimiento. A los acreedores es a quien corresponde elegir el contado con descuento o el plazo con intereses, no a los deudores cuya solvencia ha sido avalada por el Estado.
En su discurso de investidura, Mariano Rajoy afirmó que el déficit tarifario es uno de «los problemas más complejos» y que no se puede solucionar aplicando «una subida de tarifas que recaiga sobre los consumidores castigando la competitividad de la economía». ¿Estaba planteando Rajoy un descuento del déficit tarifario? A su vez, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha anunciado su intención de llevar a cabo una «transformación relativamente profunda del modelo energético» con el objetivo de que la energía sea «segura, lo más barata posible» y disponga de un precio que «refleje exactamente los costes de producción». ¿Está el ministro reconociendo que los consumidores pagan más por la electricidad de lo que cuesta producirla? ¿Está el Gobierno considerando extraer parte de los beneficios que las empresas eléctricas generan en algunos negocios que escapan a los ajustes de la competencia?
Una respuesta afirmativa a estas preguntas sería una buena noticia para el año eléctrico que ahora comienza. Veamos por qué.
Hecho 1: en el mercado eléctrico, el precio que determina la retribución de todas las centrales en funcionamiento se fija según la oferta de la última central térmica necesaria para cubrir la demanda. El problema es que esa retribución es insuficiente para la mayor parte de las centrales de carbón, de gas y renovables, pero es excesiva para las centrales nucleares e hidroeléctricas. Sin el equilibrio retributivo que aporta la competencia (inexistente en los segmentos nuclear y de la gran hidráulica porque no es posible la entrada de nuevos competidores), no hay razón alguna que pueda avalar la eficiencia del mercado de electricidad. Las centrales que con los precios de mercado no cubren sus costes medios perciben complementos retributivos: pagos por capacidad, primas, etcétera, mientras que las centrales, que con los mismos precios obtienen beneficios muy elevados, mantienen esa retribución sin minoración alguna. Se trata del más claro y radical ejemplo de socialización de pérdidas y privatización de beneficios.
Hecho 2: desde 1997 hasta 2011, las centrales nucleares e hidroeléctricas han percibido ingresos muy superiores a los comprometidos bajo el marco regulatorio retributivo que amparaba la recuperación de sus inversiones. Ello es así porque en 2005 ya habían cobrado la totalidad de los Costes de Transición a la Competencia 8.600 millones; porque hasta que se suprimieron en 2006 los siguieron cobrando hasta alcanzar una cantidad superior a la que determinaba la Ley del Sector Eléctrico sin que ese exceso haya sido liquidado; y porque, desde entonces, han estado cobrando precios superiores a sus costes remanentes (cuestión completamente imprevista en el Protocolo Eléctrico de 1998, firmado con el Gobierno de José María Aznar, e inimaginable en el marco regulatorio anterior a la Ley de 1997). El que parte de estas centrales no estén todavía amortizadas o provisionadas es cuestión que solo compete a la política contable de cada empresa y en nada contradice la realidad económica subyacente sobre la efectiva recuperación de las inversiones históricas correspondientes -que es la que importa a la economía y los consumidores-. Si en términos de rentabilidad sobre los capitales realmente invertidos en los activos de generación, pudiera alguien no considerar desorbitados los beneficios de las empresas eléctricas, como sostiene la patronal UNESA, será, sin duda, porque sus asociadas tienen mediocres resultados en otros negocios que nada tienen que ver con lo que aquí se trata.
Hecho 3: el peso de las renovables tiene que aumentar considerablemente con horizonte en 2020 por tres razones: 1. contribuyen a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero; 2. su desarrollo, además de generar externalidades económicas positivas, permitirá que alcancen su plena madurez disminuyendo a medio plazo el coste de la generación de electricidad (debe desterrarse de una vez para siempre la española mediocridad de «que inventen otros»), y 3. España está comprometida con el cumplimiento de los compromisos de la Unión Europea.
La dificultad estriba en establecer una senda competitiva y eficiente que cumpla estas condiciones y objetivos. Pero la realidad es que las soluciones están siendo propuestas desde hace ya tiempo. Se trataría de extraer una parte de los ingresos excesivos que percibe el parque histórico de generación para neutralizar, durante los 8 o 10 próximos años, el coste del progresivo incremento de la energía renovable necesario para aumentar su peso en la dieta energética. También sería necesario eliminar muchas normas que, sin aportar valor añadido alguno, encarecen el suministro de electricidad. A título de mero ejemplo cabe mencionar las normas que regulan el suministro del último recurso.
En resumen, las declaraciones de los actuales miembros del Gobierno deberían concretarse en una reforma que recondujera los precios que pagan los consumidores de electricidad a los costes reales y justificados de su producción. Si, además, la minoración de los beneficios injustificados de las centrales nucleares e hidroeléctricas se utilizara para estabilizar los costes de una generación crecientemente renovable, estaríamos contribuyendo a una cuestión no solo clave para la gestión de la mayor amenaza que gravita sobre nuestro planeta -el cambio climático- sino también al cambio del modelo productivo que necesita España y a una mejora de la competitividad de nuestra economía que desde ningún otro sector podría lograrse: independencia energética, innovación, creación de empleo, mejora de nuestra balanza de pagos, contención de la contaminación y disminución de costes para las familias y las empresas. Para ello, es necesaria una profunda reforma estructural de la regulación eléctrica. Sí. Una reforma estructural. No para desregular sino para regular, tal y como propone sobre la energía el segundo manifiesto de economistas frente a la crisis [www.economistasfrentealacrisis.com] en su quinta propuesta.
Las buenas intenciones del Ejecutivo en materia energética quedarían ensombrecidas, sin embargo, por lo que pudiera ser su primera decisión: la prolongación de la licencia de la central de Garoña. Y parece que, contradiciendo no pocas de sus declaraciones, tal prolongación podría hacerse con un gratis total para las empresas. De confirmase esta sospecha, marcaría un precedente en Europa: en Alemania y Bélgica (antes de la catástrofe de Fukushima) se decidió alargar la licencia de los reactores previo pago de varios cientos de millones de euros. Aunque lo cierto es que el gratis total sí tiene precedentes en España, donde ya en 1997 el Gobierno prolongó la concesión de las principales explotaciones hidroeléctricas a cambio de… nada.
Esperemos, en cualquier caso, que en materia energética las buenas intenciones del Gobierno no se malogren por el camino. Así es que, como diría el maestro, permanezcamos atentos. –
Jorge Fabra Utray es economista y doctor en Derecho, miembro del Grupo de Reflexión sobre la Energía del Instituto Pascual Madoz de la Universidad Carlos III y ha sido presidente de Red Eléctrica (1988-1997) y Consejero de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) (2005-2011).
Fuente: El País
Como ocurre antes de las tempestades y huracanes más destructivos, una tensa y extraña calma se siente en todo lo que rodea al sector eléctrico en España, en los últimos días. En este mismo instante se halla pendiente una nueva emisión de deuda del Fondo para la Amortización del Déficit de Tarifa (FADE), la subasta CESUR para establecer los nuevos precios de la TUR (Tarifa de Último Recurso, la tarifa a la que se acogen la mayoría de consumidores en sus hogares) y la toma de medidas ante la reciente sentencia del Tribunal Constitucional en la que se declaraba no válida la congelación de tarifas ejecutada por el anterior Gobierno en sus últimos días.
La apisonadora reformista del Gobierno avanza firme hacia una nueva parada, quizá una de las más candentes: el sector eléctrico. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha lanzado en las últimas semanas varios mensajes que, aunque no permiten conocer cuáles van a ser los pasos concretos, sirven para poner sobre aviso al sector de que el Ejecutivo está dispuesto a adoptar medidas drásticas para atajar el déficit de tarifa, la deuda histórica que las compañías reclaman a los consumidores. Una factura que ya alcanza los 24.000 millones de euros y que no muestra signos de agotamiento. Se calcula que solo durante este año sumará 5.000 millones más.
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El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirma que el Gobierno prepara una «reforma profunda en las actividades reguladas» del gas con la finalidad de evitar que en este sector se produzca un déficit de tarifa como el registrado en el sistema eléctrico.
La agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s (S&P), en un informe publicado el pasado 12 de enero (el mismo en que bajó la calificación de nueve países) sobre el efecto que tendrá el déficit de tarifa y las incertidumbres políticas sobre el rating de las grandes eléctricas españolas, asegura que se han realizado «algunas colocaciones privadas adicionales no reveladas«, que estima en 1.400 millones de euros. Un extremo que han confirmado a este diario fuentes empresariales, que precisan que han sido seis operaciones por 1.406 millones.