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El 80 % de las inversiones de la Unión Europea (UE) destinadas a políticas de eficiencia energética desde el año 2000 se gastaron en proyectos que no cumplían este objetivo, denunció hace unos días el miembro del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), Harald Wögerbauer.

En la práctica, eso supone que 4.000 millones de los 5.000 millones de euros desembolsados por los Veintisiete con este propósito acabaron en obras en las que, como máximo, la eficiencia energética era un efecto secundario. En cualquier caso, Wögerbauer señaló que corresponde a la Comisión Europea (CE) decidir ahora si debe reclamar o no los fondos entregados.

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Dos veces al año, los europeos estamos obligados a adelantar y atrasar los relojes para gastar menos en iluminación. La idoneidad del cambio de hora está avalada por varios estudios de la Comisión Europea, y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) estima que, solo en España, puede ahorrar hasta 300 millones de euros. Sin embargo, son muchas las organizaciones que cuestionan su eficacia. ¿Sirve realmente para algo que movamos las agujas del reloj?

El cambio de horario, tal como hoy lo conocemos, se remonta al año 1974, cuando se produjo la primera crisis del petróleo. Entonces, algunos países decidieron adelantar sus relojes para aprovechar mejor la luz solar. Poco después, en 1981, se aplicaba ya como directiva en toda la UE.

Según el real decreto que transpone en España esta norma comunitaria, el horario de verano comienza el último domingo de marzo de cada año, a las dos de la madrugada. En ese momento, la hora oficial española se adelanta 60 minutos, por lo que ese día tiene una duración oficial de 23 horas. Ese periodo termina a las tres de la madrugada del último domingo de octubre, hora en la que los relojes se retrasan 60 minutos. Ese día (que en 2012 será el 28 de octubre) tiene, por lo tanto, una duración oficial de 25 horas.

Sin embargo, la idea no es nueva. La decisión de adelantar la hora oficial durante los meses con más horas de luz se ha adoptado en varias ocasiones en España desde las primeras décadas del siglo XX.

La primera norma publicada al respecto se remonta a abril de 1918, cuando se modificó la hora oficial “como medio de conseguir el ahorro de carbón”. Posteriormente, se aprobó el horario de verano mediante órdenes del Consejo de ministros. Tenía una vigencia anual, pero su frecuencia era irregular e intermitente, hasta que en el periodo comprendido entre 1950 y 1973 esta práctica fue abandonada por completo.

HASTA 300 MILLONES DE EUROS

Según un estudio realizado por la Comisión Europea en 1999, esta medida tiene impactos positivos sobre el ahorro y beneficia a sectores como el transporte y las comunicaciones, a la seguridad vial, las condiciones de trabajo, la salud, el turismo y el ocio.

Pero, ¿en qué medida nos ayuda a ahorrar? Según el IDAE, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el potencial de ahorro en iluminación en España puede llegar a representar un cinco por ciento de nuestro consumo eléctrico, lo que equivale a unos 300 millones de euros. De esa cantidad, 90 millones corresponden al potencial de los hogares, y suponen unos seis euros por hogar. Los 210 millones de euros restantes se ahorran en los edificios del sector servicios y en la industria.

Sin embargo, no son pocas las organizaciones que cuestionan las supuestas bondades de esta medida. Una de ellas es WWF, ONG ecologista que considera que el cambio de hora no tiene ningún impacto sobre el ahorro y la eficiencia.

Según Georgios Tragopoulos, técnico de Eficiencia Energética de esta organización, “son muchos los estudios que dudan de su eficacia”. “Cuando en otoño se retrasa el reloj, las empresas y familias que madrugan necesitan una hora menos de iluminación por lo que, si son negocios de horario matutino, el ahorro existe. Sin embargo, las familias se encontrarán con que la oscuridad llega a sus casas una hora antes de lo habitual, y gastarán por la tarde esa hora de iluminación ahorrada por la mañana”, afirma.

Por otra parte, lamenta que “tampoco dejan de gastar las empresas y oficinas que trabajan después de las seis de la tarde”. “Además”, añade, “muchos comercios abren a las diez de la mañana, por lo que no habrán ahorrado y requerirán una hora más de gasto por la tarde. A ellos, el cambio de hora les perjudica”.

Tragopoulos denuncia que “la única razón por la que se mantiene el cambio de hora es la inercia” y cree que mover las agujas del reloj “distrae de políticas más serias”. Por eso, apuesta por “cambios que hagan ahorrar todo el año”, como obligar a “rehabilitar energéticamente” los edificios.

Según calcula WWF, la rehabilitación de 400.000 viviendas al año hasta 2050 evitaría la emisión a la atmósfera de ocho millones de toneladas de CO2 y crearía 150.000 empleos hasta 2020. “Por un lado, combatiríamos el cambio climático y, por otro, crearíamos puestos de trabajo en un sector como el de la construcción, tan deprimido en este momento”, concluye.

Greenpeace, por su parte, ve “razonable” el cambio horario porque “contribuye al ahorro energético”, pero opina que “debería hacerse mucho más”. Así, esta organización cree que habría que adoptar compromisos de obligado cumplimiento e incluir los “costes reales” de la producción energética en los precios de la energía, “incluidos los ambientales”.

EL HORARIO DE CANARIAS, PARA TODA ESPAÑA

Ignacio Buqueras, presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, tampoco ve con buenos ojos el cambio de horario vigente. Según declara, el adelanto y atraso de los relojes “tiene una repercusión pequeña en materia de ahorro energético”. En su opinión, “lo importante es que España, de una vez por todas, tenga el uso del tiempo que le corresponde de acuerdo con los meridianos”.

“En el año 1897”, explica Buqueras, “Washington acogió la primera conferencia mundial sobre horarios, en la que participaron 22 países. En esa reunión, el mundo se dividió en 24 meridianos. A Europa le correspondieron dos: el que pasa por Berlín y el que pasa por Londres. Y nosotros estamos más cerca de Londres que de Berlín”, continúa.

Por eso, el presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios considera que “nos corresponde el mismo meridiano y la misma hora que tienen Canarias, Portugal e Inglaterra”. “Toda España debería tener el horario de Canarias, todo el año”, insiste.

La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles aboga también por introducir ciertos “hábitos” para dejar de despilfarrar energía, “empezando por algo tan sencillo como la pausa para el café que contemplan muchas empresas”. “La pausa para el café de 20-30 minutos que se concede se acaba convirtiendo en un descanso de 45 minutos y esto, junto a la comida, va prolongando la jornada”, señala.

Por otro lado, apuesta por no dedicar más de tres cuartos de hora al almuerzo, “tiempo más que suficiente para una sana dieta mediterránea”, y sugiere una jornada laboral que finalice en torno a las 16.30-17.00 horas.

La Comisión que lidera Buqueras asegura haber demostrado que aquellas empresas que optan por unos horarios racionales “han logrado tres cosas de singular importancia: aumentar la productividad, facilitar la conciliación de la vida laboral y personal del trabajador y, por último, reducir gastos, entre ellos, los energéticos”.

Fuente: lainformacion.com

En poco más de diez años, España ha logrado colocarse entre los líderes mundiales en energías renovables. El esfuerzo ha permitido que produzca una energía más limpia y ha reducido la dependencia energética del exterior.

Sin embargo, por el camino se ha olvidado otra ruta paralela hacia un estilo de vida sostenible: la de la eficiencia energética. Esa vía, que se construye a base de pequeños gestos como cambiar una bombilla, utilizar el transporte público o no pasarse con el aire acondicionado, puede ser, según un estudio que acaba de ver la luz, una forma más barata que las renovables para reducir las emisiones de CO2 y luchar contra el cambio climático.

En un artículo publicado la semana pasada en Energy Policy, un grupo de investigadores españoles liderados por Álvaro López-Peña, del Instituto de Investigación Tecnológica & Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad de la Universidad Pontificia Comillas, señala que, según un análisis del periodo de 1996 a 2008, un enfoque dirigido a mejorar la eficiencia energética habría sido más barato que el apoyo a las renovables si el objetivo exclusivo hubiese sido reducir las emisiones de CO2. Los autores cuantifican el ahorro en 5.000 millones de euros anuales (2.100 millones en promoción de renovables y 2.900 en reducción de costes por alcanzar la demanda reducida).

A partir de estos datos, en el artículo se argumenta que, desde el punto de vista de la política energética, una conclusión natural sería que «las políticas de eficiencia energética deberían ser priorizadas por encima de las de promoción de las renovables». «Sin embargo», añaden, «también es evidente que la eficiencia energética no puede eliminar por completo el consumo de energía». Por lo tanto, si el objetivo es tener un sector energético con apenas emisiones de CO2, las renovables y los consiguientes incentivos para su desarrollo tecnológico también serán necesarias en una segunda etapa.

López-Peña puntualiza que el estudio no devalúa el valor de las renovables. «Lo que sí se trata de mostrar que la eficiencia energética brilla por su ausencia», comenta. En el artículo se explica que el análisis no ha tenido en cuenta a la hora de valorar estas energías verdes otras importantes ventajas para la sociedad «como la actividad industrial o el desarrollo tecnológico, que proporcionarán también beneficios a largo plazo».

Enrique Soria, director de la división de Energías Renovables del CIEMAT, Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas, está de acuerdo con los autores en que «se ha hecho muy poco por gestionar la demanda energética». «Es más fácil incrementar la generación a través de la tarifa que establecer esquemas eficaces para favorecer la eficiencia energética y no se ha sabido hacer», añade. No obstante, Soria defiende también las renovables. «Además de reducir las emisiones de CO2, han aportado otros beneficios como la creación de un sector industrial fuerte o la reducción de la dependencia energética del exterior», añade.

LA CLAVE ESTÁ EN LOS HOGARES

Para explicar la ineficiencia, López-Peña considera que “es mucho más complicado hacer políticas por el lado de la demanda que por el lado de la oferta. Es mucho más fácil desde el punto de vista político poner molinos y promocionar las renovables que decir a la gente que utilice menos el coche o que hagan obras en sus casas para aislarlas del frío conservar el calor”. Todo ello en un país “en el que, pese a ser un país templado, pasamos frío en verano y calor en invierno”, añade.

En opinión del autor del estudio, para incrementar la eficiencia energética en España, se debe centrar la atención en el transporte y en los hogares. «Para una familia, la energía no es un coste tan importante como sí lo es para las industrias que, al ser privadas y buscar maximizar beneficios, ya se preocupan de mejorar sus procesos», explica el autor del estudio. En este sentido, Soria reconoce que «no es fácil aplicar esquemas eficaces para favorecer la eficiencia energética», pero apunta hacia medidas como la «implementación de un sistema de generación distribuida»; sistemas de generación de energía domésticos, como pequeños molinos o paneles fotovoltaicos, que al estar más cerca del lugar donde se consume la electricidad mejoran la eficiencia al reducir pérdidas en la red de transporte.

Respecto al transporte, junto a fomentar el transporte público, a pie o en bicicleta, López-Peña indica que es necesario sustituir el transporte en camiones por carretera por el ferroviario, mucho más eficiente energéticamente. «Además, el tren puede ser eléctrico y permitiría introducir energías renovables», afirma. En esta misma dirección, Soria señala al coche eléctrico como una herramienta «para gestionar mejor la demanda al permitir la recarga en horas valle y el uso de renovables». En todos los casos, López-Peña cree que es necesario «que los precios que la gente paga por la energía reflejen sus costes, incluidos los externos, los ambientales».

Fuente: MadrI+D