A punto de cumplirse un año de la entrada en vigor, en junio de 2013, del Real Decreto 235/2013, que obliga a que los inmuebles que se pongan en venta o alquiler muestren su certificación energética, la disparidad en el precio por encargar un certificado energético sigue siendo la tónica dominante. Y es que, en función de la comunidad autónoma en la que se encuentre la vivienda, los ciudadanos deben asumir unos costes diferentes para cumplir con una obligación que tiene su origen en una Directiva Europea.
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