Juan José Palau es uno de los más de 55.000 nombres que invirtieron sus ahorros en la energía fotovoltaica. Lo que se prometía un negocio redondo se ha convertido en un infierno. Palau, de 38 años y natural de Fuente la Higuera (Valencia), es uno de los protagonistas de la última campaña de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) para denunciar cómo las decisiones del Gobierno han cambiado las reglas del juego y han provocado que miles de familias que entraron en el negocio fotovoltaico estén atravesando graves dificultades.
Invirtió todos sus ahorros y los de sus padres atraído por las generosas primas que la legislación española estableció en 2007 para las tecnologías renovables. Las proyecciones que hacían la mayoría de las instalaciones fotovoltaicas apuntaban a unos retornos del 13-14%, muy por encima de lo que ofrecían los bonos de deuda española, los depósitos bancarios o los parqués europeos, y con unos plazos de amortización de entre 10 y 15 años (su vida útil se sitúa en unos 30 años).
Sin embargo, apenas tres años después de aprobar las ayudas, el Gobierno socialista asestó un duro hachazo al sector fotovoltaico. La crisis económica apretaba. El Real Decreto 1565/2010 obligó a realizar unas adaptaciones técnicas con un impacto de unos 120 millones y, además, se limitó la remuneración a 25 años. Mientras, el RD 14/2010 rebajó la limitación horaria en la que los paneles fotovoltaicos podían producir con prima. Ambas normas se aplicaron con retroactividad. En la práctica, esto supone una merma de hasta el 30% de los ingresos previstos en 2011, 2012 y 2013, y del 10% a partir de 2014.
En 2007 comenzó a desinflarse la burbuja inmobiliaria, pero al mismo tiempo, salvando las distancias, se hinchaba la fotovoltaica. Al calor de las primas prometidas, se construyeron más de 55.000 instalaciones en tres años. Todas las previsiones se desbordaron y nadie lo evitó. El objetivo de capacidad instalada fotovoltaica era de 370 MW hasta 2010. Aquel año, había más de 3.700 MW, es decir, diez veces más (hoy hay cerca de 4.500 MW, que han recibido alrededor de 12.000 millones en primas). Un crecimiento sustentado en tres patas casi a partes iguales: empresas (con el 40% de la potencia instalada), como T-Solar, Fotovatio o Acciona , fondos de inversión (alrededor del 30%) y particulares (30%).
Los rendimientos eran muy altos, pero también los costes asociados a la construcción de los huertos solares. En 2008, en pleno boom fotovoltaico, “1 MW (megavatio) de potencia instalada se vendía a entre 6 y 8 millones de euros”, explica un experto del sector. Hoy este precio se ha rebajado hasta “un millón de euros”. Las inversiones en el sector fotovoltaico ascienden a 28.000 millones y, de esta cantidad, aproximadamente dos terceras partes, más de 18.000 millones, están en manos de la banca.
RENTABILIDAD DEL 6%
Con los tijeretazos de 2010, a los que en los últimos meses se han sumado el establecimiento de un nuevo impuesto del 7% de la facturación (Ley 15/2012) y la no actualización de las tarifas conforme al IPC (RD-L 2/2013), la tasa de retorno de la inversión se sitúa, en el mejor de los casos, en el entorno del 6%, ligeramente por encima del bono español a 30 años (4,92%).
Las medidas aprobadas por el anterior Gobierno y por el actual “han derruido al sector fotovoltaico en España”. “Si en su punto álgido, el año 2008, llegó a emplear a tiempo completo a unas 60.000 personas, en la actualidad difícilmente alcanza las 7.000, y más de la mitad de las empresas que operaban entonces lo han abandonado o han cerrado”, señalan desde la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).
Las reglas del juego cambiaron casi al comienzo del partido. Miles de inversores recurrieron a los bancos y ahora muchos de ellos no pueden hacer frente a los préstamos. Cada vez será más habitual encontrar huertos solares en los balances de las entidades financieras. El riesgo acecha a miles de familias, que pueden perder todos sus ahorros invertidos en la fotovoltaica e, incluso, sus casas, como le sucede al protagonista de la campaña de Anpier.
Y la situación podría empeorar, porque sobre la mesa del Ministerio de Industria está un nuevo recorte de las primas a las renovables, que “supondría, por leve que éste fuera, el colapso financiero inmediato del 80% del negocio fotovoltaico español, aquel que ha requerido de financiación bancaria y que no podría reintegrar”, advierte Anpier. De esta nueva reforma el sector espera con expectación la legislación sobre autoconsumo y balance neto, que podría ser la vía para el desarrollo de la tecnología.
LUCHA CONTRA EL DÉFICIT DE TARIFA
Esta asociación alerta de que el sistema financiero “no estaría provisionando el capital suficiente para asumir las consecuencias de la previsible quiebra del sector que no puede hacer frente a sus créditos y cuyos parques en manos de la banca carecerían de valor a los pocos días, puesto que sin seguridad y mantenimiento estos parques quedarían mermados de manera irreversible”.
Los recortes sobre el sector energético, renovable o tradicional, se apoyan en la lucha para eliminar el déficit de tarifa, que se produce porque los costes del sistema son más altos que los ingresos, y que ya supera los 26.000 millones. Todas las tecnologías han tenido que aportar de una forma u otra. Sin embargo, la patronal UNEF denuncia “la desproporción existente entre el esfuerzo exigido a la fotovoltaica para acabar con el déficit de tarifa”, ya que “si se mantiene la situación actual, entre 2010 y 2020 la fotovoltaica verá mermada su retribución en más de 9.500 millones de euros, aproximadamente un 30% de los ingresos totales del sector durante este periodo”.
Fuente: UNEF
Los afectados por las medidas del Gobierno sobre la fotovoltaica se sienten estafados. Una percepción que se expande entre el resto de sectores renovables y las eléctricas. Recientemente, el consejero delegado de Abengoa, Manuel Sánchez Ortega, acusó al Ejecutivo de haber “expropiado” con sus decisiones alrededor de 5.000 millones al sector solar, en el que la empresa andaluza es líder en España.
Hay quien quiere encontrar en el sector fotovoltaico semejanzas con lo ocurrido en otros casos que han llenado las primeras páginas de los periódicos, aunque con matices. Porque, como explica un experto, “la burbuja inmobiliaria pinchó porque el mercado así lo decidió, los tenedores de participaciones preferentes fueron en muchos casos engañados por las entidades financieras, de capital privado, pero a los inversores fotovoltaicos el golpe se lo ha dado el propio Estado”.
¿CULPABLES?
¿Quién es el culpable de esta situación? Un exconsejero de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que pide no ser identificado da su opinión: “La apuesta del Gobierno de Zapatero por las renovables era buena, porque el mundo va hacia estas tecnologías. El problema fue que, como con tantas cosas, no hubo ningún control y todo se desorbitó. No es comprensible que los objetivos se multipliquen por 10. Llegó la crisis y tocó apretarse el cinturón. Se vio entonces que había tantas instalaciones que los costes de las primas serían inasumibles. Fue una decisión dura, que ha hecho mucho daño a la imagen de España en el exterior, pero que desde el punto de vista de una sostenibilidad económica, era necesaria”.
”Es una situación muy compleja porque afecta a muchas familias, que en algunos casos pecaron de imprudentes, porque no se deben poner todos los huevos en la misma cesta. Pero esa no es la cuestión. Son los sacrificados por un equilibrio económico. Como los fondos y las empresas, ahora están en los tribunales y habrá que esperar. Quizás el Gobierno podría buscar una fórmula intermedia para compensarles, aunque no creo que estén en esta idea en este momento, en el que el déficit de tarifa, y antes el déficit público, son lo primero”, abunda el exconsejero del regulador.
Vía Invertia