«En España no hay democracia. Ni gobierna el PSOE ni gobernará el PP. Quien manda, al menos en temas de energía, es Unesa, la industria eléctrica. Ellos no se presentan a las elecciones, pero son quienes la van a ganar». Así de rotundo se muestra Luis Calatayud, tesorero de Anper, la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables. Este colectivo, que agrupa a miles de pequeños propietarios de negocios energéticos, ha lanzado una campaña en prensa con un sorprendente reclamo en los que ‘ofrece’ una plaza vacante para la presidencia del Gobierno.
El anuncio, a página entera, ha aparecido en varios diarios, nacionales, entre ellos EL MUNDO. La campaña no termina aquí, sino que habrá «nuevas inserciones el viernes, el sábado y el domingo y nuevos mensajes», informa, Luis Calatayud, quien explica que aun así, todos insisten en la misma idea, la de que el gobierno ha atacado a las energías renovables y especialmente a las fotovoltaica para servir a los intereses de las grandes industrias.
«¿Que qué es lo que queremos?», dice el representante de Anper. «Buscamos un presidente que cumpla los requisitos que indicamos en en el anuncio. Buscamos un presidente que no arruine a más de 50.000 familias del sector de las renovables, que no provoque la desaparición de 100.000 puestos de trabajo y que no cause la pérdida de liderazgo europeo como potencia en energía fotovoltaica».
Todo esto ha ocurrido en la última legislatura, dice Calatayud, en la que el Gobierno ha cambiado el marco legal y tarifario de las renovables con una sucesión de decretos que han creado inseguridad jurídica y han alterado retroactivamente las reglas del juego. Para Calatayud, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha sido el ariete de esa estrategia, que ha «demonizado a la renovable y la fotovoltaica», para mantener el negocio de las grandes: «Miguel Sebastián quiere cargarse el medio ambiente [reduciendo las energías limpias] para defender los intereses de Ignacio Sánchez Galán [presidente de Iberdrola]», afirma Calatayud.
Leyes contra las renovables
Todo esto no hace más que confirmar el hecho de que el gobierno ha mantenido un discurso público que luego no ha cumplido y esto se ha plasmado en diferentes cambios de normativa interpretados por Anper como intentos de acabar con el sector fotovoltaico nacional y cuyo techo se alcanzó con el Real Decreto 14/2010, que modificaba la retribución de las plantas ya instaladas, medida que fue calificada de «retroactiva» e «inaceptable» por el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger. La medida ya ha sido denunciada ante el Tribunal Constitucional por la Comunidad Valenciana y Murcia.
Desde Anper se afirma que el déficit tarifario «es una gran mentira».Y defienden que la realidad es que la tarifa debería bajar. «¿Por qué los usuarios pagan facturas tan altas cuando las grandes eléctricas producen casi toda la energía a bajo coste?», se pregunta la asociación fotovoltaica en su campaña publicitaria.
Fuente: El Mundo
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