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La apisonadora reformista del Gobierno avanza firme hacia una nueva parada, quizá una de las más candentes: el sector eléctrico. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha lanzado en las últimas semanas varios mensajes que, aunque no permiten conocer cuáles van a ser los pasos concretos, sirven para poner sobre aviso al sector de que el Ejecutivo está dispuesto a adoptar medidas drásticas para atajar el déficit de tarifa, la deuda histórica que las compañías reclaman a los consumidores. Una factura que ya alcanza los 24.000 millones de euros y que no muestra signos de agotamiento. Se calcula que solo durante este año sumará 5.000 millones más.

La moratoria temporal a los nuevos proyectos renovables fue la última y polémica decisión del Ejecutivo en esta materia, pero no la única. Ni mucho menos. Las compañías del sector lo saben y están en ascuas. Unesa, la patronal de las eléctricas (que reúne a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON España y HC Energía) ha trasladado a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) sus propuestas, que, en la práctica, suponen poner por escrito su frontal rechazo a algunas de las medidas más polémicas, como la quita del déficit tarifario.

Pese a las presiones por parte de uno y otro bando, el proceso sigue su cauce en la sede de Industria. El secretario de Estado de Energía, Fernando Martí, ha solicitado a la CNE un análisis que debe hacerse público antes del 10 de marzo. Pero finalmente será presentado este miércoles. El planteamiento de la CNE es similar al del Gobierno en relación con la consolidación fiscal ante Bruselas. No se puede arreglar en un solo año. El informe de la CNE solicita subidas graduales de los peajes de acceso, de en torno al 5 o 6% al año. Esta parte del recibo consta de los costes regulados de la factura eléctrica, aquellos que son, ahora, inferiores a sus ingresos correspondientes.

Convencida de que la fórmula de poner nuevos parches sobre la hemorragia del déficit de tarifa volverá a resultar insuficiente, la CNE estudia algunas decisiones menos ortodoxas, como las tasas a las centrales nucleares e hidráulicas. Las eléctricas lo consideran injusto, pero parece inevitable. La CNE no se plantea, en cualquier caso, ni quitas ni derramas de la deuda. Unesa ha avisado de que, en tal improbable caso, acudirían a Bruselas con todos los medios legales.

Las compañías de Unesa, por su parte, no se salen del guion: continúan reclamando una fuerte subida de la luz para equiparar, dicen, los costes con los ingresos. Incluso, señalan que, con el actual sistema, la actividad no es rentable para sus compañías en España, ya que el sistema energético no contempla el precio real de la luz.

Con el actual modelo, la cuenta de resultados de las compañías eléctricas está salvada por el negocio internacional, explican desde la patronal presidida por Eduardo Montes. La financiación del déficit se incluye, incluso, en concepto de beneficios. Sin ellos, el retorno de la inversión sería negativo.

Una de las razones de intensificar ahora las demandas está en que el 30 de marzo se vuelve a abrir la revisión trimestral del recibo de la luz. Pero, además, las compañías eléctricas siguen exigiendo una moratoria retroactiva sobre las renovables. En la actualidad, la capacidad instalada es suficiente para cubrir la demanda energética del país. Las eléctricas piden, por tanto, que no entren en funcionamiento los megavatios renovables ya asignados de aquellas tecnologías más caras actualmente. Se consideran injustamente tratadas. Ponen de ejemplo el hecho de que la central eléctrica de Garoña, de Endesa e Iberdrola, ha cerrado con pérdidas durante 2009 y 2010, mientras que otros operadores como Abengoa han presentado beneficios importantes, derivados de su actividad termosolar. Apuntan, por ello, a la rentabilidad de las primas asignadas.

Revolución de los consumidores

Al principio del todo, fue el autoconsumo. Las familias producían aquello que consumían: alimentos, muebles, incluso vestuario. Después, llegó el trueque y, mas tarde, el dinero. Y, ahora, el mercado energético puede volver a los orígenes.

Y es que el Gobierno de Mariano Rajoy planea aprobar una regulación novedosa del autoconsumo, basada en lo que se conoce como balance neto, una fórmula que independiza al consumidor de las grandes empresas eléctricas. Es una verdadera revolución de la forma en que se genera y consume energía en nuestro país. La propuesta, impulsada fundamentalmente por las asociaciones fotovoltaicas, supone que los consumidores generan su propia electricidad, vuelcan la cantidad sobrante a la red eléctrica común, y pueden descontarse, a lo largo de un año, una cantidad equivalente de su consumo eléctrico convencional. Es decir, los consumidores solo pagarían por la energía consumida menos la generada.

Esta fórmula dinamizaría el sector, «que está parado» por la suspensión de las primas a nuevos proyectos, reconoció Jorge Morales, de la junta directiva de la Unión Española Fotovoltaica, UNEF, que agrupa a las cuatro patronales del sector fotovoltaico.

Hasta ahora, los particulares que generan electricidad a partir de energías renovables la conectan a la red eléctrica al precio de la tarifa establecida por las grandes compañías distribuidoras. La regulación inminente romperá con este proceso. Los paneles fotovoltaicos se conectarán a una red interna de la propia vivienda para satisfacer sus necesidades energéticas. En el sistema tradicional, la energía recorre largas distancias por redes de infraestructuras desde donde se genera hasta los centros de consumo doméstico. Con el balance neto, las viviendas se convierten en pequeños productores.

La federación de las fotovoltaicas espera que el Gobierno tome medidas que incentiven esta práctica, para que «los ciudadanos puedan ahorrarse un porcentaje creciente de sus recibos de la luz». UNED pide, para ello, «eximir de peajes, liberar los tamaños de las instalaciones e incentivar fiscalmente las instalaciones de balance individual». Morales de Labra, miembro de la directiva, admitió que la energía volcada a la red tendrá que pagar ciertos peajes, pero con un tratamiento «razonablemente favorable», dado que está muy próxima a los lugares de consumo. El consumo instantáneo, sin embargo, debería estar totalmente «exento», afirmó.

El boceto que maneja el Gobierno solo permite el autoconsumo por usuarios particulares, ya que la norma lo limita a instalaciones de 100 kilovatios. Esto supone que las comunidades de vecinos o polígonos de empresas no podrían contratar esta modalidad. Es lo que se conoce como balance neto compartido. UNEF considera que sería un error frenar la implantación de estas instalaciones y aconseja que se permitan aquellas medianas, cercanas a los centros de consumo, que no superen los 5 megavatios de potencia, y con un promedio en torno a los 3 megavatios.

Según las asociaciones fotovoltaicas, los beneficios serían importantes. UNEF calcula que, con precios actuales, el balance neto ya sería rentable sin ayuda económica. Además, generaría un ahorro de hasta el 3% para este mismo año, con un autoconsumo fotovoltaico del 60% sobre la electricidad total consumida por el grupo que disponga de las instalaciones. Esta alternativa también permitiría ahorrar el coste de la energía eléctrica que se pierde, cada año, en los sistemas de transporte y distribución. Esto supone un 10% de la energía eléctrica total, o 2.000 millones de euros para el sistema.

Crucial para la UE

La adopción de esta normativa es crucial para el sector y el desarrollo de los compromisos de la Unión Europea. Según un informe de Sun Edison, el autoconsumo facilitaría la consecución de los objetivos 20-20-20, un propósito del que se aleja con los actuales planes energéticos. Por ello, anima a los Veintisiete a incorporar el concepto de autoconsumo a «las directivas existentes o crear una nueva» para superar las barreras a las que se enfrenta en las legislaciones nacionales. El balance neto ya es una realidad en otros países como Italia, Alemania o Estados Unidos.

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Fuente: ABC