“Los que van a pagarlo al final son los consumidores”, se admite sin ambages desde una compañía eléctrica. Y es que el impuesto general del 6% anunciado el viernes por el Ministerio de Industria para los ingresos de todas las empresas energéticas se acabará trasladando al consumidor final. Los hogares, que según datos de Eurostat han sufrido subidas de la luz cercanas al 70% desde 2006, verán cómo sus recibos se incrementan progresivamente cuando la reforma entre en vigor en el mes de enero. Sin prisa pero sin pausa, Endesa, Iberdrola y Gas Natural llevarán el sobrecoste que ahora el Gobierno les impone a las subastas en las que se fija el precio de la luz.
“En definitiva, quien realmente pagará este impuesto serán los consumidores y no las empresas eléctricas propietarias de las centrales. Es, por consiguiente, un impuesto claramente inflacionista que tendrá como destino pagar a esas mismas empresas”, advertía ya en julio un artículo publicado por Economistas frente a la crisis al analizar un posible impuesto a la facturación del régimen ordinario (véase las instalaciones nucleares, térmicas, hidráulicas y de ciclo combinado). Además las grandes eléctricas están integradas verticalmente, lo que aumenta su margen de maniobra.
Por el contrario, las energías limpias no podrán trasladar la tasa, ya que reciben una tarifa fija regulada por ley. “La diferencia entre las tecnologías convencionales y las renovables es que las primeras pueden repercutir un impuesto a la generación en el pool eléctrico y, por tanto, a medio plazo compensarán ese nuevo costo”, se lamenta desde el anonimato una empresa de energías verdes.
Los otros impuestos
En ese escenario, no es de extrañar que para las grandes eléctricas la principal preocupación hayan sido desde el principio las tasa nuclear y hidráulica, que les supondrán en conjunto 574 millones. “El impuesto genérico lo van a repercutir. Con las otras tasas lo tienen más díficil”, explican fuentes del sector. Con el futuro de Garoña en el alero, Nuclenor -la sociedad que forman al 50% Endesa e Iberdrola para explotar la instalación- dejaba pasar hace apenas días el plazo para solicitar una prórroga que les permitiera seguir operando la central, ante la incertidumbre regulatoria que se cernía sobre el sector. Con el marco legal ya sobre la mesa, las dos grandes deben echar cuentas para ver si hay posible marcha atrás. El Gobierno les espera con ansiedad para buscar una solución al entuerto. Nadie en el Ejecutivo quiere cerrar la central, pero parece que los números obligan.
Por su parte, la patronal que acoge a las grandes compañías (Unesa) evitó pronunciarse el viernes tras conocer la esperada decisión del Ejecutivo. A mediados de julio, sin embargo, reaccionaba con indignación a la propuesta inicial de Industria, que contemplaba un impuesto lineal de sólo el 4% para el régimen ordinario. “Se come todos los beneficios de distribución y generación. Deja nuestro beneficio a cero”, zanjaba la asociación que preside Eduardo Montes. Según los datos que maneja la patronal, el beneficio neto de las eléctricas en España alcanzó en 2011 los 3.063 millones de euros. Los ingresos que dejarán de apuntarse por la tasa del 6% y por los impuestos nuclear e hidráulica rozan los 1.150 millones. Todo un sablazo a su facturación.
“Estas empresas son las responsables de garantizar el suministro eléctrico”, subrayaba entonces Unesa en su particular aviso a navegantes. “Nadie va a invertir en España”, remataba el viernes un ejecutivo con larga experiencia en el sector, recordando cómo el PP, adalid del libre mercado, apuesta decididamente por la intervención en este nuevo mapa eléctrico. “El espectáculo ha sido bochornoso y ha puesto de manifiesto la absoluta falta de entendimento en el equipo económico. Eso sin contar con que la reforma supone el fin del mercado, con tasas discrecionales para que al Gobierno le cuadren las cuentas, y que genera una incertidumbre perpetua respecto al volatilidad de los marcos legales”, zanjaba.
Fuente: El Confidencial
