Las ecotasas que cobran cuatro comunidades a las eléctricas serán repercutidas por el Gobierno a los consumidores de dichas regiones, que pagarán hasta 200 millones más en el recibo. Se trata de Castilla y León,Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. La primera anunció ayer que recurrirá al Constitucional.
La decisión del Gobierno de cobrar un suplemento en la tarifa de acceso a los ciudadanos de las autonomías que aplican tasas medioambientales a instalaciones eléctricas (las llamadas ecotasas) afectará a cuatro comunidades autónomas: Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. Según los cálculos del propio Gobierno, ello supondrá un sobrecoste en el precio de la factura eléctrica para los consumidores de esos territorios de hasta 200 millones.
La medida, incluida en el real decreto ley de estabilidad presupuestaria que entró en vigor el domingo (el «recortazo»), supondrá repercutir en los peajes de acceso (que pagan todos los consumidores, los que tienentarifa y los que no) el coste íntegro de las tasas que aplican los Gobierno autónomos a la producción de las centrales (de gas, nuclear o hidráulica) y a las redes de transporte que explota REE.
Las reacciones no se han hecho esperar. Ayer, el Gobierno de Extremadura comunicó que va a plantear un recurso de inconstitucionalidad contra dicho suplemento al entender que «vulnera (..) en el fondo y en la forma» el espíritu de la ecotasa autonómica. El recurso fue anunciado en una rueda de prensa por los consejeros de Economía, Antonio Fernández, y el de Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri. Fernández explicó que la medida «penaliza a los habitantes» de una comunidad, como la extremeña, que exporta al resto del Estado el 75% de la electricidad que genera, y que en su opinión, tiene un consumo «mucho más racional». Además, sus habitantes sufren el impacto de la peligrosidad de una central nuclear.
Mientras se resuelve el recurso, el Gobierno va a plantear a la Asamblea regional la posibilidad de suprimir el cobro de estas tasas en tanto se pronuncia el Constitucional. La ecotasa (0,005 euros kWh) se aplica a la producción de la nuclear de Almaraz y a las centrales hidroeléctricas de la región, con una recaudación de 93 millones de euros al año. Fuentes del Ejecutivo que preside José Antonio Monago, señalan que la cuestión de fondo es que «esta tasa se ajusta a derecho».
Además, Extremadura, así como las dos Castillas, cobra otra tasa a las redes de transporte de electricidad; de telefonía y telemáticas a razón de 700 euros por kilómetro de tendido instalado. Por su parte, la comunidad de Murcia cobra desde hace dos años un recargo a la producción de las centrales de ciclo combinado de gas, tributo que ha sido recurrido por Gaz de France que cuenta con una central de este tipo en Escombreras (Cartagena). Cataluña estudió en su día un canon a las tres nucleares ubicadas en su territorio, pero no ha llegado a aplicarlo.
Por el momento, se desconoce si serán todas, o solo algunas, las tasas que se repercutirán en la factura de la luz de los ciudadanos de estas cuatro comunidades autónomas, todas ellas gobernadas por el PP. En una disposición adicional del citado real decreto ley «se habilita» al Ministerio de Industria a que determine los «tributos y recargos concretos» que se tendrán en cuenta para aplicar el suplemento territorial.
Esta medida, que figuraba en uno de los documentos de trabajo filtrados sobre el nuevo esquema fiscal del sector energético, supone un triunfo para las compañías eléctricas, que se oponen con uñas y dientes a la reforma prevista por el Gobierno. Este prevé un gravamen del 4% sobre la facturación del régimen ordinario y otros muy superiores para las energías renovables, amén de una tasa a la nuclear y un canon a la hidráulica.
Las cinco eléctricas integradas en Unesa remitieron hace meses a Industria un informe elaborado por PwC sobre todos los tributos autonómicos que ya pagan y que no pueden trasladar al precio final. Y, aunque estos son repercutibles por ley, en el caso de las tasas autonómicas no los trasladarán ellas, sino el ministerio, que es el que fija los peajes. De este modo, sería el sistema eléctrico el que se beneficie de los 200 millones antes citados. O, quizás se beneficien también las empresas si los gobiernos regionales renuncian al cobro de estas tasas para no perjudicar a sus ciudadanos y votantes.
Las cifras
93 millones de euros es la recaudación por la ecotasa a la nuclear y la hidráulica de la Junta de Extremadura.
200 millones es el máximo que se prevé repercutir en el recibo de la luz de cuatro comunidades con dichas tasas.
4% es el impuesto al régimen ordinario que quiere fijar el Gobierno, que afectaría a las grandes eléctricas.
Otro recargo a quien más luz consuma
Aunque la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró el viernes que la aprobación de la reforma energética se posponía a otro Consejo de Ministros de julio, lo cierto es que el real decreto ley sobre equilibrio presupuestario ya avanzaba algunas medidas relevantes. Además del suplemento territorial por tasas medioambientales, la norma que entró en vigor el fin de semana, establece la «progresividad en los peajes de acceso». En otras palabras, que pagará algún tipo de recargo quien más consuma, según el criterio que fije Industria (se librarían los consumidores vulnerables, hoy por hoy, los que tienen bono social).
Otra novedad de la nueva norma es que se pone fin a la revisión trimestral obligatoria de los peajes de acceso en el caso de que se produzca una subida de los costes. A partir de ahora, la revisión cada tres meses será facultativa y la intención es revisarlos solo una vez al año. De esta manera, solo se modificará cada tres meses el precio de la energía que incluye el recibo de la luz, pues ese se determina en la subasta Cesur, que se celebra al final de cada trimestre y es de obligado traslado a la factura. El objetivo, según figura en un documento de trabajo del Gobierno sobre la reforma energética, es tener más seguridad «ante cambios en los Presupuestos Generales del Estado y posibles sentencias» de los tribunales
El Gobierno ha aprobado, asimismo, un cambio en la naturaleza jurídica del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que se convierte en un «instrumento» al servicio de la Administración. Entre sus nuevos objetivos está el de prestar asistencia técnica y económica al Ministerio de Industria o apoyar el desarrollo de tecnologías para «descarbonizar» la generación eléctrica.
Fuente: Cinco Días