Eduardo Montes, presidente de UNESA
El pasado viernes los directores de regulación de las tres grandes compañías (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa), acompañados por el presidente de UNESA, visitaron a la Comisión Europea en un desesperado intento de que Bruselas secunde la reducción de los apoyos a las energías renovables en España y se mantengan los privilegios de que gozan las eléctricas desde hace tantos años en nuestro país.
Seguramente a las eléctricas no les preocupa que del coste de cada kWh que generamos en los ciclos combinados, el 80% se vaya fuera del país, o que perpetuemos la dependencia energética del exterior, que es la base de su negocio actual tras la gran burbuja de instalaciones innecesarias de ciclos combinados que con enormes subvenciones, llamadas “incentivos a la inversión”, han realizado en los últimos años. Estamos seguros de que a la Comisión Europea, que ha marcado una hoja de ruta hacia un cambio de modelo energético, sí.
Pero lo que seguramente no comentaron a la Comisión el señor Montes y sus acompañantes fue, entre otras cosas, lo siguiente:
– Que es precisamente en el negocio regulado, es decir el que causa contablemente el déficit de tarifa, donde las eléctricas tienen mayores beneficios y el que más ha crecido en los últimos años, de lo cual hacen incluso gala en las presentaciones de resultados a sus accionistas. Los beneficios de esa parte de su negocio en todo este periodo de acumulación del déficit han sido mayores que las primas recibidas por las renovables y, sin duda, una moderación de los mismos hubiese permitido tener un déficit mucho menor en estos momentos.
– Que, incomprensiblemente todavía, no se ha efectuado la liquidación final de los costes de transición a la competencia (CTCs) cobrados por las eléctricas en aquel pingüe negocio en el que convirtieron el cambio de modelo de mercado. Según ciertas estimaciones, las compañías eléctricas deberían devolver más de 3.000 millones de euros, lo cual, sin duda, aliviaría el déficit.
– Que los derechos de emisión gratuitos internalizados en el precio del ‘pool’ se minoraron de la retribución en el periodo 2006-2009 pero no posteriormente, ni tampoco en 2005. La cuantía pendiente de regularización sería superior a 4.000 millones de euros, que también contribuirían a reducir el déficit significativamente.
– Que, al igual que se justifica para las renovables, se podría aplicar la doctrina del Supremo de “beneficio razonable” a las centrales prácticamente amortizadas (nucleares e hidráulicas) que, con muy pequeños costes variables, se aprovechan de la subida de los precios del ‘pool’. Una rigurosa auditoría de costes demostraría el elevadísimo margen con el que vienen operando desde hace años y se podrían establecer mecanismos por los que dicho margen se aplicara a reducir el déficit acumulado y futuro.
– Que los ciclos combinados, auténtica burbuja energética de este país, además del “pago por disponibilidad” disponen de una subvención llamada “incentivo a la inversión”, que era de 20.000 €/MW/año durante 10 años y que el anterior ministro, Miguel Sebastián, elevó a 26.000 €/MW/año momentos antes del cambio de gobierno. Esta subvención puede representar en algunos casos el 25% de su inversión. Este coste, además, se incluye en el término de energía y no aparece como coste regulado, por lo que está pasando inadvertido al hablar del déficit. Con subvenciones parecidas, algunas renovables tampoco necesitarían primas.
– Que en el ranking de empresas que más primas a las renovables han recibido figuran empresas eléctricas cuyas opiniones sobre la razonabilidad o no del marco regulatorio dependen de su posicionamiento particular y circunstancias temporales para cada tecnología.
Tampoco creemos que les informaran con transparencia de que la termosolar ha recibido hasta la fecha del orden del 3% de las primas acumuladas por el Régimen Especial y que, por tanto, habrá que buscar a otros responsables del déficit acumulado hasta estos momentos. Además, cuando estén en funcionamiento todas las centrales termosolares del Registro de Preasignación, representarán menos coste anual que la Cogeneración, que la Fotovoltaica o que la Eólica.
Este Gobierno tiene, por tanto, muchas herramientas para reducir el déficit, que no pasan precisamente por tasas discriminatorias hacia las tecnologías solares, como las que se han venido comentando estos días en los medios, las cuales vulnerarían los principios de seguridad jurídica y de rentabilidad razonable, así como varios artículos de la Carta sobre el Tratado de la Energía, resultarían anticonstitucionales y confiscatorias además de elevar el riesgo-país y de poder inducir una situación no deseada en el sector financiero.
Sabemos que la apuesta de la Unión Europea es muy fuerte a favor de las renovables, y en particular de la energía solar, que en sus formas de conversión, fotovoltaica y termoeléctrica, contribuirá en el futuro, desde los países del Sur, a una buena parte de las necesidades energéticas de la UE.
El cambio de modelo energético es irreversible aunque las eléctricas traten de frenarlo para defender la situación de privilegio que llevan disfrutando en nuestro país desde hace tantos años, sin importarles que sigamos manteniendo la dependencia energética, el déficit comercial con el exterior y que se perjudique a una industria que puede proporcionar al país empleo, independencia energética y expansión internacional.
Fuente: Protermosolar