El fallo del Tribunal Supremo declarando no válida la congelación de la tarifa del anterior Gobierno ha caído como una losa en el Ministerio de Industria. Según el diario económico Cinco Días, el departamento que dirige José Manuel Soria está haciendo sus cuentas para aplicar el fallo del alto tribunal que, según calculan las empresas, supondrá una subida retroactiva de los peajes de hasta el 35%. Los peajes son la parte regulada de la factura de la luz (la otra parte es el coste de la electricidad) y supone aproximadamente un 50% de la factura final. Por esta razón, la subida para los consumidores domésticos sería de más del 17%, teniendo en cuenta ese cálculo.
El ministerio deberá aprobar, previo informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE), una nueva orden ministerial en la que incluya de forma adecuada los costes que establece la ley. Aun con todo, el porcentaje es solo una estimación de las empresas, que han solicitado al Supremo una aclaración respecto a las partidas a incluir en la nueva orden ministerial.
Para mas inri, estas medidas cautelares ni son recurribles ni el Ministerio de Industria puede eludirlas. Según fuentes oficiales, un equipo formado por técnicos de la Secretaría de Estado de Energía y abogados del Estado esta estudiando en detalle el auto del Supremo para analizar su contenido de cara a resolver el asunto.
El auto llega en el peor momento para el ministro Soria, que preparaba una subida moderada para el segundo trimestre del año. Ahora tiene dos opciones: o volver a revisar los peajes en abril (las revisiones trimestrales son voluntarias, pero, de aprobarse, deben recoger todos los costes) o limitarse a la revisión extra de enero que le exige el Supremo. Aun con todo, el precio de la energía de la factura eléctrica del próximo trimestre, que se determinará en la subasta Cesur del día 22, debe llevarse al recibo obligatoriamente a partir de del 1 de abril.
De las partidas que reclamaban las empresas, el Supremo ha admitido dos: el desajuste temporal de las liquidaciones de las actividades reguladas del año 2011 (904 millones) y otro costes relativos a los extradéficits (el legal es el que no se cobra de golpe a los consumidores, sino que se puede titulizar y se cobra de forma aplazada) y que se prevén para este año.
Aunque el Supremo exige que Industria apruebe «de inmediato» la orden ministerial que corrija los desfases que no se corrigieron en enero, se desconoce cuándo lo hará. Además, debe pasar por la ventanilla de la CNE.
En cualquier caso, la noticia pone en alerta a los consumidores y echa sal en la herida que desde 2006 no solo no cicatriza sino que se infecta cada vez más. En los últimos 6 años el precio de la electricidad ha crecido más de un 77%, lo que afecta a las ya de por si maltrechas economías de las familias españolas, que deben apretarse aun más el cinturón para resistir los embates de la crisis.
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