Los más de 50.000 inversores particulares que invirtieron en huertos solares no son los únicos perjudicados por la reforma eléctrica aprobada por el Gobierno. Y es que Barcelona, Bilbao, Albacete, Valencia, Elche y al menos otros 275 ayuntamientos utilizaron dinero público para incorporar paneles solares a sus inmuebles, instalaciones deportivas o promociones de viviendas. Ahora, con las cuentas del conjunto de las Administraciones Públicas en los huesos, afrontan también un recorte drástico de la retribución.
“Los ayuntamientos cobran la prima, como el resto. Se implicaron en la puesta en marcha de estas instalaciones como una forma de dar ejemplo y fomentar las energías renovables. Ahora, al igual que todos los demás, sufrirán un recorte de lo que reciben”, explican fuentes de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), que ha elaborado el listado de municipios con instalaciones inscritas y ha comenzado a remitir misivas a los alcaldes afectados para que se opongan a la reforma eléctrica del tándem Soria-Nadal.
“Conocemos que el organismo que usted preside es titular de alguna instalación fotovoltaica. (…) Pues bien, a la vista de que el actual Ejecutivo ha decidido volatilizar cualquier atisbo de seguridad jurídica, violentando claramente los derechos adquiridos de los productores fotovoltaicos (…), le ruego que haga lo posible por exigir de forma inmediata y fehaciente al Gobierno de España la desaparición de aquella norma”, expone el documento remitido a un edil, al que ha tenido acceso El Confidencial.
Las cartas -firmadas por el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, y también enviadas al grupo en la oposición de los ayuntamientos afectados- insisten en que el cambio normativo trunca la confianza legítima que en su día otorgaba el Estado “de forma abusiva e inesperada”. Del mismo modo, la asociación -que agrupa a 4.600 inversores- recuerda a los alcaldes que el reglamento de bienes de las entidades locales obliga a estas a “ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos”.
Reclamar el daño patrimonial
En esta línea, también apunta la posibilidad de que los municipios damnificados soliciten al Gobierno que les “restituya inmediatamente los daños patrimoniales que el retroactivo cambio normativo le ha de suponer a las arcas públicas que usted representa”. Por ejemplo y según el listado de Anpier, Elche tiene inscritos siete proyectos; Albacete y Terrasa, cuatro; Irún, otros tres; y muchas otras -como Valencia o Bilbao-, dos. Numerosos municipios madrileños como Alcobendas, Algete o Collado Villalba también han apostado puntualmente por la tecnología solar fotovoltaica. Y sufrirán las consecuencias.
La reforma eléctrica aprobada por el Consejo de Ministros implica un ajuste de los costes del sistema de 4.500 millones de euros para acompasarse a los ingresos y eliminar el déficit estructural de la tarifa. De esta cifra, 900 los asume el recibo de la luz y otros 900 se recogen en los Presupuestos del Estado. Los 2.700 restantes corresponden al ajuste que tiene que hacer el sector en su conjunto, recayendo la mitad de ese importe en las renovables. Aunque a esa industria se le garantiza una “rentabilidad razonable” del 7,5%, será la orden que prepara el Ministerio la que determine los costes estándares sobre los que se aplicará esa ganancia. Y ahí está el truco.
“Tememos que sean estándares alejados de las inversiones que realmente se efectuaron y sesgados a la baja -explicaban fuentes del sector tras conocer la reforma eléctrica-. Hay que tener en cuenta que Industria hace la cuenta al revés. Necesita detraer 1.300 millones a las renovables y a partir de ahí verá la rentabilidad real que puede ofrecer. Sin contar con que se habla del 7,5% para toda la vida útil de la instalación. Puede haber plantas que lleven ya años en funcionamiento y se hayan comido toda esa tasa de retorno”. Como ya publicó El Confidencial, Industria maneja una rentabilidad media a futuro nunca superior al 5%.
Via El Confidencial