Industria duplica lo que se paga por la luz antes siquiera de encenderla en tan solo seis meses

 

Es la cara oculta del tarifazo eléctrico y lo que más de 25 millones de españoles tienen que pagar con independencia del gasto de luz en sus hogares. El término fijo de potencia se ha convertido en un concepto familiar para los consumidores, sobre todo cuando han empezado a recibir la última factura de la luz. El recargo ha sido descomunal porque entre julio y enero el Ministerio de Industria ha subido esta parte de la tarifa en casi un 100% a todos los clientes que tienen menos de 10 kw de potencia contratada.

En efecto, según consta en la última resolución del Ministerio de Industria sobre el coste de producción de energía eléctrica y los precios voluntarios para el pequeño consumidor, el término de potencia –que debe abonar el cliente antes incluso de empezar a consumir– subió hasta los 42,04 euros por kilovatio, un 17,9% más respecto a los 35,64 euros de la anterior revisión, llevada a cabo en octubre de 2013. La comparación con el mes de julio es todavía más dolorosa, ya que entonces ese coste era de 21,89 euros. Esto es, el fijo que pagan los consumidores por la luz se ha incrementado en un 92%.

Más inquietante es que esa parte del recibo esté cada vez ganando más peso relativo. De hecho y según explican fuentes del sector, supone ya un 43% en relación con el consumo, cuando en julio apenas suponía un 36%. Según consta en la resolución, fechada el 31 de enero y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado día 1, los precios voluntarios para el pequeño consumidor vienen a sustituir a la Tarifa de Último Recurso (TUR) y son los “máximos que podrán cobrar las comercializadores que (…) asuman las obligaciones de suministro de referencia”.

El mayor peso del término de potencia dentro de la tarifa eléctrica supone un duro revés en la política de ahorro en el sector desde el momento en que priva al consumidor de estímulos para beneficiarse de una mejor utilización energética. Con un impacto colateral añadido. El incremento del recibo de la luz ha empezado a repercutir en una mayor elasticidad de la demanda, de modo que los hogares están ajustando su nivel de consumo provocando la consiguiente caída de los ingresos del sistema eléctrico.

Las asociaciones de usuarios incidían ayer en este punto para poner en solfa a Industria. Por ejemplo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) criticaba que la subida afectara de manera desigual a los consumidores y golpeara especialmente a quienes consumen poco. También a segundas residencias y viviendas vacías. En esta línea, recomendaba revisar la potencia contratada para ahorrar en la factura. Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) apuntaba que el incremento “penaliza a las familias que peor lo están pasando”.

Salvavidas a las eléctricas

La evolución también tiene otras lecturas, más empresariales. No en vano, el Gobierno se ha sentido obligado a actuar de forma estratégica para salvar la caja de las compañías eléctricas favoreciendo el tramo de la tarifa que no está supeditado al consumo. En definitiva, las órdenes ministeriales aprobadas por Industria tratan de garantizar los ingresos de manera inelástica a costa de sacrificar los incentivos que el marco regulatorio ha venido estableciendo en pro de una mayor eficiencia energética.

El incremento del término de potencia se refleja de manera drástica en las segundas viviendas, donde el consumidor se ha visto sorprendido con un recibo de la luz desproporcionado en relación al bajo consumo. La reacción de los usuarios ha sido automática y las distribuidoras empiezan a verse desbordadas por clientes que quieren reducir la potencia contratada para ajustar una tarifa cada vez más incontrolada. Todo un efecto de segunda vuelta para un sector siempre en alerta.

Vía El Confidencial