La batalla que libran los más de 50.000 pequeños inversores pillados en el sector fotovoltaico contra el Gobierno tras los últimos recortes de la reforma energética se abre ahora hacia un nuevo flanco.
El proceso por el que el Ministerio de Industria, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), va a elegir a tres consultoras que sienten las bases técnicas para que las plantas de energías renovables cobren una «rentabilidad razonable» ha levantado una gran polémica.
El Departamento que dirige José Manuel Soria no ha querido convocar un concurso para la adjudicación de estos contratosque tendrán un coste de 300.000 euros para cada una de las tres consultoras, lo que unido al IVA eleva el monto total a cerca de un millón de euros, según se desprende del pliego de contratación.
Este pliego anuncia “la contratación de servicios de asistencia especializada” de tres consultoras “independientes, de contrastada solvencia y reconocido prestigio” para que diseñen los “estudios y análisis de estándares (..) bajo distintas hipótesis y escenarios de las instalaciones de generación de electricidad en régimen especial”.
Pero según parece, la adjudicación no se hará por concurso, sino por un «sistema de invitación»que ha disparado las alarmas en el sector renovable y ha despertado sospechas de que Industria podría elegir a dedo a estas tres consultoras.
No habrá concurso, sino una especie de «sistema de invitación» a las consultoras, lo que ha levantado las sospechas de que se podrían adjudicar los contratos a dedo
Y especialmente en el más afectado por todos los recortes, el sector solar fotovoltaico, en el que tras los ajustes sufridos desde 2010 hay más de 50.000 pequeños ahorradores pillados, a muchos de los cuales el pago de las primas ya no les da ni para cubrir las cuotas mensuales de los préstamos contratados para realizar la inversión.
En este contexto, la patronal de pequeños inversores fotovoltaicos, Anpier, ha mandado un escrito al IDAE, que es el organismo que con sus fondos pagará el millón de euros a las consultoras, denunciando «la irregularidad en la que está incurriendo por no realizar publicidad en la licitación de la contratación de las tres empresas que ofrecerán asistencia técnica a Industria».
Anpier denuncia la opacidad y falta de transparencia con la que se está llevando el proceso de selección de estas empresas y advierte que «el propio artículo 1 de las instrucciones internas para la contratación del IDAE recoge que los contratos celebrados por este organismo se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, por el Real Decreto Ley 3/2011, texto que regula los contratos del Sector Público y que exige la pública licitación«.
IDAE no ha difundido, a través de internet, su perfil del contratante ni ha respetado el RD que regula los contratos del sector público y que exige pública licitación, denuncia Anpier
La patronal reseña que el artículo 53 de esta norma «establece que, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, los órganos de contratación difundirán, a través de Internet, su perfil de contratante. Condición asumida por el propio IDAE en sus instrucciones internas para la contratación, que establecen que ‘con el fin de dar publicidad a la solicitud de ofertas, la información relativa a la licitación se insertará en el Perfil de Contratante que se dispondrá en la página web oficial de IDAE, mediante procedimiento que permita dejar constancia de la fecha en que se hace pública”. Y «esta circunstancia que no se ha producido», denuncia la patronal de los pequeños fotovoltaicos.
El nuevo frente abierto por los fotovoltaicos se une al resto de batallas abiertas contra los recortes del último Gobierno de Zapatero y del actual. Comunidades Autónomas que acuden al Constitucional contra las normas que han hundido el sector renovable en España (Extremadura, del PP, acumula ya cuatro recursos de inconstitucionalidad), fondos internacionales, muchos de ellos estadounidenses y alemanes, que han llevado a procesos arbitrales al Reino de España por los ajustes retroactivos y un largo etéctera iniciativa que anticipan un otoño y un año 2014 calientes.
De hecho, Industria exigirá a las tres consultoras elegidas que presten también servicios de asesoría jurídica, en previsión de la avalancha de demandas y procesos arbitrales que se espera en los próximos meses y en el próximo año.
Vía Vozpópuli