El Plan de Energías Renovables 2011-2020 aprobado por el gobierno en Consejo de Ministros el pasado viernes 11 de noviembre «llega once meses tarde» y lo hace «en dirección contraria a las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE)» sobre tecnologías ‘verdes’ según un comunicado de la Fundación Renovables. Para dicha entidad, el PER es otra oportunidad perdida para haber afrontado de otra manera los verdaderos problemas energéticos de España: la enorme dependencia energética, la elevada intensidad energética y las crecientes emisiones de CO2. Según la Agencia Internacional de la Energía los daños provocados por el cambio climático serán irreversibles a partir de 2017, ya que ese año se podrían alcanzar las emisiones que se preveía alcanzar hacia 2035, lo que provocaría una subida de la temperatura del planeta entre tres y seis grados, superando así el límite de dos grados a partir del cual el cambio climático se considera catastrófico y, por tanto, inadmisible.
De las conclusiones a las que llega el informe de la AIE se extrae que el PER 2011-2020 refleja una política energética totalmente equivocada al limitar y frenar el crecimiento de las renovables en España hasta 2020 y apostar la consolidación del modelo energético conservador en combustibles fósiles y nucleares que para España es insostenible por caro, contaminante, ineficiente e inseguro por los riesgos de suministro y por su carácter inflacionista y especulativo.
Es por eso que han surgido numerosas especulaciones que señalan el PER como un acto de marcado caracter electoral, que llega metido con calzador a pocas fechas para las próximas elecciones generales y que debía estar aprobado desde diciembre del pasado año, lo que demuestra que no ha sido un tema prioritario para el Gobierno.
Es importante mencionar también el hecho de que el PER incumple la Directiva Europea de Renovables 2009/28/CE, ya que mantiene la discrecionalidad del MITYC para modificar el marco retributivo y mantiene el sistema de cupos y de limitación de horas y no se establece ningún criterio de norma pública y transparente de conexión a red. Todos estos aspectos van en contra de los criterios de la Directiva que exige eliminar las barreras regulatorias, administrativas y de conexión a red que impiden un mayor crecimiento de las renovables, incumplimiento que se añade a otro mayor, ya que el plazo de transposición de la directiva al ordenamiento jurídico nacional terminó en diciembre de 2010 sin que tampoco se explique por qué no se ha hecho ya, de la misma forma que tampoco habrá la Ley de Renovables, prometida desde 2008.
Por último, este PER es contradictorio en palabras de la Fundación Renovables porque hace un balance extraordinariamente positivo del impacto de las renovables en el PIB, en la balanza de pagos, en el empleo, en la reducción de emisiones de CO2 y hace una previsión también positiva de la reducción de su peso en los costes del sistema; sin embargo, se recortan los objetivos de renovables para 2020 en 10.000 MW y se establece un horizonte de competitividad de las renovables para después de 2020, sin ninguna explicación o justificación, en contra de todos los estudios que estiman que podría alcanzarse en los próximos años de esta década y es por eso que no se entiende el recorte en los objetivos de una industria, la de las energías renovables, que tiene unos beneficios tan obvios y contrastados.
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