Según informaba la agencia Reuters hace tan solo unos días, el Gobierno español ha suprimido los límites para el denominado déficit de la tarifa eléctrica, o diferencia entre los ingresos y los costes regulados del sistema, que fijaban un tope de 1.500 millones de euros en 2012 y un déficit cero en 2013.
«Esta medida permitirá iniciar el año 2013 en un escenario de equilibrio en el sistema (…) de manera que la orden por la que se fijan los peajes de acceso para el año 2013 establezca el presupuesto para ese año considerando exclusivamente los ingresos y costes previstos», dijo el Ejecutivo en un real decreto sobre la cotización de empleadas de hogar aprobado el sábado pasado y publicado el lunes en el BOE.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, reconoció recientemente que en 2012 el déficit tarifario se desviaría en 1.900 millones de euros, frente al techo de 1.500 millones que fijaba la ley.
Esta desviación se debe, según el Ministerio de Industria, a la menor demanda de electricidad en medio de la crisis económica, el coste de las primas a las energías renovables y la asunción de costes extrapeninsulares que en principio se querían incluir en los presupuestos del Estado.
Con la eliminación de los topes existentes hasta ahora, se podrá titulizar todo el déficit que se genere a través del FADE (Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico). El déficit de tarifa se considera hasta su titulación como deuda de las empresas eléctricas, que pesa en su balance y amenaza sus calificaciones de crédito. Pero cuando esta deuda se tituliza en el FADE, pasa a ser deuda contraída por el Estado, por lo que las eléctricas pueden sacar de su balance estas deudas y éstas pasan a ser considerada deuda pública, con lo que el ciudadano de a pie es el avalista último de la misma.
Del total acumulado (más de 24.000 millones), están titulizados ya más de 17.000 millones, 14.577 millones por parte del FADE y 3.000 por las eléctricas, quedando algo menos de 7.000 millones en el balance de las cinco grandes empresas del sector.
El tinglado que se han montado las eléctricas con la connivencia del Gobierno es fantástico. De hecho, si prospera la petición de auditoría de cuentas del sector eléctrico, que desde la ciudadanía se está realizando, en el peor de los casos a los ciudadanos sólo se nos podría hacer una quita de la deuda por valor de esos 7.000 millones no titulizados, es decir, tan sólo nos podríamos librar de pagar el 29% del déficit tarifario. El resto ya es deuda del Estado. Y eso en el mejor de los casos, porque ahora el Estado podrá titulizar también esos 7.000 millones, con lo que las eléctricas podrían librarse de toda su deuda.
Es increíble que estas situaciones se estén dando en un país civilizado de la vieja Europa, ante los ojos de Bruselas y sin que ninguno de los dos partidos mayoritarios hayan hecho nada en los últimos 10 años. El propio Miguel Sebastián, ex-ministro de Industria, reconoció hace unos meses que no hicieron nada por arreglarlo, a sabiendas de que había un grave problema. Del Gobierno del PP no se pueden esperar grandes soluciones, ya que es vox pópuli la afinidad que existe entre las empresas energéticas y el PP, partido del que proceden la mayor parte de consejeros ex-políticos que actualmente forman parte del consejo de administración de empresas como Endesa, Gas Natural-Fenosa, Repsol, etc.
En cualquier caso, desde Efimarket nos tememos que mientras Bruselas no tome cartas en el asunto, nada va a solucionarse, y los ciudadanos españoles seguiremos haciendo frente a una deuda que posiblemente sea incluso ficticia: recordemos que la patronal eléctrica no informa de sus costes reales de generación desde 1997…
Redacción Efimarket