El Gobierno hizo llegar el jueves por la tarde al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Medidas Fiscales en Materia de Sostenibilidad Energética, la llamada Reforma Energética, que el Consejo de Ministros había aprobado el viernes anterior para su tramitación parlamentaria. El texto legal incluye una memoria sobre el impacto normativo y económico de las medidas fiscales que incluye.
Esta ley supone la creación de tres impuestos: uno del 6% sobre la generación eléctrica y otros dos sobre la producción y almacenamiento de residuos nucleares, un canon por el uso de aguas continentales para producción eléctrica y la aplicación de impuestos especiales al gas y el carbón.
La citada memoria desvela por primera vez el método para el cálculo y el desglose por tecnologías de las cantidades que el Gobierno prevé recaudar por el impuesto del 6% a la generación, así como el efecto que tendrá sobre los consumidores finales del gas natural. Este combustible se gravará por primera vez con el impuesto sobre hidrocarburos (0,00234 euros/kWh), que hasta ahora solo afectaba a los hidrocarburos líquidos y no los gaseosos. Para el año 2013, y teniendo en cuenta un escenario pesimista y otro optimista, la recaudación por este concepto será de 793 millones de euros, en el primer caso, o 936 millones, en el segundo, según la memoria.
El grueso de esta recaudación procederá del consumo de gas convencional (655 millones de euros en el mejor de los casos) y, en menor medida, del destinado a las centrales de ciclo combinado (281 millones). De estos datos, el Gobierno deduce un fuerte impacto en las tarifas del gas que sin considerar el IVA, subirían entre un 3,05% y un 4,43% (para los clientes de la tarifa de último recurso o TUR). Estas subidas afectarán a 7,4 millones de clientes.
Mayor aún será el impacto de los precios del gas en el mercado industrial, que subirán entre un 5% y un 8% en función de los escalones de consumo anual. Estas alzas afectarán a 3.700 clientes, entre los que se encuentran las plantas de cogeneración (estas suponen un 20% del consumo total) y las 900 instalaciones industriales que producen con gas (azulejeras, papeleras, químicas, automóvil o textil, entre otras).
Aunque los ingresos previstos por los nuevos tributos a la energía ya los anunció el ministro de Industria, José Manuel Soria, tras el Consejo de Ministros del día 14, que cifró en 2.900 millones, la memoria del proyecto de ley ofrece importantes matices. En el caso del impuesto sobre la producción eléctrica, esta calcula unos ingresos de 571,7 millones de euros en las tecnologías del régimen ordinario (nuclear, hidráulica, carbón, gas y fuel), que se derivan de una producción de 190.570 GWh y unos ingresos de 9.529 millones de euros. Este cálculo tiene un inconveniente: son datos de producción y precios de 2011, que han variado sustancialmente este año, en que la recesión ha provocado el derrumbe de la demanda.
Otro tanto ocurre con la recaudación del régimen especial, que incluye las renovables, y que se estima en 687,6 millones por una producción de 91.922 GWh y unos ingresos de 11.460 millones correspondientes al año pasado.
En cuanto a las plantas termosolares, que dejarán de estar primadas a partir de la entrada en vigor de la ley en la parte de su producción con gas o carbón, su retribución descenderá un 12%.
De los dos impuestos nucleares, uno de ellos sobre el almacenamiento centralizado de residuos radiactivos, que afectará al futuro ATC. Teniendo en cuenta que este almacén tiene una capacidad de 6.700 toneladas de metal pesado, la recaudación del tributo durante toda la vida del ARTC será de 469 millones.
Dado que dos comunidades autónomas, Andalucía y Castilla-La Mancha, ya gravan el almacenamiento de residuos (en el primer caso los de baja intensidad de El Cabril) y la ley impide la doble imposición, estas comunidades no podrán aplicarlos en beneficio del Estado. Sin embargo, «esto no supondrá una disminución de los ingresos que recibían», que serán compensados como establece la Ley Orgánica de Financiación Autonómica.
Ni una palabra sobre el déficit de tarifa
Aunque el ministro de Industria, José Manuel Soria, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, subrayaron durante la presentación de la nueva ley energética que el objetivo de la misma es solventar el grave problema del déficit de tarifa, lo cierto es que el texto legal remitido al Congreso para su tramitación parlamentaria no hace ni una sola alusión al déficit. Es más, el objetivo de la norma no es acabar con él, sino «armonizar nuestro sistema fiscal con un uso de los recursos energéticos más eficiente con el medio ambiente y la sostenibilidad».
Visto en detalle el texto, se llega a la conclusión de que parte de la recaudación prevista se destinará no ya al déficit de tarifa, sino a fines medioambientales (por ejemplo, a costear la gestión de residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales nucleares) o a paliar los efectos del uso de las aguas continentales para producir electricidad, como es el caso del nuevo canon hidroeléctrico.
Hasta la aplicación del impuesto de hidrocarburos al gas natural o el nuevo impuesto especial al carbón (el llamado céntimo verde) se justifica en el proyecto de ley por razones medioambientales: «El que contamina paga«, señala.
La norma establece que la tarifa de acceso se financiará también a partir de ahora vía Presupuestos del Estado. Sin embargo, mientras el anteproyecto de ley dejaba claro que dicha recaudación se destinaría a financiar costes del sistema eléctrico «vinculados a fines de fomento de las energías renovables» (las primas que reciben) a través de partidas presupuestarias, el proyecto de ley introduce matices, al señalar que en la asignación de créditos presupuestarios para pagar dichas primas, «podrá tenerse en cuenta el importe de dichos ingresos».
Fuente: Cinco Días