El 80 % de las inversiones de la Unión Europea (UE) destinadas a políticas de eficiencia energética desde el año 2000 se gastaron en proyectos que no cumplían este objetivo, denunció hace unos días el miembro del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), Harald Wögerbauer.
En la práctica, eso supone que 4.000 millones de los 5.000 millones de euros desembolsados por los Veintisiete con este propósito acabaron en obras en las que, como máximo, la eficiencia energética era un efecto secundario. En cualquier caso, Wögerbauer señaló que corresponde a la Comisión Europea (CE) decidir ahora si debe reclamar o no los fondos entregados.
Wögerbauer basó estas cifras en el informe del TCE «Rentabilidad de las inversiones en eficiencia energética de la Política de Cohesión» que él mismo dirigió y que presentó en una rueda de prensa en Bruselas, aunque aclaró que estos números no forman parte del documento final.
«Los Estados miembros empleaban estos fondos fundamentalmente para renovar edificios públicos y la eficiencia energética constituía, todo lo más, una preocupación secundaria«, lamentó. En este sentido, criticó que gran parte del dinero servía para llevar a cabo proyectos de mejora de la comodidad, la seguridad y el atractivo de los edificios, que deberían haber sido sufragados «por otro tipo de fondos o bien por los Estados miembros«, sugirió.
El informe apunta que el plazo medio previsto para la amortización de las inversiones es de 50 años y de 150 años en casos extremos, lo cual resulta excesivo teniendo en cuenta la vida útil de los componentes renovados así como la de los propios inmuebles, por lo que pueden considerarse perdidas desde el punto de vista de la eficiencia energética, indica el documento.
Durante la investigación, que se llevó a cabo en la República Checa, Italia y Lituania, los países que habían recibido las mayores contribuciones de la UE en el periodo 2007-2013, el TCE concluyó que el concepto de rentabilidad no fue un factor determinante en la asignación de fondos.
Aunque todos los proyectos se realizaron según lo previsto, el coste con respecto al potencial de ahorro energético fue elevado y se concedió más importancia a la necesidad de renovación de los edificios públicos, como sustitución de puertas y ventanas o aislamiento de tejados y paredes, que a la eficiencia.
Para mejorar la inversión en el futuro, el Tribunal ha recomendado a la Comisión que supedite la financiación a una evaluación adecuada de las necesidades, a un seguimiento periódico y a la utilización de indicadores de resultados comparables.
Además, propuso criterios transparentes en la selección de proyectos y que se fije un valor máximo aceptable para el plazo de amortización.
Vía EfeVerde