La mayoría absoluta del PP ha dado en solitario el visto bueno a dos leyes que permiten alancear cualquier punto de la geografía española mediante la técnica del fracking o fracturación del subsuelo, inyectando grandes cantidades de agua y componentes químicos para liberar el gas y comercializarlo.
Todo el territorio, la mentada “piel de toro”, se halla bajo la lupa de esta agresiva explotación del subsuelo. Varios municipios gallegos, gran parte de Castilla-León, Cantabria, Álava, La Rioja, Aragón, parte de Cataluña y amplias áreas de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, han atraído el interés de los extractores.
Y aunque toda la oposición política rechaza la legalización del fracking por falta de garantías medioambientales y sísmicas, el Ejecutivo de Mariano Rajoy antepone los intereses energéticos privados al daño al medio natural.
De las tres votaciones en las que el PP se ha quedado sólo en el Parlamento en las últimas horas, dos corresponden a actividades depredadoras del medio ambiente. La tercera se registró contra la regresiva ley Wert, que será contestada por la comunidad educativa con una huelga general el próximo 24 del corriente. La legalización del fracking como actividad industrial ha sido introducida “por la puerta de atrás” por el ministro del ramo, José Manuel Soria, en la Ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en Canarias y Baleares. El portavoz socialista, Jesús Alique, denunció la trampa legislativa y todos los grupos apoyaron las enmiendas pidiendo la retirada de las dos disposiciones estrambóticas (de estrambote) en una ley ajena al asunto.
Esto ocurría a las once de la noche del miércoles en el Senado y, unas horas después, el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Árias Cañete, defendía en el Congreso el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental que recoge la actividad industrial y gasística del fracking y permite al Gobierno central otorgar los permisos de impacto ambiental y realizar las concesiones en cuatro meses. Cañete argumentó que la dilación de los proyectos sometidos a impacto ambiental es elevadísima –“el tiempo medio es de tres años frente al límite de dos fijado en la norma actual”, dijo–, y eso frena, según dijo, el desarrollo económico de España. “A ello hay que sumar la inseguridad jurídica por la proliferación de normas autonómicas”, agregó.
La solución de Cañete consiste en centralizar las competencias autonómicas, reducir a cuatro meses los informes de impacto ambiental de los proyectos estratégicos –y los hidrocarburos tienen esa consideración– y “agilizar las demandas de los promotores”. Si después sobrevienen temblores de tierra como los que se registran en Castellón y Tarragona porque no se evaluó el impacto sísmico del almacén natural de gas Castor como había pedido la izquierda cuando gobernaba en Cataluña, o se contaminan los acuíferos, se desvían las corrientes subterráneas y se esquilman y secan los cursos fluviales, todo habrá sido “para fomentar la actividad económica y el bienestar de los españoles”, según Cañete.
De paso, el Gobierno ha aprovechado el proyecto para prohibir el bunkering (gasolineras flotantes), un negocio del que se ha lucrado el propio ministro con la reventa de combustible de los buques nodriza en Gibraltar y Canarias. “Lo suyo es un lavado de cara, señor ministro“, le reprochó la diputada catalana de ICV, Laia Ortiz. La ley también considera ilegales los rellenos costeros como el que se realiza en Gibraltar para construir viviendas.
Mapa de permisos de investigación y explotación de hidrocarburos. / Ministerio de Industria
Además de una centralización de las competencias medioambientales, rechazada con especial énfasis por Olaya Fernández Dávila (BNG), Joan Baldoví (Compromís-Equo), Teresa Jordà(ERC), Martí Barberá (CiU), Joseba Aguirretxea (PNV) y Maite Ariztegui (Amaiur), los portavoces de Izquierda Plural, Laia Ortiz, y del PSOE, José Luis Ábalos, enumeraron una ristra de trampas para sustentar las cuatro enmiendas de devolución.
La primera es el intento de ganar tiempo para poner en marcha determinados proyectos antes de trasponer la directiva que se debatió el miércoles en el Parlamento Europeo. Y a partir de ahí, la tramitación urgente de la ley, con un plazo de enmiendas al articulado de 24 horas que terminó a las ocho de la noche del viernes; la aplicación de la “confidencialidad” a los proyectos, contraviniendo el derecho a la información pública; la reducción al mínimo del periodo de alegaciones; la supresión del derecho de recurso por parte de las plataformas de afectados y, en última instancia, la mercantilización del medio natural y la venta del derecho a dañarlo mediante la implantación del llamado “Banco de Conservación de la Naturaleza”.
Banco de Conservación de la Naturaleza: el que paga puede contaminar
“Este banco es un instrumento que funciona muy bien en Estados Unidos”, argumentó el ministro Cañete antes de explicar que los créditos deberán ser depositados en su departamento. Es decir, que el titular de Agricultura se convertirá en banquero. Con este procedimiento, según denunciaron Ortiz y Ábalos, las grandes corporaciones podrán comprar el derecho a dañar el medio ambiente realizando un depósito económico y se trastocará el principio del que contamina paga por “el que paga podrá contaminar”, sin que, además los depósitos económicos deban destinarse obligatoriamente a subsanar el daño en la zona afectada. “Pueden ir incluso a mejorar fincas privadas”, denunció Ortiz.
Será un procedimiento especialmente útil para el fracking, según queda de manifiesto en una reciente respuesta escrita del Gobierno al diputado Miguel Ángel Heredia sobre esas prácticas en Andalucía, donde, por cierto, se ha detectado una nueva e insistente actividad sísmica leve que afecta a la comarca jienense de La Loma, con incidencia en las localidades de Sabiote y Torreperogil. Los depósitos ante los daños no evaluados permitirán en todo caso agilizar los trámites ambientales y comenzar las perforaciones para obtener hidrocarburos en un plazo aproximado de dos años, según estima el ministro Soria en respuesta al diputado socialista Félix Lavilla.
El ministro dice que “el gas no convencional (GNC) obtenido mediante la fracturación hidráulica o ‘fracking’ ha revolucionado el panorama energético en los EEUU, pero en Europa nos encontramos en una fase muy preliminar de la investigación”. Y reconoce que su departamento ya se ha dado “diversos permisos de investigación de hidrocarburos que tienen al GNC entre sus objetivos exploratorios, ya sean principales o secundarios”.
Y puesto que, según Soria, “el sector de exploración y producción de hidrocarburos, incluido el GNC, podría aportar notables beneficios al país, como la afluencia de importantes inversiones y el crecimiento económico asociado”, esos permisos de exploración afectan ya a 45 localidades de la provincia de Soria, 3 de Guadalajara, 3 en La Rioja, 20 en Burgos y tres en Vitoria. Según los datos recabados por Chesús Yuste, de Izquierda Plural, varias localidades de Navarra, Aragón y las cuencas del Cinca y del Ebro se hallan en el punto de mira de distintas empresas de hidrocarburos que han solicitado permiso de exploración y explotación mediante el fracking.
Por otra parte, la supresión de los ayuntamientos con menos de mil habitantes y la eliminación de las juntas vecinales, prevista en la nueva ley de entidades local aportada por el ministroCristóbal Montoro y también rechazada por toda la oposición, contribuye a eliminar las resistencias municipales y a disponer más cómodamente de los montes, ríos y bienes comunales para la extracción del gas del subsuelo.
La barra libre al fracking sin pérdida de tiempo ni comparecencia de los expertos, como solicitó el PSOE, y sin esperar a la nueva directiva medioambiental europea, infligirá más daño al sector primario y más destrozo a la atormentada geografía por patriótica decisión de la mayoría absoluta del PP frente a todos los demás.
Vía Cuarto Poder