El nuevo peaje progresivo incluido en la Tarifa de Último Recurso (TUR) de electricidad que aplicará a partir de enero el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para los consumidores domésticos tendrá cinco tramos de consumo y unas diferencias de precios entre el primero y el último del 700%. La nueva tarifa progresiva aparece recogida en el borrador de orden ministerial de peajes eléctricos y entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2013.
El peaje progresivo se aplicará a partir de los 3 kilovatios (kW) de potencia, de modo que dejará fuera a los hogares acogidos al bono social, así como a muchas segundas viviendas con consumos generalmente bajos. A partir de este umbral y hasta los 10 kW, habrá siete perfiles de consumidor, cada uno de ellos con cinco tramos en función del consumo.
El primero va de 3 a 4 kW, el segundo de 4 a 5 kW, y así sucesivamente, hasta los 10 kW. En el caso de entre 3 y 4 kW, el consumidor pagará un recargo de 0,00138 euros por kilovatio hora (kWh) cuando consuma entre 190 y 224 kWh, así como 0,00276 euros para el tramo entre 225 y 259 kWh, 0,00483 euros para el comprendido entre 260 y 293 kWh, 0,00759 euros para el comprendido entre 294 y 328 kWh y 0,01104 para consumos entre 329 y 363 kWh.ç
El precio del recargo por kilovatio hora es el mismo en los siguientes perfiles de consumo, si bien las horquillas son superiores. Como ejemplo, el consumidor medio español, que tiene entre 4 y 5 kW contratados, entrará en el modelo de tramos tras consumir 247 kWh, y superará el primer escalón a los 292 kWh, el segundo a los 337 kWh, el tercero a los 382 kWh y el cuarto a los 427 kWh. En la memoria que acompaña a la orden ministerial se indica que el objetivo de los nuevos peajes progresivos es «establecer medidas que incentiven el consumo responsable de energía a través de la introducción de una progresividad en los precios de los peajes de acceso».
Así, según la nueva escala de progresividad, los consumidores con potencias de hasta 7 kilovatios (kW) pueden pasar de pagar un recargo de 0,00138 euros por kilovatio hora (kWh) en caso de los menores consumos a un 700% más, esto es, recargos de 0,01104 euros por KWh, en el tramo de mayor consumo.
El coste económico será mayor para los usuarios con consumos superiores a la media, si bien el impacto para los hogares «no se prevé elevado», al tiempo que la medida «contribuirá a impulsar un consumo de energía eléctrica más responsable», señala Industria.
En todo caso, la orden ministerial congela los peajes eléctricos, como había anunciado el ministro José Manuel Soria, de forma que la revisión de la tarifa en enero dependerá únicamente del resultado de la subasta eléctrica del próximo 21 de diciembre. La previsible subida en esta puja tendrá un peso cercano al 50% sobre la tarifa final. Industria señala en la memoria económica que la subida «nula» de peajes no provocará «alteraciones sobre el IPC» ni «por tanto sobre la competitividad de la economía española».
Respiro para los ayuntamientos
La orden ministerial, además, vuelve a dar un año de plazo a los consumidores con potencias superiores a 10 kilovatios (kW) para la firma de un contrato de suministro en el mercado libre. Estos consumidores, generalmente administraciones públicas y empresas, disponían de plazo hasta el 31 de diciembre de este año para pasar al mercado libre si no querían exponerse a recargos cercanos al 20% en su recibo. Esta exigencia se había convertido en un problema para algunas administraciones públicas, especialmente ayuntamientos, que se encuentran acuciados por la falta de recursos económicos y que tienen mucha dificultad para encontrar un suministrador eléctrico a precio competitivo.
Por otro lado, Industria ha recogido en sus previsiones de costes del sistema eléctrico las sentencias del Tribunal Supremo en las que se exime a las eléctricas de financiar el mecanismo del bono social. De esta forma, serán los consumidores eléctricos, mediente la tarifa, los que costeen esta medida apoyo a colectivos vulnerables. En concreto, Industria ha recogido un coste de 161 millones de euros imputable a la tarifa de 2012 relacionada con el bono social, así como de 187 millones de euros para el ejercicio 2013.
Vía El Economista