En el nuevo sistema de precios de la luz que ha diseñado el Gobierno se va a implantar el concepto de compromiso de permanencia, tan denostado por los usuarios en los servicios de telefonía móvil.
Ese compromiso, que se ha ido abandonando progresivamente en la telefonía móvil, supone una penalización económica al usuario en caso de dejar a su suministrador habitual por otro con una oferta mejor.
En el caso de los nuevos contratos eléctricos esa penalización puede llegar a un máximo del 5% del coste del suministro eléctrico que aún quedaba por realizar, y que puede ser de un año entero.
Así se desprende del borrador de real decreto que difundió ayer el Gobierno para cambiar la estructura de precios eléctricos a partir de abril. El ministerio de Industria quiere suprimir el actual sistema de fijación de precios de la luz, en el que se fijan tarifas estables para cada trimestre.
Quiere implantar uno nuevo en el que el precio de la luz que pague cada usuario dependa de a como cotiza cada día la electricidad en el mercado mayorista, o pool.
En su recibo bimestral, la eléctrica le hará una media de esos precios, que pueden ser muy volátiles. Para evitar la volatilidad, el Gobierno va a obligar a las eléctricas a ofrecer contratos por un año al usuario con un precio único.
Penalización
Y es aquí donde llegará el compromiso de permanencia. Si llegado el caso, un usuario que se acogió a esa modalidad de contrato estable, decide abandonarlo porque ha encontrado un suministrador más barato, su actual compañía puede penalizarle económicamente, llegando a un máximo del 5% del coste del suministro eléctrico que aún quedaba por realizar, y que puede ser de un año entero.
Desde luego se trata de una nueva genialidad del equipo de Mariano Rajoy, que no hacen mas que pensar en cómo beneficiar a las eléctricas en sus horas bajas. Estas últimas no soportan perder ingresos, y siempre manipulan en la oscuridad al Gobierno de turno para conseguir que se aprueben nuevas normas que les beneficien via BOE. Su codicio y sinvergonzonería no tiene límites, y como siempre, el ciudadano y la pyme acaban pagando los platos rotos.
Vía Expansión.com