El PP ha vuelto a tirar de su mayoría parlamentaria y ha logrado que la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados aprobara este miércoles el proyecto de Ley del Sector Eléctrico, sin dar tiempo a analizar las 441 enmiendas presentadas por la oposición. Eso sí, ha incorporado en el texto las 57 presentadas por el Grupo Popular, al tiempo que rechazaba todas las restantes. El texto será remitido ahora al Senado.
Las enmiendas aprobadas son, en general, de carácter técnico, aunque una de ellas establece que la retribución de las actividades reguladas se fijará cada seis años, pero que estos periodos tendrán una revisión intermedia a los tres años para evitar posibles desajustes.
El proyecto de Ley del Sector Eléctrico constituye la principal normativa de la reforma energética aprobada en julio por el gobierno, con la que éste pretende acabar con el déficit de tarifa y evitar que este vuelva a producirse en el futuro.
Según el portavoz de los populares Antonio Erías, el Gobierno «ha acometido una reforma valiente, necesaria y en cierto modo inevitable» para conseguir resolver la «inestabilidad» que, a su juicio, «se había instalado dentro de nuestro sistema energético».
Condena unánime de la oposición
No lo ven así, ni mucho menos, los restantes grupos políticos. El diputado socialista Jesús Alique ha rechazado prácticamente todos los puntos de la normativa, en especial en lo que se refiere a las renovables y el autoconsumo, que en su opinión es «uno de los graves errores de este proyecto».
Desde la Izquierda Plural, Laia Ortiz ha reiterado la «absoluta disconformidad con el fondo y la forma» de la normativa, por su impacto en términos económicos y ambientales, al tiempo que Josep Sánchez i Llibre, de CiU, ha alertado del riesgo de deslocalización industrial por los elevados precios de la energía y ha pedido respeto para las competencias autonómicas.
El diputado del PNV Pedro Aspiazu ha subrayado el impacto de esta norma en la competitividad industrial, mientras que desde UPyD Carlos Martínez Gorriarán ha criticado que «trata de consolidar un modelo de negocio que ha fracasado» al tiempo que «intenta poner barreras de acceso a los que se han incorporado a última hora», en referencia a las renovables.
Además, los grupos de la oposición han criticado que el Grupo Popular no haya permitido comparecencias complementarias en esta comisión, impidiendo así que se oyera la opinión de, entre otros, Alberto Lafuente, ex presidente de la Comisión Nacional de Energía, o de Miguel Ángel Martínez Aroca, presidente de la asociación fotovoltaica Anpier.