«No me cansaré de reconocer el acierto y los méritos de la política económica del gobierno del señor Rajoy y, desde aquí le animo a mantenerse firme en sus decisiones de ajuste”. Esta frase, pronunciada por el presidente de Endesa, Borja Prado, en el transcurso de la junta de accionistas de la compañía resultaba chocante teniendo en cuenta que el Gobierno al que le hacía ese guiño acababa de tramitar una ley sobre los sistemas extrapeninsulares que explota Endesa y que la propia empresa considera discriminatoria y lesiva.
En la misma línea, como si de un coro se tratase, se había manifestado el presidente de Gas Natural Fenosa, Salvador Gabarró, también en la asamblea de su compañía:“Lo más duro del ajuste está hecho, creo que estamos tocando fondo, y las perspectivas internacionales son buenas”, dijo.
Pero el aria ha corrido a cargo del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que, obviando los perjudiciales cambios regulatorios a la eólica y los nuevos impuestos de enero, ha proclamado en dos ocasiones que “este es el mejor Gobierno de la democracia”.
Es tan evidente que estas lisonjas forman parte de una estrategia orquestada por las compañías de Unesa, como que la reforma electrica que prepara Industria ya no tiene vuelta atrás y verá la luz este mes de junio. Para las distintas empresas del régimen especial, que temen lo peor, tanta condescendencia de las grandes elécticas no forma parte de la campaña de la Marca España, sino que es una prueba de que han pactado un mejor trato en la polémica reforma.
Las renovables aseguran que en el ministerio se palpa un claro rechazo contra ellas
No en vano, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, en uno de los múltiples encuentros que ha mantenido en los últimos meses con los afectados por la reforma, llegó a comentar a uno de ellos que a las grandes no las puede perjudicar porque corren el riesgo de caer en manos extranjeras. Una alusión clara a Iberdrola, ya que ni Endesa corre ese peligro (ya está en manos extranjeras, como recordó él mismo en el Senado) y Gas Natural está controlada en un 68% por La Caixa y Repsol. También las dos pequeñas de Unesa, EDP España y Eon España, tienen capital foráneo.
Al secretario, que ha alternado entre escuchar atentamente a su interlocutor o debatir con él, le ha fallado alguna vez el subconsciente. Las distintas asociaciones del régimen especial coinciden al asegurar que han percibido en el ministerio una especie de “alergia a las renovables” y una sospechosa defensa de la generación con gas y carbón, actividades propias de las grandes, que no logran competir por el hundimiento de la demanda.
Que se avecinan malos tiempos regulatorios para las energías verdes lo demostraría también la polémica propuesta informal de Nadal, de crear una especie de banco malo para las fotovoltaicas que no fuesen capaces de asumir sus compromisos financieros.
El proceso de elaboración de la reforma eléctrica se ha llevado en el máximo secreto, pero el run run indica que ya está redactada. Algunas fuentes aseguran que se trata de un proyecto de ley, que entraría en vigor a finales de año, y de un real decreto ley, que irían acompañados de multitud de reglamentos posteriores. Se desconoce si se trata de un texto refundido de la Ley Eléctrica de 1998 en el que se incluirían la ingente normativa aprobada en los últimos años sobre el sector.
El nerviosismo ha cundido entre fotovoltaicos, termosolares, eólicos y cogeneradores, que han inundado la Secretaría de Estado de informes con sus argumentos. Las asociaciones sectoriales se han lanzado a una carrera desesperada para presionar al Gobierno por cualquier vía.
Los encuentros con Industria han resultado inútiles, se lamentan. Y, aunque no cuentan con información fidedigna (“tengo alguna idea”, dijo Nadal a una de ellas) todos esperan un fuerte recorte, que en algunos casos podría ser “la puntilla”. Concretamente, un recorte medio del 20% de la retribución, aseguran.
Aunque la idea que se transmite es la de igualar la rentabilidad de todos los activos regulados o primados, ello supondría un fuerte recorte de la retribución del transporte, esto es de REE. Pero dado el papel que se ha atribuido a la compañía que preside José Folgado en la elaboración de la reforma (no hay que olvidar sus buenas relaciones con Nadal, que llegó a ser consejero de la empresa pública durante unos minutos), y en la que también ha participado el IDAE, pocos creen que Industria haga pupa al operador del sistema.
La suerte está echada y los cambios o recortes planean sobre el transporte, la distribución y las primas del régimen especial. Se reformarían los pagos por capacidad para apoyar a los ciclos combinados que están de capa caída (en el primer trimestre apenas funcionaron a un 10% de su capacidad) y el mercado marginalista (pool). Copiado del modelo inglés, el pool español se ha convertido en un fantasma de sí mismo, donde apenas puja libremente el gas.
Tampoco los responsables del ministerio se han librado del miedo, el de hacer una reforma para acabar con un déficit de tarifa, que sigue vivo y coleando. De poco servirá atajar los costes de la tarifa si los ingresos siguen a la deriva por la crisis de la demanda provocando nuevos desfases. Y lo que debería ser un motivo de satisfacción, la caída de los precios eléctricos en los primeros meses del año, ha sido motivo de disgusto para muchas empresas, cuyos ingreos van ligados a los precios.
Bajo la égida de Nadal, Industria ha cometido dos graves errores de cara a su propia reforma: ha perdido la oportunidad de subir los peajes en los dos primeros trimestres sin que la factura subiese (algo de lo que -dicen- están arrepentidos) y aprobar la norma que no permite a las renovables (esencialemente, la eólica) ir al mercado y la condena a cobrar una tarifa.
Vía Cinco Días