El Gobierno aprobó el pasado 27 de Enero un real decreto ley en materia energética que suspende temporalmente la instalación de nueva potencia renovable con primas. El decreto suprime los procedimientos de preasignación de retribución y los incentivos económicos tanto a las energías renovables como a la cogeneración y la producida a partir de residuos.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirmó que «El objetivo es disminuir el déficit público, y la política energética no es una excepción». Así mismo, recalcó el carácter «temporal» de la medida, vista como «un primer paso» mientras se pone marcha la reforma del sistema eléctrico.
Esta suspensión afecta a las instalaciones que aún no han sido inscritas en el registro de preasignación de régimen especial, sin carácter retroactivo, por lo que «no afecta a ningún derecho adquirido» de los actuales promotores.
El Gobierno no ha detallado el ahorro que supondrá esta medida, aunque Soria aseguró que las solicitudes actuales ascienden a unos 500 megavatios, cuya suspensión equivale a un ahorro de 160 millones de euros. Según la Comisión Nacional de la Energía, las primas de 2011 costaron 6.409 millones de euros y se estimaba que el gasto en 2012 sería de 7.220 millones de euros, el 70% destinado a las energías renovables.
Soria explicó que el sistema eléctrico no tiene «problemas de producción, generación o capacidad instalada», pero existe un déficit tarifario acumulado de 24.000 millones de euros que puede aumentar entre 3000 y 4000 millones de euros al año.
La retribución que reciben estas tecnologías se carga en el recibo de la luz. Así, la partida de peajes, que incluye primas y la amortización del déficit de tarifa, ronda el 50%. Además, el aumento de la deuda eléctrica supone una «amanaza para el sistema eléctrico».
En definitiva, el Ministerio de Industria asegura que con la medida se pone un «freno temporal a un sistema de retribución que entraña unos costes demasiado elevados para el sistema eléctrico». Se afirma que «La medida no pondrá en riesgo la seguridad de suministro ni el cumplimiento de los objetivos renovables con la Unión Europea».
Tras la noticia, la Asociación de la Industria Fotovoltáica (ASIF) ha advertido de que el parón a la instalación de nueva potencia renovable con prima supondrá la destrucción de «cientos de miles de empleos en el sector». De la misma manera, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) también ha expresado su preocupación ante el anuncio «sorpresa» del Gobierno, asegurando que la medida pone en peligro su industria. El presidente de la Fundación Renovables, Javier García García Breva, considera que la decisión del Gobierno es un «gravísimo error histórico» que retrasará el desarrollo tecnológico e irá contra una industria nacional que ha sido líder.
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Fuente: Europapress.com, Elmundo