Cuentan que en cierta ocasión el embajador florentino Francesco Guicciardini preguntó a Fernando el Católico, rey de Aragón y consorte de Castilla, acerca de la extraña facilidad del pueblo español para ser conquistado, ante lo cual contestó: «La nación es bastante apta para las armas, pero desordenada, de suerte que sólo puede hacer con ella grandes cosas el que sepa mantenerla unida y en orden».
Desde aquel siglo hasta ahora no parece ser que hayamos aprendido a avanzar todos en la misma dirección, incluso en ocasiones parece que ni siquiera en el mismo sentido. La actual crisis económica acentúa los problemas, y empiezan a surgir voces quejándose de falta de criterio a la hora de elaborar unas directrices económicas, laborales, energéticas o de cualquier otro tipo.
Relacionado con la energía, desde Efimarket.com nos hemos hecho eco en las últimas semanas de las declaraciones de importantes personalidades del mundo energético reclamando a nuestros legisladores un criterio definido. Nada menos Alfonso Beltrán, Director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), reclama que la fotovoltaica precisa un marco regulatorio estable. Por su parte, el presidente del Club Español de la Energía y de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, critica la icertidumbre legislativa y solicita una normativa energética estable.
Cuando importantes cargos como estos, casi siempre políticamente correctos, cruzan la barrera y critican a los legisladores, es un síntoma más que preocupante de que no se están haciendo las cosas bien. Quizás un síntoma más profundo, derivado de una burocracia excesiva y una legislación extensa y en muchas ocasiones absurda.
El primer problema sin duda se debe a la actuación de unos legisladores que parecen vivir en un mundo paralelo, totalmente ajenos a la realidad. Hay dos críticas que se les puede hacer con motivos fundados, que no conocen los sectores sobre los que legislan (ignorancia se llama), y que además no se dejan aconsejar por los expertos. Y cuando decimos expertos nos referimos a expertos de verdad, y no a lobbys de presión.
El segundo problema, tanto o más importante que el primero, se debe a que cada una de las 17 comunidades autónomas es un mundo legislativo distinto. Cada una de ellas publica una gran cantidad de legislación autonómica, completada por cada uno de los Ayuntamientos. Además, la existencia de numerosas Agencias de la Energía (locales o autonómicas) y demás organismos con competencias en materia de eficiencia energética y energías renovables, con sus propios programas de fomento y subvenciones varias, convierten el marco legislativo y energético en un puzle difícil de entender.
En la reciente Feria de Bioenergía de Valladolid los inversores y productores de biomasa se quejaban amargamente de las distintas primas que se ofrecían en comunidades colindantes, donde la virtual barrera entre comunidades divide el campo de cultivo con diferentes criterios. Estas barreras artificiales dificultan gravemente la planificación de recursos de biomasa. Sin duda alguna, los responsables de las Administraciones parecen no vivir en el mundo real. Otro ejemplo, ¿pensáis que tiene mucho sentido que cada Ayuntamiento tenga su propia «Oficina para el Cambio Climatico»?
El tercer problema tampoco es pequeño. Tantas Administraciones con competencias para legislar, junto con la total autonomía para tomar decisiones hacia un sentido o en otro, generan un río de nuevas normativas, medidas, leyes y similares a un ritmo imposible de asimilar. No contentos con esto, los errores e inexactitudes de una determinada legislación se subsanan creando nuevas leyes que modifican partes de las anteriores, solapándose todas ellas y haciendo francamente difícil sacar algo en claro. Las leyes en este país suponen un lastre para el desarrollo, cuando deberían hacer justo lo contrario.
Y por último, la clase política (nacional, autonómica y local) parece vivir en una continua fiesta de popularidad, donde el objetivo prioritario es salir en la foto relacionada con cualquier tema que se ponga de moda. Les importa muy poco si poner en marcha una inciativa es razonable o no. Su razonamiento es siempre el mismo: «si el alcalde del pueblo de al lado lo ha hecho, que es un don nadie, yo no voy a ser menos». ¿Y quién pone de moda todo esto? Pues básicamente los especuladores de determinadas tecnologías y por supuesto la prensa en su infinita ignorancia (que también tiene su parte de contribución).
Cuando nuestros políticos dirigen sus esfuerzos por satisfacer en cada momento a determinados grupos empresariales, sin estudiar realmente si esa medida es un avance en el desarrollo del país o simplemente un negocio puntual de unos pocos, tenemos un serio problema.
Pero dejémonos de generalidades y hablemos de ejemplos concretos. En el artículo «Ultimas noticias sobre el Real Decreto de microgeneración» publicado recientemente comentábamos algo muy grave. Las medidas incluidas en esta nueva normativa se vienen demandando desde hace tiempo, y resultan fundamentales para la política energética y la eficiencia. Sin embargo, consultados los dos partidos principales, el PP dice no saber nada del asunto, mientras que el PSOE asegura ahora que es una prioridad para ellos aunque no está claro que se pueda aprobar antes de las elecciones del 20N.
Primer detalle: el borrador del RD está publicado desde el mes de Junio, con el visto bueno de la CNE (Comisión Nacional de la Energía). Segundo detalle: estuvimos personalmente en las Jornadas de Biomasa Forestal celebradas en Murcia en Diciembre de 2010. Allí, el Jefe de Área de Producción en Régimen Especial del S.G. de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, en su ponencia anunció que este mismo Real Decreto estaba bendecido por la CNE y a punto de caramelo, que en unos meses estaría aprobado.
Pues desde entonces, ni el PP ha sido capaz de enterarse de la existencia de este borrador, ni el PSOE y Gobierno, en su gran esfuerzo por sacar adelante la ley, ha logrado que se apruebe. Se nos viene a la cabeza tres posibles opciones, sobre todo cuando a ambos partidos se les llena la boca hablando de sus esfuerzos en materia energética: incompetencia, desinterés absoluto por el tema (o lo que seria peor, interés en que no salga adelante), o tomadura de pelo al ciudadano. En cualquier caso, personas que cobran sueldos millonarios con nuestros impuestos deberían esforzarse un poco mas por hacer bien su trabajo, que no es otro que contribuir al desarrollo del país.
Sigamos ahora con la política energética de nuestro país. ¿Política qué…? Pues ese es el problema. Las políticas energéticas son objetivos a medio y largo plazo. En los últimos 20 años se han hecho muy pocas cosas en materia de energía, y sobre todo no se ha afrontado el problema en profundidad. ¿Alguien sabe si a medio y largo plazo vamos a apostar por la energía nuclear, por las renovables, por la antorcha y la cueva? Lo cierto es que nadie, y decimos nadie en todos los gobiernos habidos, ha tenido la valentía de afrontar el problema en serio. Silencio absoluto y cobarde sobre la energía nuclear, algunas centrales de ciclo combinado de gas, y tímidas apuestas por las energías renovables y la eficiencia energética.
¿Sabéis cuántos años útiles le quedan a las centrales nucleares? En unos cinco años llegan casi todas al final de su vida útil. ¿Y sabéis que se tarda 10 años en construir nuevas centrales? ¿Pero vamos a construir más o no? Ah, no se sabe. Los partidos políticos dicen fomentar las renovables porque tienen buena prensa, y callan cobardemente ante la nuclear porque no es popular. A dia de hoy no hay un pacto para una política energética seria, y al final además de la crisis inmobiliria y la crisis económica, nos reventará en la cara una muy seria crisis energética. Además, a día de hoy ningún inversor se atreve a abrir negocios energéticos porque desconoce cuál es la directriz en esa materia, y ve además inseguridad jurídica y una legislación errática a golpe de titular de periódico. Dede ser nuestra indiosincrasia como país el «cuando llegue el momento ya se verá».
Algunos diréis que en los últimos 5 años hay una apuesta clara por las renovables. Pues bien, el mismo Gobierno «verde» que fomenta las energías limpias siempre que hay un micrófono cerca, también está subvencionando el uso del carbón español, de los más caros y contaminantes que existen. Quizás tenga algo que ver que nuestros sindicatos (sí, los que están para defender los derechos laborales) se hayan convertido en un lobby energético defensor de las energías renovables y ¡del carbón!, que no parecen muy compatibles entre sí.
También es el mismo Gobierno que ha pasado de ser el paladín mundial de la fotovoltaica a ser denunciado por los productores fotovoltaicos ante la Unión Europea por incumplimiento de sus promesas (e incluso de las propias leyes vigentes).
¿Qué está pasando con la fotovoltaica? ¿Que ocurre para que recientemente el Tribunal Constitucional admita a trámite un recurso de la Junta de Extremadura por el recorte de las primas? Y no es el único, están admitidas dos denuncias más presentadas por la Comunidad Valenciana y por la Región de Murcia.
Esto es el resultado del boom fotovoltaico de los últimos años, conocido por sus detractores también como la burbuja fotovoltaica. En un momento dado se decide fomentar los huertos solares, se aprueba una prima muy importante del 500% para la energía generada, y se deja que el buen proceder español haga el resto. Con esa prima jugosa la fotovoltaica se convierte en el pelotazo del año para muchos especuladores profesionales, instalándose más de 30.000 instalaciones en un solo año (2008). Esto obligó al Gobierno a revisar las primas de forma inmediata, haciendo desaparecer de forma súbita el sector fotovoltaico, que instala apenas 700 nuevas instalaciones en el año 2009. Toda una muestra del buen hacer del Ministro Sebastián y su séquito.
Pero todavía hay dos detalles más. Al parecer una parte importante de los huertos solares, y por tanto las primas millonarias, están en manos de promotoras inmobiliarias y grandes fortunas, así que nuestros impuestos van a parar en forma de primas a gente tan necesitada y tan ligada al mundo energético como la Duquesa de Alba y Raúl el futbolista.
¿Y ahora qué? Pues que tener 4000 MW primados al 500% del precio real de la energía es un lastre tan importante en las arcas públicas que no queda dinero para pagarlas. Y entonces se entra en la loca batalla de recortar las primas con carácter retroactivo, limitar las horas en las que se puede generar energía, y al final intentarán prohibir que salga el sol por Decreto Ley. Como resultado, el cabreo generalizado y justificado del sector fotovoltaico. Esta es sin duda la herencia que se recoge cuando se hace una política energética errática, desacertada y temeraria, como la que hemos tenido ocasión de sufrir.
Podemos dar algún ejemplo más. Las tres normativas fundamentales en materia de eficiencia energética a nivel nacional, que son el Código Técnico de la Edificación (CTE), el Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE) y el Reglamento de Eficiencia Energética en Alumbrado Exterior, se van a volver a reformar en breve por distintos motivos (errores, planteamientos equivocados, tecnologías no contempladas, inclumplimiento de directivas europeas, etc).
La primera consuecuencia de todo esto es la introducción de inseguridad jurídica, pues nos vuelven a cambiar otra vez las reglas del juego. En segundo lugar es la constatación de que las normas actuales son francamente mejorables, y en ocasiones equivocadas. Pero claro, eso ocurre cuando se publican las leyes por motivos mediáticos sin estar acabadas.
Mientras tanto, seguimos pagando multas por el incumplimiento sistemático de directivas europeas, que adaptamos a normativa nacional tarde y mal. Seguimos derrochando los fondos europeos en los caprichos particulares de cada «jefecillo» en vez de crear una política energética única, común y ambiciosa para afrontar los retos del futuro. Y seguimos sin darnos cuenta que el problema energético es un asunto transversal y multisectorial, donde es necesaria una visión global y unos objetivos definidos, que permitan aunar esfuerzos y remar todos en la misma dirección.
Sin esto, mientras seamos un país con unos dirigentes cobardes para afrontar los problemas, e incompetentes para solucionarlos, estamos sacrificando nuestro presente y posiblemente las futuras generaciones.
D.G.N. – Efimarket.com
Anoche estuve viendo un debate político (ahora no hay otra cosa, jeje) en el canal 24h y justamente estaban hablando de que en España se generan demasiadas leyes. Me llamó la antención lo que dijo González Pons de que se tardaría toda una vida en leer la normativa generada en un solo año en España…
Claro,que pasarán las elecciones y se olvidarán de todo como siempre…
Hola, Rico:
En efecto la desproporcionada cantidad de normas es un problema muy serio que está afectando negativamente al desarrollo de este país. Nos consta (porque nos pilla muy de cerca) que incluso aquellas empresas que se mueven a diario entre la legislación existente se sienten cada vez más desbordadas por la marea de nuevas leyes que salen constantemente. Y sí, el problema es tan grave como para ser uno de los puntos fuertes de la campaña electoral, problema que mucho nos tememos dejará de importar pasado el 20N.
Incidiendo en el mismo tema, escuchamos hace poco a la periodista Pilar Cernuda una breve crónica sobre las conferencias sobre el vehículo eléctrico celebradas en Ávila (no hemos encontrado el audio online, es una pena…), y comentaba que los fabricantes estaban enfadadísimos porque tenían que negociar los protocolos de seguridad con cada una de las 17 comunidades autónomas. También comentaba que los fabricantes extranjeros estaban estupefactos. Sin duda un lastre para el desarrollo y una verguenza visto desde fuera.
Un saludo